Un proveedor web italiano es acusado de terrorismo por Estados Unidos y se ve obligado a cerrar por el bloqueo de sus cuentas

Un pequeño proveedor italiano de servicios digitales gratuitos Autistici/Inventati (A/I, que significa Autistas/Inventados), fundado en 2001 por un colectivo de izquierda y que se mantenía con donaciones, se ha visto obligado a poner fin a su actividad tras ser incluido el 26 de agosto por la Casa Blanca en su lista de organizaciones terroristas globales y ver bloqueadas sus cuentas.

El caso guarda paralelismos con el de la relatora de la ONU para los territorios palestinos, la también italiana Francesca Albanese, cuyas cuentas fueron bloqueadas en 2025 durante meses por acusar de genocidio a Israel y a compañías estadounidenses que colaboraban con este país. Finalmente, un juez suspendió la medida con un argumento lapidario: “¡No ha hecho más que hablar!”. El mismo trato recibieron jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional (TPI) por tramitar las acusaciones de genocidio contra Benjamin Netanyahu.

Como en el caso de Albanese, vuelve a estar en discusión que una decisión administrativa sin juicio en un país extranjero afecte gravemente a un particular en la UE, pero en este caso hay otro matiz controvertido: la acusación del Departamento de Estado de Donald Trump a A/I es simplemente de ser el medio, el soporte digital, en el que han publicado comunicaciones algunos grupos que considera terroristas. La decisión se enmarca en su cruzada contra movimientos antifascistas, que agrupa bajo la denominación genérica de Antifa, iniciada hace un año tras el asesinato del activista de ultraderecha estadounidense Charlie Kirk.

En un comunicado, el colectivo italiano ha rechazado las acusaciones como “falsas” y se ha reafirmado en su labor de facilitar una plataforma “para permitir a activistas, personas, grupos y asociaciones comunicarse libremente”. “El antifascismo y el anticapitalismo no son terrorismo. Protestar no es terrorismo”, ha señalado en un comunicado. Este diario ha contactado con el colectivo, pero en el momento de la publicación de este artículo aún no había recibido respuesta.

En su web, A/I se declara como colectivo que ofrece espacios web, correo electrónico, plataformas de blogs y otros servicios a personas y grupos que compartan los valores del “antifascismo, antisexismo, antirracismo y antimilitarismo”. Además de ser gratuito, la clave es que, a diferencia de las grandes compañías de internet, no recoge ni acumula información privada de los usuarios que, por tanto, no puede entregar a un juez en caso de que se la reclame. Simplemente porque no la posee. Esto ha bloqueado, por ejemplo, varios intentos de investigación judicial en Italia de usuarios desde 2003, según informa el propio colectivo. En los datos que ha hecho públicos, afirma gestionar 12.000 cuentas de correo, más de 1.000 portales y más de 3.000 blogs.

El abogado del colectivo A/I, Shayana Kalidal, del Centro de Derechos Constitucionales de Nueva York, ha declarado que la defensa en estos casos es “casi inútil porque las pruebas están clasificadas bajo secreto”. En su opinión, en una entrevista a Domani, la acusación de EE UU, al igual que ha sucedido con otros colectivos griegos y alemanes, se debe a que “ahora permite al Gobierno perseguir a activistas antifa en Estados Unidos por el delito de usar los servicios de A/I”, y de este modo, pueden ser acusados de terrorismo.

“Es un asunto muy grave, más allá de la ideología de este colectivo”, opina Oreste Pollicino, profesor de Derecho Constitucional y Reglamentación de la Inteligencia Artificial en la Universidad Bocconi de Milán. Pollicino es uno de los pocos que se ha expresado sobre el asunto en Italia, con un artículo en La Stampa, mientras la mayoría de los medios y de los partidos políticos han guardado silencio.

“Esto muestra una nueva geografía del poder”, afirma el académico en conversación telefónica con EL PAÍS. “Está claro que aquí no hay ninguna designación que transforme automáticamente a A/I en una organización terrorista, pero sin embargo, hay consecuencias. EE UU controla sectores esenciales de tecnología y finanzas, por tanto, si se adopta una decisión administrativa en Washington se vuelve operativa en otros países. Me preocupa esta deriva de la vigilancia masiva. Hoy le ha tocado a un colectivo radical, mañana puede ser una empresa, una organización humanitaria, un investigador, un periódico.”.

