¡Que no vuelva Puigdemont!
¿Cómo impedir la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont? Ustedes que pueden hacer, hagan. Sean creativos, acusen por terrorismo. Porque una cosa sería amnistiar a un prófugo sedicioso, pero ¿quién se atrevería a dejar en libertad sin cargos a un terrorista sin juzgarlo? Nada que no se hubiese ensayado desde el momento en que el poder del poder judicial asumió la misión de salvar España y desactivar al movimiento independentista, una operación, aceptémoslo, que ha tenido un considerable éxito. Si incluso en 2018 la Audiencia Nacional ordenó la detención de Tamara Carrasco acusándola de terrorismo a partir de un mensaje de WhatsApp en el que esta activista incitaba a una huelga general, seguro que podría encontrarse la manera de colgarle ese delito a Puigdemont. Dicho comodín, la Audiencia Nacional lo volvería a jugar. De un día para otro, el apacible pueblo de Torelló pareció Hernani en los ochenta. El 23 de septiembre de 2019, por orden del entonces juez Manuel García-Castellón, de la Audiencia Nacional, 500 agentes del instituto armado (unidades antiterroristas incluidas) se desplegaron por tres localidades, y se detuvo a una decena de personas como presuntas integrantes de un comando que habría planificado acciones violentas y dispondrían de explosivos elaborados en laboratorios clandestinos en casas de pueblo y casas rurales. No estuvo mal la retórica y la potencia simbólica de esa Operación Judas. De manera que tampoco sorprendió que, en febrero de 2024, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, tras analizar una exposición de García-Castellón, abriese causa contra Puigdemont por delito de terrorismo. Si en las protestas posteriores a la sentencia del Supremo, accidentalmente y por desgracia, murió un hombre por un ataque al corazón, esa era la prueba concluyente de que el expresidente de la Generalitat era un terrorista. Un fallo en los plazos procesales forzó el archivo de la causa.
