“Tuve que viajar, mi vida corría peligro”: cada vez más mujeres salen de Florida para abortar debido a las prohibiciones

Ella fue al médico porque tenía un dolor fuerte de oído y, al ser examinada, supo que estaba embarazada de seis semanas y cuatro días. El ultrasonido mostraba un embrión alojado en el útero y otro en una trompa. Después tuvo dolores, sangrado, la llevaron a una sala de emergencias y ahí le informaron que para salvar su vida necesitaba una cirugía urgente que en Florida es ilegal, que tenía que viajar a Carolina del Norte para hacerla allá. “Me dijeron que mi vida corría peligro. Tuve que viajar sola y regresar con dolor, náuseas, mareos, sangrados”, relata ella, una mujer de origen centroamericano residenciada en Miami, que ha pedido ocultar su nombre y nacionalidad por temor a represalias.

Desde que Florida prohibió el aborto a las seis semanas de gestación, en mayo de 2024, se ha triplicado el número de personas embarazadas que viajan fuera del Estado para obtener estos procedimientos médicos: de 2.800 en 2023 a 10.200 en 2025, según datos del Instituto Guttmacher, una ONG que defiende la salud sexual y reproductiva, publicados a finales de julio. Carolina del Norte es el Estado más cercano donde pueden acudir las pacientes más allá de las seis semanas de embarazo; allí el número de floridianas recibidas desde que comenzaron las prohibiciones aumentó más de diez veces.

Tras la reforma a la ley en Florida se consolidó también una gran franja de territorios en el sureste de Estados Unidos que restringen el aborto: Georgia y Carolina del Sur, a las seis semanas; Alabama, Misisipi y Tennessee, por completo, lo mismo que Arkansas, Luisiana, Oklahoma y Texas. “Los residentes de Florida están en una parte del país donde la atención de aborto no está disponible más allá de las seis semanas en ningún Estado cercano. Cuando miras el mapa, Carolina del Norte es el primer Estado geográficamente al que puedes acceder. También vemos personas que van a Virginia, un poco más hacia el norte, y a Nueva York”, explica Kimya Forouzan, asesora principal de políticas estatales en el Instituto Guttmacher, en conversación con EL PAÍS.

En Carolina del Norte, la prohibición gestacional es de 12 semanas, pero el viaje es costoso y prohibitivo para pacientes de bajos recursos. El periodo de espera para obtener atención es de hasta 72 horas y con frecuencia las personas que buscan atención deben hacer hasta dos viajes o quedarse varios días.

“El aborto sigue existiendo, pero el acceso depende cada vez más de la situación económica de cada paciente, del tiempo y de sus posibilidades de viajar. Las mujeres latinas enfrentan barreras adicionales: muchas trabajan en empleos donde no es posible ausentarse y es más probable que enfrenten dificultades económicas para costear un viaje por varios días”, señala Clara Trullenque, gerente de comunicaciones de Planned Parenthood en Florida.

Planned Parenthood es el mayor proveedor de servicios de salud reproductiva y planificación familiar en Estados Unidos, con filiales en 49 de los 50 Estados del país. En el Estado gobernado por Ron DeSantis tienen 17 centros de salud donde, entre otros servicios, proveen abortos a mujeres con menos de seis semanas de gestación y derivan a otros territorios a quienes superan el límite de semanas establecido por la ley estatal. Pero en el caso de pacientes que son inmigrantes sin un estatus legal en Estados Unidos, el miedo a desplazarse grandes distancias y ser detenidos por agentes migratorios en el trayecto es otra dificultad. “Aunque necesiten atención médica, muchos se quedan en casa. Y algunas personas continúan esos embarazos para los que no estaban preparadas porque no pueden escoger el acceder a la atención médica a tiempo”, dice Trullenque.

Desde la revocación de Roe contra Wade en junio de 2022, la prestación de servicios de aborto se ha visto impactada en todo Estados Unidos y los viajes interestatales son una vía de acceso cada vez más importante. Además de los datos recabados en Florida, el Instituto Guttmacher ha registrado que más de 140.000 personas viajaron fuera de su Estado de residencia para recibir atención de aborto en el país. De ese grupo, dos tercios (98.000 personas) viajaron desde Estados con prohibiciones totales o de seis o doce semanas.

Algunos de los territorios que están recibiendo el mayor flujo de pacientes han tomado medidas para brindarles apoyo, como la aprobación de “leyes escudo” que protegen a los pacientes y a los prestadores de servicios de represalias legales o el establecimiento de fondos para costear el viaje de los pacientes de bajos recursos.

La telemedicina es otra alternativa que ha entrado en auge. El año pasado, 142.000 personas accedieron al aborto por esta vía en los Estados con prohibiciones totales o de seis o doce semanas. En Texas, donde está prohibido terminar un embarazo después de las primeras seis semanas o practicar abortos en caso de complicaciones médicas como en Florida, más de 42.000 pacientes accedieron al servicio por telemedicina, a través de proveedores amparados por leyes escudo. Al mismo tiempo, según el Instituto Guttmacher, el número de texanas que viajaron fuera del Estado para recibir atención disminuyó de casi 34.000 pacientes en 2023 a 23.000 en 2025.