Por qué las principales petroleras de EE.UU. no participan en el “mayor acuerdo de la historia” firmado por los gobiernos de Trump y Delcy Rodríguez

Ocho meses después, las grandes petroleras estadounidenses se mantienen al margen del “mayor acuerdo petrolero de la historia” y ninguna -ni siquiera Chevron- ha querido comprometer la inversión de recursos frescos en ese país.

En teoría, un gran acuerdo petrolero entre Venezuela y EE.UU. tiene sentido dado que el primero tiene las mayores reservas probadas de crudo del mundo (más de 300.000 millones de barriles) y el segundo es el principal mercado consumidor de hidrocarburos del planeta.

Esto queda reforzado por factores económicos, geográficos e históricos que hacen de EE.UU. el mercado natural para el petróleo venezolano, según le explicó a BBC Mundo el economista José Toro Hardy, quien fue miembro de la directiva de la petrolera estatal venezolana PDVSA en la década de 1990.

La industria petrolera venezolana ha experimentado una debacle durante las últimas décadas y la producción de crudo cayó de un récord de más de 3 millones de barriles en 1998, antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, a poco más de un millón de la actualidad.

Para recuperar esa producción de 3 millones de barriles hace falta invertir unos US$100.000 millones durante unos 8 años, según dijo Luis Pacheco, académico no residente del Instituto Baker de la Universidad de Rice (EE.UU.), a BBC Mundo.

Pero Venezuela no dispone de esos recursos.

“El Estado venezolano no tiene la más mínima posibilidad de realizar las inversiones requeridas para reactivar la industria petrolera, por lo tanto, es indispensable que vengan los inversionistas privados”, dice por su parte Toro Hardy.

El experto considera conveniente que esos inversores sean petroleras estadounidenses porque su país cuenta con una red de refinerías -algunas de ellas pertenecientes a Citgo, propiedad del Estado venezolano- que fueron “diseñadas como un traje a la medida para las características de los crudos venezolanos” que son pesados y cargados de azufre.

“Si en algún mercado el petróleo venezolano puede ser competitivo y podemos obtener el mayor precio es en EE.UU. Donde no podemos ser competitivos es en China porque está demasiado lejos. Un tanquero que sale de Venezuela, en 4 días está anclado frente a alguna de nuestras propias refinerías en EE.UU., pero ese mismo tanquero tardaría 45 días en llegar a China”, comenta.

Adicionalmente, apunta que las grandes petroleras estadounidenses tienen mucha experiencia trabajando en Venezuela. La Standard Oil of New Jersey, antecesora de ExxonMobil, comenzó a explotar crudo venezolano hace un siglo. Lo mismo ocurre con Chevron y su predecesora The Venezuelan Gulf Oil Company. En el caso de ConocoPhillips, comenzó a operar en el país sudamericano en la década de 1990, en el contexto del proceso de “apertura petrolera”.

¿Por qué, entonces, a pesar de estos factores, las grandes petroleras de EE.UU. no forman parte del acuerdo impulsado por Donald Trump?

Parte de la respuesta puede encontrarse en el discurso que ofreció en enero Darren Woods, presidente y director ejecutivo de ExxonMobil, en la Casa Blanca.

Allí, Woods reconoció la oportunidad que ofrecen las grandes reservas de petróleo de Venezuela, pero consideró que las condiciones en ese país no lo hacían apto para la inversión.

“Si analizamos las estructuras jurídicas y comerciales, los marcos regulatorios, que existen hoy en Venezuela, el país es actualmente inviable para la inversión. Por lo tanto, se requieren cambios importantes en esos marcos comerciales y en el sistema legal; deben existir garantías permanentes para las inversiones y debe modificarse la legislación de hidrocarburos del país”, dijo.

Atendiendo a críticas como esta, en enero la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una reforma parcial de la Ley de Hidrocarburos con el objetivo de hacer más atractiva la inversión privada y así facilitar la recuperación de la industria petrolera.

BBC Mundo intentó contactar a ExxonMobil para conocer su valoración actual de las condiciones en Venezuela, así como sobre el acuerdo petrolero anunciado por Trump, pero al momento de publicar esta nota no habíamos recibido respuesta.

Ante una consulta similar, el director de Comunicaciones de ConocoPhillips, Dennis Nuss, dijo que ellos tienen gran experiencia desarrollando estos activos en Venezuela, donde siguen evaluando oportunidades.

“Como ocurre con cualquier inversión potencial, las decisiones estarán guiadas por una serie de factores, entre ellos la estabilidad económica y regulatoria, la seguridad, el respeto al Estado de derecho y la competitividad del mercado”, señaló.

Nuss advirtió, sin embargo, que cualquier decisión de seguir adelante “tendría que considerar mecanismos para recuperar la deuda pendiente”.

