Sheinbaum replica ante las críticas de censura a su iniciativa de poner reglas al derecho de las audiencias
La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha desplegado este martes una defensa política y jurídica de los nuevos lineamientos sobre los derechos de las audiencias. La polémica que generó el tema en los últimos días ha escalado hasta la conferencia matutina de la mandataria. Tras varios días de críticas y muestras de preocupación de medios de comunicación, especialistas, organizaciones civiles y de la oposición, que han advertido riesgos para la libertad de expresión en México, el Gobierno defiende que no decidirá qué es verdad ni sancionará contenidos periodísticos.
Sheinbaum ha dicho que los lineamientos tienen como objetivo fortalecer el derecho de las audiencias a recibir información y no para establecer un mecanismo de censura. “Así como el Gobierno tiene que ser transparente, también los medios de información tienen que tener un código de ética para garantizar el derecho a la información”, ha dicho desde Palacio Nacional.
La intervención presidencial llega después de que arrancara la consulta pública a cargo de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, impulsada desde la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, que ha desatado una intensa discusión sobre el alcance de las nuevas obligaciones para concesionarios de radio y televisión. El punto más controvertido ha sido la exigencia de distinguir entre información y opinión y la posibilidad de que esa obligación derive, según sus críticos, en una intervención indirecta sobre el trabajo editorial.
La consejera jurídica, Luisa María Alcalde, también ha salido al paso de las críticas sobre los lineamientos que derivarán en una nueva ley. La funcionaria ha explicado el contenido de los lineamientos y ha insistido en que las sanciones previstas no recaen sobre los contenidos difundidos, sino exclusivamente sobre obligaciones administrativas. Según dijo, las únicas conductas susceptibles de sanción son la ausencia de un código de ética, la falta de designación de una persona defensora de las audiencias o no poner a disposición de los usuarios mecanismos para presentar quejas. “No se sanciona por los contenidos”, ha insistido como parte de la defensa del tema.
