Por qué Keiko Fujimori ha declarado el estado de emergencia en 5 cárceles peruanas y qué busca con esta medida
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Cinco cárceles peruanas fueron declaradas en estado de emergencia por el gobierno de ese país.
La decisión adoptada por la presidenta Keiko Fujimori forma parte de “la estrategia integral para fortalecer la seguridad ciudadana”, se lee en un comunicado difundido este sábado por la presidencia del país andino.
Según el decreto supremo número 128-2026-PCM, emitido este 5 de septiembre, durante los próximos 60 días la policía, junto a los efectivos de las Fuerzas Armadas, podrá desplegar “operativos permanentes” para garantizar la seguridad de los establecimientos penitenciarios “hasta un radio de 200 metros desde sus límites exteriores”.
Los procedimientos tendrán por objeto impedir el ingreso de armas y otros objetos, así como permitir la realización de “acciones de inteligencia, a fin de prevenir fugas, alteración del orden y actividades delictivas en los establecimientos penitenciarios”, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 4 del decreto.
Y, para facilitar estas acciones, los derechos constitucionales a la libertad de tránsito y de reunión, así como a la libertad y seguridad personales de “las personas que ingresen o transiten al establecimiento penitenciario y al perímetro exterior circundante al establecimiento penitenciario, hasta un radio de 200 metros” estarán suspendidos, se agrega en la resolución ejecutiva.
“El primer objetivo es tener un cerco perimétrico donde no solo el personal del INPE (Instituto Nacional de Penitenciario), de la policía, sino también de la fuerza armada pueda hacer labores de control”, explicó el ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, a la televisora Canal N.
La Defensoría del Pueblo, por su parte, aseguró que vigilará que las medidas extraordinarias garanticen “la plena vigencia de los derechos fundamentales”.
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Incomunicar a las bandas
Las cinco prisiones incluidas en la medida no fueron escogidas al azar.
Se trata de los penales de Challapalca (Tacna), Cochamarca (Pasco), Trujillo Varones (La Libertad), Miguel Castro Castro y Ancón I, estos dos últimos ubicados en Lima, en los que alrededor del 50 % de los reclusos que albergan son “cabecillas y mandos de organizaciones criminales”, por lo que estos centros penitenciarios constituyen “un escenario de alta peligrosidad y requieren atención estatal prioritaria y el reforzamiento de las medidas de seguridad, vigilancia y control”, se lee en el decreto.
Las autoridades admitieron que estos recintos se han convertido en escenarios para “la dirección de actividades ilícitas, incluidas extorsiones, sicariato y tráfico de estupefacientes” fuera de las prisiones “mediante equipos de telecomunicación no autorizados”, así como en lugares donde se registran frecuentes motines, riñas y fugas.
Y para ponerle coto a las actividades de los reclusos, uno de los objetivos de la declaración de emergencia será dejar incomunicados a las bandas con el mundo exterior, mediante “la incautación de tarjetas SIM (chips) telefónicos, teléfonos”, se lee en el artículo 4 de la resolución gubernamental.
El ministro Álvarez también anunció que los patrullajes policiales y militares también tendrán por propósito la remoción de las antenas de telecomunicaciones instaladas en las zonas aledañas a estos centros, explicó el ministro Álvarez.
Asimismo, el reforzamiento de la seguridad incluirá el espacio aéreo, se lee en el decreto.
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No hay militarización
“El Instituto Nacional Penitenciario mantendrá la administración y la custodia interna de las prisiones”, afirmó el gobierno en su comunicado, con lo que dejó claro que el decreto de emergencia no supone la militarización de las prisiones y garantizó que las medidas extraordinarias estarán ajustadas a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
No obstante, también reconoció que el sistema penitenciario peruano se encuentra colapsado, pues, por un lado, presenta una sobrepoblación del 156%, por el otro, un déficit de personal de alrededor del 45%.
La delincuencia se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los peruanos. Según datos del Barómetro de Seguridad, una encuesta elaborada por la firma Ipsos, 38% de los peruanos dicen que limitan sus salidas a las calles a determinadas horas del día.
Los datos oficiales explican esto. El número de homicidios en el país pasó de casi 1.000 en 2018 a 2.600 en 2025, mientras que las denuncias por extorsión aumentaron en el mismo período de 3.200 a 26.500.
Entre enero y junio de este año se contabilizaron 1.267 homicidios según la Policía Nacional y en las primeras semanas de Fujimori en el poder se reportaron alrededor de 134 muertes, es decir más de cinco cada día.
Al asumir la presidencia a finales de julio, Fujimori prometió aplicar una política de mano dura contra la criminalidad, el narcotráfico y el crimen organizado, actividades que, en muchos casos, son dirigidas desde los centros penitenciarios.
En 2025, el Ministerio de Economía calculó que la inseguridad le cuesta a la economía nacional unos 5.000 millones de dólares anuales, cerca del 1,7 % del Producto Interno Bruto (PIB).
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