Esa deuda se originó en 2007, cuando el gobierno de Hugo Chávez inició una ola de nacionalizaciones y estableció que los grandes proyectos petroleros en la Faja del Orinoco, la participación de PDVSA debía ser, al menos, 60%.

Entonces, ConocoPhillips y ExxonMobil decidieron abandonar el país y recurrir al arbitraje internacional.

En el caso de ConocoPhillips, un tribunal de arbitraje dictaminó en 2019 que Venezuela debe pagarle US$8.700 millones como compensación por las inversiones que le fueron expropiadas.

En cuanto a ExxonMobil, tras llevar su reclamo a diferentes instancias de arbitraje internacional, logró una decisión a su favor que obliga a Venezuela al pago de una indemnización en torno a los US$984,5 millones.

Se estima que de la indemnización a ExxonMobil Venezuela pagó, al menos, unos US$907 millones. En el caso de ConocoPhillips, la compañía sigue ejecutando laudos para intentar cobrar lo que se le adeuda.

Pero detrás de la decisión de estas grandes petroleras de no atender a la invitación que les hizo Trump en enero para invertir en Venezuela, más que viejas deudas hay un problema de riesgo político.

“ExxonMobil y ConocoPhillips tienen mucha más capacidad financiera, tecnológica y operativa que Nabep para desarrollar campos de esta magnitud. Por tanto, su ausencia no parece responder a una incapacidad para participar, sino a una decisión de no asumir, por ahora, determinados riesgos”, dice el economista venezolano y consultor empresarial Asdrúbal Oliveros a BBC Mundo.

Mario Braga, analista geopolítico especializado en América Latina de la consultora RANE, apunta que el acuerdo entre los gobiernos de Trump y Rodríguez implica un doble riesgo: uno de tipo político relacionado tanto con la situación en Venezuela como en Estados Unidos, y un riesgo más de tipo legal referido al acuerdo propiamente dicho.

“Hay unos riesgos políticos asociados a operar en Venezuela. Sabemos que hay un gobierno interino y que dentro del régimen existen distintas facciones que, en el futuro, podrían disputarse el poder”, señala Braga.

El experto indica que lo que ocurre en Venezuela ahora funciona gracias a una coincidencia de intereses temporales que no se sabe por cuánto tiempo estarán alineados.

“Por un lado, el gobierno de Trump está priorizando la estabilidad política, incluso por encima de una transición democrática, con el fin de garantizar un escenario lo suficientemente estable o que, al menos, que no represente una preocupación importante para los inversores”, dice.

“Por otro lado, en Venezuela, el gobierno de Delcy Rodríguez está priorizando la supervivencia del régimen. Saben que, si no hacen concesiones a Estados Unidos, corren riesgos. Maduro se convirtió en un ejemplo de lo que puede ocurrir”, agrega.

El experto advierte que en este caso el riesgo político aumenta en lugar de disminuir con el paso del tiempo pues cualquier cambio en Venezuela o en EE.UU. puede afectar la situación.

“Incluso si hay un cambio en EE.UU. después de que Trump deje la presidencia, o si hay una elección en Venezuela, esta alineación podría no ser tan fuerte, así que se trata de una situación en la que en dos o tres años el riesgo político aumenta. Y en el sector de hidrocarburos, estas inversiones no maduran sino hasta después de 10 o 15 años, por lo que para las grandes compañías -especialmente aquellas que fueron expropiadas en Venezuela- el apetito por correr riesgos no es tan alto”, comenta.

Otro problema para la entrada de las grandes petroleras estadounidenses en este acuerdo reside en que tanto el pacto mismo como el contexto institucional de Venezuela parecen un campo minado legal, según los expertos.

Entre los elementos que se cuestionan se incluye la legitimidad del gobierno de Delcy Rodríguez para firmar un acuerdo que compromete 20% de las reservas petroleras de Venezuela.

Rodríguez era la vicepresidenta escogida por Nicolás Maduro, cuyas reelecciones en la presidencia en 2018 y 2024 fueron consideradas fraudulentas por EE.UU. y gran parte de la comunidad internacional.

Por otra parte, la reforma parcial a la Ley de Hidrocarburos fue aprobada por la Asamblea Nacional electa en 2025, en unos comicios en los que no participaron los principales partidos de oposición que exigían que se reconociera antes el triunfo de su candidato, Edmundo González Urrutia, en las presidenciales de 2024.

El artículo 138 de la Constitución de Venezuela establece que “toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos” lo que, según algunos juristas venezolanos, permitiría impugnar algunas decisiones de Rodríguez y de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no hay un consenso sobre este asunto.

De vuelta al acuerdo, la concesión de los 17 yacimientos de petróleo se hizo sin que hubiera una licitación pública sobre la base de una llamada Ley Antibloqueo que se aprobó durante el gobierno de Maduro para -paradójicamente- evadir las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos.

