“Pagué US$19.000 a mi abogada de inmigración en EE.UU., pero fue un fraude y acabé deportado”

Corría el año 2023 y Mendoza Jiménez llevaba meses viendo aquellos anuncios en Facebook.

“Arreglo casos supuestamente imposibles”, prometía en uno de ellos Lozano, con su característica melena rubia y un vestido estampado con el Sagrado Corazón de Jesús.

“Arreglar sin salir de los Estados Unidos, ¡es posible!”, aseguraba en otro, posando junto a una imagen de la Virgen de Guadalupe, iconografía con la que, según las demandas, apelaba a la fe de muchos en la comunidad inmigrante. “Gracias a la Virgencita por las familias unidas y por las vidas cambiadas”.

Aquello era todo lo que Mendoza Jiménez siempre había querido escuchar.

“Ya lo había intentado con otros abogados”, le cuenta a BBC Mundo. Pero habiendo ingresado a EE.UU. en 1989 de forma irregular y con un historial que incluía la conducción bajo los efectos del alcohol (DUI) cuando era joven, “todos me dijeron que no podría poner al día mi estatus”.

Animado por las promesas que le llegaban desde las redes sociales y por recomendación de un amigo que ya la había había consultado, en octubre de aquel año decidió probar suerte con Lozano.

“Ella me aseguró que, si se habían regularizado terroristas y criminales, yo también lo conseguiría”, cuenta.

El bufete de Lozano se especializaba en gestionar visas T para víctimas de trata y en buscar la regularización de sus clientes en base a la Ley de Violencia contra la Mujer (VAWA) que, a pesar del nombre, permite a personas de cualquier género que hayan sufrido abuso por parte de familiares ciudadanos o residentes permanentes solicitar la residencia legal en EE.UU.

Jiménez Mendoza asegura que nunca la vio en persona, y cree haber hablado por teléfono con ella una sola vez. El resto fueron gestiones con personas que trabajaban para la abogada, asegura.

Tras meses de engordar el expediente para presentar su caso ante los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), el pasado 17 de marzo acudió a una primera cita en una oficina federal en Tukwila, en el estado de Washington, donde residía.

A los 10 días fue arrestado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) cuando volvía a casa de su trabajo nocturno. Y después de pasar por el centro de detención de Tacoma, el primero de abril fue finalmente deportado a México.

Asegura que fue en la capital mexicana donde logró por fin tener acceso a su expediente y encontró una declaración con su firma en la que se afirmaba que fue víctima de maltrato por parte de una de sus hijas, algo que asegura es totalmente falso y que él nunca rubricó.

“Nunca me enteré. Los papeles que ella me pedía, yo se los llevaba, pero jamás me dijo que eso era lo que íbamos a poner (en la solicitud) y que así era como iba a calificar (para los beneficios migratorios)”.

Su relato es similar al de otros antiguos clientes de Lozano.

Dos demandas que agrupan a algunos de ellos presentadas ante un tribunal federal de Seattle, en el estado de Washington, la acusan de presentar ante USCIS peticiones que contenían declaraciones falsas o exageradas, y de crear un sistema para copiar las firmas de los clientes en documentos que estos nunca vieron.

También señalan que la mayor parte del trabajo lo realizaban empleados con conocimientos de las leyes migratorias pero sin licencia, y que el bufete recurrió a abogados radicados en México y Colombia para revisar expedientes y comunicarse con los clientes, haciéndoles creer que estaban en EE.UU. y que podían ejercer allí.

Su firma, La Luz del Camino PLLC, con cinco oficinas principales y representación en 13 estados, llegó a tener 750 empleados en 2024.

“Montó prácticamente una operación a escala industrial”, le dice a BBC Mundo Vicente Omar Barraza, el abogado que lidera una de las querellas civiles que reúne a 34 demandantes.

Con ese esquema presuntamente fraudulento y el impulso de una amplia campaña de promoción en las redes sociales, Lozano habría amasado en pocos años una fortuna que invertiría, directamente o a través de entidades bajo su control, en bienes raíces en EE.UU. y en el extranjero.

“Se aprovechó de clientes con muy pocas opciones para que sus casos progresaran, mayormente mexicanos atrapados en un sistema que no se ha actualizado en 40 años”, le dice a BBC Mundo Lucero Ortiz, abogada de la Loyola Immigrant Justice Clinic (LIJC), un programa de la Universidad Loyola Marymount de Los Ángeles que ha apoyado a unos 50 exclientes.

Lozano, por su parte, ha rechazado todas estas acusaciones.

BBC Mundo contactó a Angelo Caldo, el letrado que la representa, para conocer su versión de los hechos, pero no obtuvimos respuesta.

Sin embargo, en unas declaraciones a la agencia AP, Caldo dijo que se esperaba que los clientes de Lozano revisaran las peticiones antes de firmarlas y los responsabilizó de cualquier declaración falsa.

