Las cuatro grandes investigaciones sobre huachicol fiscal revelan que las redes de contrabando están interconectadas
Desde que las autoridades mexicanas dieron su primer gran golpe contra una estructura de contrabando de combustible desde Estados Unidos, en septiembre de 2025, hay al menos cuatro grandes investigaciones ya judicializadas. Dos de ellas se centran en la vía marítima, contra la red que involucra a la Secretaría de Marina y la que hay sobre el Señor de los Buques y sus empresas. Por otro lado, están las de la parte terrestre, tanto en camiones cisterna como en trenes de carga: la que se centra en la aduana de Matamoros con participación de la Secretaría de la Defensa y la que se enfoca en Ingemar, la empresa del exgobernador panista Ernesto Ruffo. Un análisis pormenorizado revela que todas estas causas, pese a diversos líderes y modos de operación, están ligadas entre sí.
La más reciente, la que involucra a Ernesto Ruffo, el primer político que ganó una gubernatura al Partido Revolucionario Institucional y que ha sido tildada como vendetta política por la oposición, se centra en Ingemar. Esta empresa gestionó, de acuerdo con la Fiscalía General de la República, la entrada al país de cientos de cargamentos en ferrotanques y camiones cisterna que, aunque declaraban que iban semivacíos, en realidad iban cargados al límite de su capacidad. Toda la presión se ha enfocado en el rol de Ingemar, pero la investigación expone a otra compañía que participaba también en este esquema: Servicios Aduanales JR, propiedad de Armando III Riestra Fernández.
Este empresario lleva preso en el Penal del Altiplano en Estado de México desde enero de 2026 por su papel central en otra trama de contrabando de combustible, centrada en su empresa y la aduana de Matamoros, en Tamaulipas. Según esta otra investigación de la Fiscalía, Servicios Aduanales JR se encargó de tramitar los permisos para importar de forma ilegal 144 millones de litros de combustible entre el 1 de junio de 2024 y el 22 de julio de 2025, que eran declarados como solución de cloruro de calcio para no pagar impuestos. Esta red contaba con la colaboración de tres miembros de alto rango de la Secretaría de la Defensa Nacional, que están prófugos de la justicia.
Una de las empresas que envió desde Estados Unidos solución de cloruro de calcio a México y cuyos pedidos fueron gestionados por Servicios Aduanales JR es Hevi Logistics. De mayo a junio de 2025, los registros muestran que Hevi Logistics mandó, en 12 cargamentos, más de cuatro millones de kilos de ese compuesto químico por la aduana de Matamoros, unas importaciones anómalas y que superan todo lo que México importó en los cinco años anteriores acumulados. Esta compañía estadounidense es asimismo la que envió y facturó como aditivos para aceites lubricantes los millones de litros de combustible que el buque Challenge Procyon trató de contrabandear, sin éxito, por la aduana de Tampico, también en Tamaulipas.
Este fue el primer caso mediático de huachicol fiscal, desvelando una primera trama en la que redes criminales, con la colaboración de funcionarios y militares, introducían a México millones de litros de combustible ocultos bajo el manto de otra mercancía para no pagar impuestos. De acuerdo con las autoridades, el decomiso del Challenge Procyon fue la clave para tirar del hilo y desarmar una conspiración criminal que, según otra investigación más de la Fiscalía, estaba liderada por Fernando y Manuel Roberto Farías Laguna, marinos de alto rango y sobrinos políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina López Obrador (2018-2024).
La orden de aprehensión contra la red vinculada a los marinos recoge que Mefra Fletes S.A. de C.V. era un actor clave en la logística de transporte del combustible introducido como contrabando. El testigo colaborador Santo, un marino que participó en el esquema criminal y luego se arrepintió, identifica a Mefra Fletes como una de las empresas encargadas de llevar en sus camiones cisterna la gasolina y diésel desde los buques que arribaban a la aduana de Tampico hacia los clientes. Aunque fue fundada en Jalisco, desde marzo de 2019 tuvo como socio a Roberto Blanco Cantú, apodado El señor de los buques. Blanco Cantú lleva prófugo desde septiembre del 2025, cuando, prácticamente al mismo tiempo que se anunciaba la detención y desmantelamiento de la red de la marina, se liberó otra orden de captura contra ocho personas vinculadas con Mefra Fletes.
Pese a todas estas investigaciones y golpes contra redes criminales y sus supuestos líderes, hay sospechas fundadas de que el contrabando de combustible, el gran esquema criminal que creció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y supuso un quebranto multimillonario a las arcas públicas, sigue activo. En este último año, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento de Estado de Estados Unidos ha recibido 160 reportes de actividades sospechosas con valor de 7.000 millones de dólares de operaciones de posible contrabando desde el vecino del norte a México.