“Existe cierta incertidumbre jurídica en torno a la forma en la que se estructuró este acuerdo. Si se examinan la Constitución venezolana e incluso la nueva Ley de Hidrocarburos aprobada a comienzos de este año, algunos elementos del acuerdo, como las concesiones por 100 años o la posibilidad de que la empresa o el gobierno de Estados Unidos ejerzan derechos de control sobre los campos petroleros, son disposiciones que entran en conflicto con la legislación vigente en Venezuela”, afirma Mario Braga.

Asdrúbal Oliveros también destaca las dudas sobre cómo se estructuró el acuerdo que otorga acceso a 17 yacimientos que concentran 65.000 millones de barriles de crudo, mientras el gobierno de EE.UU. obtiene derechos sobre 35% de la compañía a cargo y derecho preferencial para comprar parte de la producción.

“Es una arquitectura extraordinariamente particular y todavía existen interrogantes importantes sobre su base jurídica, sus términos económicos y la forma en que fueron adjudicados esos activos”, señala.

Otra fuente de riesgo para las grandes petroleras tiene que ver con la elección de Nabep como la compañía en el centro de la ejecución del acuerdo, pues su presidente ejecutivo, Alejandro Betancourt, ha estado vinculado con distintas investigaciones de casos de supuesta corrupción en Venezuela y en otros países, aunque -como han aclarado sus abogados- nunca ha sido formalmente acusado de ningún delito.

“Podríamos preguntarnos hasta qué punto involucrarse con Nabep generaría riesgos de cumplimiento normativo y de reputación. Sabemos que Alejandro Betancourt ha sido una figura descrita como controvertida en los medios. Por eso, creo que para las grandes compañías petroleras esto es una preocupación importante: cuentan con departamentos de cumplimiento normativo muy sólidos y deben responder ante sus accionistas y los organismos reguladores. Entonces, eso se convierte en un factor de riesgo relevante”, señala Braga.

Todas estas dudas e incertidumbres pueden generar, según Asdrúbal Oliveros, una paradoja a medio plazo, pues considera que para explotar yacimientos con tanta capacidad es probable que Nabep necesite asociarse con compañías de escala mayor como ExxonMobil, ConocoPhillips u otras grandes petroleras internacionales que cuentan con el capital y la tecnología requeridos para un emprendimiento de esta escala.

“Esas empresas van a querer saber bajo qué reglas entran, cuáles son sus derechos sobre los proyectos, qué régimen fiscal tendrán, cómo se resolverán las controversias y qué ocurre si cambia el gobierno o la política estadounidense hacia Venezuela”, señala.

El gobierno de EE.UU. justificó su decisión de trabajar con Nabep debido a la capacidad que ha mostrado para aumentar la producción de petróleo en Venezuela en un tiempo relativamente breve.

Braga considera que trabajar con Nabep en lugar de con las grandes petroleras le reporta algunos beneficios a la Casa Blanca, pues le permite configurar y presentar un acuerdo en los términos que desea.

“Parece que el gobierno de Trump necesitaba encontrar un socio que fuera lo suficientemente flexible, por decirlo de alguna manera, para aceptar sus condiciones. Ese es el punto: la forma en la que la Casa Blanca anunció el acuerdo y la manera en que la administración Trump ha querido presentarlo dejan muy claro, desde el punto de vista comunicacional, que se trata de un acuerdo con términos favorables para el gobierno de EE.UU. y para el país en general”, dice el analista.

“Hablaron, por ejemplo, de reducir los precios del petróleo, aunque aumentar la producción requiere varios años. Da la impresión de que buscaban una estructura o un marco que les permitiera, al menos por ahora, sostener esa narrativa. Y creo que necesitaban encontrar a alguien que estuviera dispuesto a aceptar esas exigencias y condiciones clave”, agrega.

Así, realizar este acuerdo con Nabep le permitiría a Trump vender de cara a las elecciones de mitad de periodo en noviembre la idea de que ha logrado un triunfo en Venezuela y de que gracias a él los estadounidenses se beneficiarán de gasolina más barata en el futuro.

Si en lugar de trabajar con Nabep, se hubiera querido la participación de las grandes petroleras, tendrían que haber hecho las cosas en orden inverso al plan de tres pasos (estabilización, recuperación y transición política) de la Casa Blanca para Venezuela.

José Toro Hardy considera que las grandes petroleras estadounidenses tienen mucho interés en operar en el país sudamericano, pero para ello requieren de una seguridad jurídica que solo se consigue con un gobierno electo con el voto popular que cuente con legitimidad para firmar los acuerdos.

Apunta, además, que haría falta que haya absoluta separación de los poderes, respeto a los contratos legítimamente firmados y que no haya expropiaciones.

“El problema es que pareciera que Venezuela intenta poner la carreta delante de los caballos. Si nosotros primero reconstruyésemos la seguridad jurídica y después firmásemos los contratos, el éxito sería muy importante. El tema es que se están firmando contratos cuando todavía no hay seguridad jurídica”, concluye.