“La práctica de Alexandra siempre ha sido luchar por sus clientes, perseguir con fervor todas las opciones legales disponibles para ellos y apoyar sus esfuerzos por construir una vida en este país”, aseguró.

En mayo, la demandada renunció al Colegio de Abogados del Estado de Washington en lugar de enfrentar medidas disciplinarias, lo que la inhabilitó para ejercer en ese estado de manera permanente.

Cerró su firma el 10 de junio, y el 18 de ese mes la Junta de Apelaciones de Inmigración la suspendió, imposibilitándole ejercer ante el Departamento de Seguridad Nacional (incluido USCIS) y los tribunales de inmigración.

Defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que el caso puede terminar afectando a víctimas legítimas que serían elegibles para beneficios migratorios.

Ya el año pasado, la administración Trump comenzó a reformar los programas humanitarios que Lozano presuntamente explotó, endureciendo sus condiciones y alegando que un aumento de solicitudes desde el año 2020 era “señal de fraude generalizado”.

Según datos publicados por USCIS, entre 2020 y 2025 las peticiones en base a la Ley VAWA se triplicaron, pasando de 15.000 a 53.000 por año, mientras las solicitudes de visa T aumentaron en un 1.044%.

BBC Mundo solicitó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) comentarios respecto a los señalamientos contra Lozano, pero este se limitó a reenviar el aviso de USCIS en el que se explica que la abogada fue suspendida y recoge instrucciones para aquellos exclientes que tienen procedimientos pendientes.

Por su parte, el abogado Barraza teme que el caso termine alimentando las narrativas antiinmigración. “Es algo que ya estoy viendo en las redes”, le confiesa a BBC Mundo.

Y a su vez, se lamenta de que pueda acabar de dinamitar la confianza de la comunidad migrante en los abogados. “La gente saldrá más cínica y más dañada. Es una tragedia”.

De establecerse que Lozano incurrió en prácticas fraudulentas, sería un caso sin precedentes por la cantidad de afectados.

Sin embargo, las estadísticas disponibles de agencias estatales y federales muestran que los fraudes en los servicios legales destinados a la comunidad inmigrante en EE.UU. son un fenómeno al alza.

La Comisión Federal de Comercio, la agencia del gobierno encargada de la protección del consumidor y de la competencia, ha recibido en lo que va de año 1.012 denuncias por fraudes en servicios legales de inmigración.

El año pasado registró 1.625, un aumento respecto a las 1.315 del año anterior y las 623 reportadas en 2023, aunque los expertos advierten que las cifras reales podrían ser mayores, por la renuencia de las víctimas a denunciar.

Y, según datos publicados por la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, dependiente del Departamento de Justicia, en los primeros seis meses de este año 26 abogados de inmigración han enfrentado medidas disciplinarias a nivel nacional.

Mientras, entre julio de 2025 y junio de este año se presentaron ante el Colegio Estatal de Abogados de California 1.637 quejas relacionadas con personas que no son abogadas, aunque el organismo le aclaró a BBC Mundo que no todas tienen que ver con casos de inmigración. “La cifra se ha ido incrementando año con año desde el año fiscal de 2022”.

Los expertos consultados coinciden en fijar el inicio de la tendencia alcista en la pandemia.

“Fue en el contexto del covid cuando más gente empezó a buscar servicios legales en internet y con eso comenzamos a ver un claro incremento de las estafas”, le dice a BBC Mundo Daniel Sharp, quien lleva desde 2020 al frente de la Oficina de Asuntos del Inmigrante.

Aunque el fenómeno lleva algunos años cocinándose, Sharp, al igual que otros entrevistados, reconoce que desde el regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025 con la promesa de llevar a cabo la “mayor deportación de la historia del país”, la situación no tiene precedentes.

“La comunidad está más vulnerable que nunca, con las políticas y los cambios radicales en el marco legal y la forma en la que se están implementando las leyes migratorias”, explica. A eso se suma que “las organizaciones sin ánimo de lucro están saturadas, sin capacidad para representar todos los casos”.

Destaca, además, que los agentes fraudulentos se aprovechan de momentos de máxima desesperación.

“En muchos casos la gente empieza a buscar servicios legales a raíz de la detención de un familiar. Sondean las redes sociales, sobre todo Facebook, donde se promocionan abogados reales pero también impostores”, advierte.

El fenómeno de la suplantación de identidad lo vivió en carne propia Marissa Montes, la directora del Loyola Immigrant Justice Clinic (LIJC).

“Recibí un correo de una chica que me dijo: ‘Mi mamá asegura que eres su abogada, pero ya me puse a investigar y creo que alguien está usando tu identidad para defraudar a la gente migrante'”, le cuenta a BBC Mundo.

“Me tomó totalmente por sorpresa y me espanté”, dice. Pero lejos de quedarse de brazos cruzados, empezó a indagar.

