El Congreso de Veracruz quita la inmunidad procesal al alcalde implicado en el asesinato de la periodista Roxana Guzmán
A puerta cerrada y sin acceso a la prensa, el Congreso de Veracruz ha retirado este miércoles, por mayoría de 40 votos a favor de los 50 diputados que forman el pleno— una mayoría superior a los dos tercios que exige la ley—, el blindaje constitucional al presidente municipal de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez. La resolución del Legislativo no determina su culpabilidad, pero despeja el camino para que la Fiscalía General del Estado lo someta a proceso penal por su presunta responsabilidad intelectual en el secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán, sacada por la fuerza de su casa en junio y cuyo caso volvió a colocar a Veracruz como una de las entidades más peligrosas para ejercer el periodismo en México.
La decisión se ha tomado en una sesión extraordinaria convocada con premura apenas dos días después de que la Sección Instructora —comisión encargada de desahogar los juicios de desafuero— cerrara el análisis de los expedientes. Sin cámaras, sin transmisión del debate y con restricciones de acceso a la prensa, la mayoría legislativa aprobó retirar la inmunidad procesal no solo a González Martínez, sino también al alcalde de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, ambos integrantes de Movimiento Ciudadano (MC), investigado por su presunta participación en la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta Ignacio López.
Los dos casos llegaron juntos al pleno, pero en carpetas de investigación distintas. El primero coloca en el banquillo a un alcalde acusado de haber ordenado el asesinato de una periodista; el segundo, a otro edil señalado por un caso de desaparición. En ambos, la instancia jurisdiccional consideró que existen elementos suficientes para declarar procedente el desafuero.
El ritmo del procedimiento fue inusualmente rápido. La Fiscalía General del Estado presentó las solicitudes de desafuero el pasado 6 de julio. Después del periodo de presentación de pruebas y alegatos, los diputados Facundo Fernández de la Cruz, Ramón Díaz Ávila y Felipe Pineda Barradas, presidente, secretario y vocal de la Sección Instructora —legisladores de Morena y del PT— resolvieron en sentido positivo ambos expedientes, este lunes. Casi de inmediato el Congreso, dominado por el oficialismo, convocó a la sesión extraordinaria de este miércoles. Con la decisión el Legislativo ha abierto la puerta para que los dos alcaldes puedan ser procesados penalmente por los delitos que les imputan.
La diferencia entre ambos procedimientos quedó dibujada este miércoles en la defensa de los acusados. González Martínez no acudió al Congreso para responder a las acusaciones; únicamente compareció su representante legal durante la fase de alegatos. Su abogada ha dicho, antes de la sesión, que su cliente está en calidad de “investigado” y no se ha judicializado el caso. Bravo Montero, el segundo presidente municipal, se presentó para encabezar su defensa antes de la votación definitiva. En una breve declaración, sostuvo: “No tengo temor… estoy aquí y soy inocente”.
El caso del alcalde de Ixhuatlán concentra la mayor carga. La Fiscalía sostiene que González Martínez ordenó el secuestro y asesinato de Guzmán después de enterarse de que la periodista tenía en su poder una fotografía en la que presuntamente aparecía portando un arma larga, una imagen que, según la investigación, podía afectar su futuro político.
De acuerdo con las indagatorias, policías municipales colaboraron con integrantes de una célula criminal local de nombre Grupo Sombra para privar de la libertad a la comunicadora, quien posteriormente fue interrogada, golpeada, asesinada y cuyos restos fueron incinerados y enterrados en una fosa clandestina que fue localizada un mes después. Ocho personas, entre ellas policías municipales y presuntos integrantes del grupo criminal, ya enfrentan procesos penales por esos hechos.
El asesinato de Guzmán marcó uno de los episodios más graves para la libertad de expresión este año. La comunicadora fue sacada por la fuerza de su domicilio en Nanchital el pasado 2 de junio, frente a su familia. Las imágenes del secuestro quedaron registradas en video, recorrieron el país y provocaron una ola de indignación nacional. Siete periodistas en los últimos siete meses han sido asesinados en el país.
Con todo, la resolución del Congreso ha abierto de inmediato otro frente: el político. El partido naranja, de donde han salido los dos alcaldes, acusa que el proceso forma parte de una ofensiva del Gobierno estatal contra sus administraciones municipales. Legisladores emecistas han reclamado que los desafueros obedecen a una estrategia de persecución política más que a una investigación judicial.
El dirigente nacional de la agrupación política, Jorge Álvarez Máynez, ha escalado el conflicto hasta la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a la que solicitó medidas de protección para los alcaldes. “No vamos a aceptar intromisiones arbitrarias ni judicialización selectiva contra los gobiernos de Movimiento Ciudadano”, lanzó el dirigente, quien responsabilizó a la gobernadora Rocío Nahle de utilizar las instituciones para golpear políticamente a su partido.
La Fiscalía General del Estado ha respondido en paralelo. Su titular, Lisbeth Jiménez, rechazó que las investigaciones tengan motivaciones partidistas y sostuvo que los expedientes se construyeron con pruebas. La funcionaria insistió en que las órdenes de aprehensión, las vinculaciones a proceso y las eventuales sentencias solo pueden ser autorizadas por jueces cuando existen elementos suficientes. “La Fiscalía no integra carpetas con criterios políticos; las integra con datos de prueba que deberán sostener en audiencias y eventualmente en un juicio”, zanjó. Ese choque de narrativas acompaña ahora dos procesos penales que apenas comienzan.