Entre los políticos, se ha manifestado Nicola Fratoianni, uno de los líderes de AVS (Alianza de Verdes e Izquierda), denunciando que las acusaciones contra A/I son “arbitrarias” y parte de “una guerra híbrida contra la soberanía digital de la UE, la posibilidad de disentir y el pensamiento libre”. Por el contrario, en el partido de la primera ministra Giorgia Meloni, Hermanos de Italia, han aplaudido la medida y han cargado contra uno de los fundadores de A/I, Paolo De Rosa, experto en tecnología digital que dejó el colectivo en 2018, ha tenido vinculación con el Partido Democrático (PD) y ahora trabaja en la Comisión Europea.

Pierluigi Paganini, experto en ciberseguridad, también ha mostrado su alarma en un artículo en el diario económico Il Sole 24 Ore: “Es una decisión desproporcionada, lo que es más importante, sienta un precedente peligroso. No porque toda actividad alojada en A/I deba considerarse legítima, sino porque la responsabilidad por un delito debe recaer sobre quienes lo cometen u organizan, no sobre un proveedor que ofrece infraestructura a miles de usuarios sin demostrar una contribución consciente y concreta a un acto violento específico”. Paganini señala que, por ejemplo, Telegram también ha sido usado por organizaciones extremistas para hacer “propaganda, reclutamiento y difusión de contenidos terroristas”, pero la Casa Blanca no la ha incluido en su lista de terroristas.

Según los argumentos del Departamento de Estado que dirige Marco Rubio, A/I es “un grupo extremista que desarrolla y gestiona la infraestructura digital para células violentas de Antifa y otros grupos militantes de extrema izquierda en todo el mundo”. Ofrece sus servicios “a grupos marxistas, anarquistas y otros grupos extremistas de izquierda en Estados Unidos, Europa y otros lugares”. “Estas herramientas están diseñadas específicamente para apoyar las operaciones de redes terroristas de extrema izquierda, permitiéndoles organizarse, reclutar, comunicarse, difundir propaganda, compartir información sobre objetivos y tácticas, y llevar a cabo ataques violentos, todo ello manteniendo el anonimato, la imposibilidad de ser rastreados y fuera del alcance de la ley”, ha afirmado.

El comunicado del Departamento de Estado cita varios ejemplos. Uno, las “células anarquistas” acusadas del sabotaje de ferrocarriles en Francia, Italia, Alemania y Países Bajos en 2026, que utilizaron A/I “para reivindicar la autoría de los ataques, publicar comunicados oficiales y difundir manuales para la construcción de artefactos incendiarios”. Señala también a otro grupo acusado del sabotaje del oleoducto Transalpino (TAL) en marzo de 2026, “que interrumpió temporalmente el suministro de petróleo crudo a Austria, Alemania y la República Checa”. La Casa Blanca asegura que utilizó A/I “para reivindicar el ataque y publicar comunicados oficiales, así como para difundir un manifiesto que instaba a realizar más ataques” y remitía a otra plataforma que proporcionaba “manuales detallados de sabotaje y mapas de infraestructuras críticas vulnerables en Norteamérica”.

La misma acusación se repite en el caso de la “red extremista de izquierda” responsable de ataques contra la infraestructura ferroviaria y energética de Alemania entre 2011 y 2026, incluyendo un ataque en enero de 2026 contra la red eléctrica de Berlín “que dejó sin luz a 45.000 hogares y causó una víctima mortal”, asegura EE UU.

EE UU cita también a grupos estadounidenses, como Jane’s Revenge, “que llevó a cabo una campaña de ataques incendiarios contra centros de ayuda a mujeres embarazadas” y a Rose City Antifa, de Oregón, a quien acusa de usar A/I “para organizar e incitar actos violentos y delictivos a nivel nacional, incluyendo un ataque contra helicópteros de la Patrulla Fronteriza y Aduanas”, además de divulgar información confidencial del polémico Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Este último caso es el que sacó a la luz en EE UU por primera vez la existencia de A/I, en informaciones de la cadena Fox News y otros medios conservadores, y a partir de ahí entró en los debates políticos.

Banca Ética, la entidad italiana donde tenía los fondos de A/I y en la que se ingresaban las donaciones con las que se mantenía, informó del cierre de la cuenta ante el riesgo de ser sancionada. Este banco ya se había batido públicamente en defensa de Francesca Albanese para denunciar la situación y pedir una respuesta del Gobierno y de la UE. Ahora, de nuevo, ha condenado la “inserción en listas OFAC para finalidades políticas”, el “abuso de este instrumento” y ha insistido en exigir una reacción de las instituciones italianas y europeas.

La UE puede aplicar el llamado Estatuto de Bloqueo, una fórmula que anula las sanciones extranjeras en el territorio comunitario y que ha aplicado en algunas ocasiones. Surgió en los años noventa ante los problemas que planteaban sanciones de la Casa Blanca a países como Cuba, Libia o Irán. Pero en el caso de Albanese y el TPI no lo ha hecho.