Así descubrió que la farsante utilizaba su nombre y número de licencia para promocionarse en Facebook y que mostraba su perfil en el Colegio Estatal de Abogados de California como supuesta prueba de su legitimidad. A los interesados les explicaba que ya no trabajaba para el LIJC, sino que ejercía como abogada particular en Utah, y empezaba a comunicarse con ellos por WhatsApp.

Montes intentó denunciar el fraude, pero se topó con un muro.

El Colegio de Abogados de Utah le sugirió que contactara a las autoridades locales, pero la policía de Los Ángeles no tenía jurisdicción, ya que la estafadora decía estar en Utah y la víctima residía en Colorado. También la reportó ante el equipo antifraude del banco en el que ella mantenía una cuenta vigente, pero le dijeron que no podían hacer nada sin un informe policial.

“Fue de veras frustrante ver que no había manera de proteger a la comunidad migrante ni a mí misma”, dice, y advierte que con el uso de la inteligencia artificial el peligro aumenta.

Otra variante de prácticas irregulares sobre las que advierten los expertos es el llamado “fraude notarial”.

Tiene origen en cómo desde hace años personas que ofrecen servicios migratorios se aprovechan de la confusión que el término notario genera en la comunidad inmigrante.

Mientras que en muchos países latinoamericanos los notarios deben licenciarse en derecho para ejercer la profesión, en EE.UU. se puede obtener una licencia para realizar tareas notariales sin ser abogado.

“Son personas que ofrecen servicios legales de inmigración sin estar autorizadas para ello, desde consultores, pasando por agencias de seguros o de viajes, hasta pastores”, le explica a BBC Mundo Kathleen Rivas, abogada del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de Public Counsel, organización que acaba de publicar una guía dirigida a combatir estos fraudes.

A menudo cobran tarifas exorbitantes a cambio de un trabajo mediocre, “y las consecuencias para las víctimas pueden ser catastróficas, incluida la detención, la deportación o la descalificación permanente para obtener un estatus migratorio legal”, advierte.

Marta, quien pide que se omita su apellido, es una de esas víctimas.

Originaria de México, nunca hubiera sospechado que aquel hombre que le aseguró que en tres años podría obtener la residencia permanente y le cobró US$14.000 por los trámites, no era un abogado.

La verdad empezó a revelarse a raíz de que en 2023 fuera interceptada por un agente de ICE en un aeropuerto de Dakota del Sur. “¿Sabes que te podemos deportar?”, le advirtieron para su sorpresa.

Cuando le pidió al supuesto abogado que presentara una solicitud de cancelación de deportación, este le contestó que aquello no entraba en el contrato. “Por suerte conseguí otra abogada que logró parar mi expulsión, aunque solo por un año”, le cuenta a BBC Mundo.

En abril de 2025 tuvo su cita final ante ICE, en la que la agencia evaluó su caso para decidir si se procedía a su remoción. Describe al funcionario que la atendió como “un ángel” que le recomendó solicitar el perdón migratorio.

Con ese objetivo acudió de nuevo al presunto abogado, quien la remitió a una cita biométrica donde le tomarían las huellas. “Pensé que era señal de que estaba avanzando mi proceso (para la residencia permanente)”, cuenta. Se convenció de ello cuando le llegó el permiso de trabajo.

Después se enteraría de que los trámites en los que estaba sumida eran en realidad para un asilo político. Cuando confrontó al abogado, dice que le respondió: “¿Qué más quiere? Pues váyase a su país”.

“Fue ahí cuando me di cuenta de que no iba a hacer nada por mí, que todo era pura farsa”, se lamenta. Algo que confirmó cuando, tras una exhaustiva búsqueda en internet, descubrió que aquel presunto abogado era, en realidad, un notario.

Consultados por recomendaciones para evitar caer en este y otro tipo de estafas de migración, los expertos coinciden en varias.

Lo primero es verificar la identidad de quien ofrece el servicio legal, comparando sus datos con la información del colegio de abogados correspondiente. Recomiendan también reunirse en persona, pedir una segunda y hasta una tercera opinión, exigir revisar cada uno de los documentos, sobre todo, no fiarse de aquellos que prometen soluciones inmediatas y aseguran resultados favorables.

“Ningún trámite migratorio es rápido”, advierte Rivas, de Public Counsel.

“Y alguien que te garantiza que va a lograr regularizar tu situación legal es una enorme bandera roja”, señala por su parte Ortiz, de Loyola Immigrant Justice Clinic.

Una señal de alerta que ni Marta ni Isidro pudieron ver a tiempo y que pagaron caro.

“Mi caso sigue abierto. Tengo una cita del proceso de asilo pendiente y nunca he estado en un tribunal. Es algo que me asusta de verdad”, explica Marta, a quien ahora asesora Public Counsel.

“Ojalá que me regresen a EE.UU.”, dice por su parte Isidro, mientras sigue desde Ciudad de México los avances de su demanda.