“No puedo concentrarme en mis tareas”: la angustia de una estudiante de secundaria cuyos padres podrían ser detenidos por el ICE
Estudiantes descansan durante una clase de arte en un instituto del sur de Los Ángeles. Desde el verano pasado, el centro ha desarrollado actividades destinadas a fomentar la valoración de su herencia cultural y generar una sensación de seguridad ante el endurecimiento de las políticas migratorias. Foto: Julie Leopo para MindSite News/CatchLight.
Este reportaje fue elaborado por MindSite News, un medio sin ánimo de lucro especializado en salud mental que publica un boletín gratuito. Se realizó en colaboración con CatchLight como parte de su iniciativa trienal de periodismo visual sobre salud mental.
Cursar décimo grado ya es bastante difícil, pero Janet González *, de 16 años, residente en San Bernardino y ciudadana estadounidense, tiene preocupaciones mucho mayores que la geometría o la biología. Le aterra que ella y sus tres hermanos sean separados de sus padres. Su padre, Marcos, es un trabajador de la construcción de 50 años que huyó de la violencia en El Salvador y lleva 25 años viviendo en Estados Unidos.
Marcos obtuvo un permiso de trabajo y protección humanitaria frente a la deportación gracias al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), un programa creado por el Congreso en 1990 para ofrecer alivio migratorio y permisos de trabajo a personas que no pueden regresar de forma segura a sus países de origen. La Administración Trump, tanto en su primer como en su segundo mandato, ha intentado poner fin al programa.
El 25 de junio, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo dictaminó, por seis votos contra tres, que la Administración Trump puede poner fin al TPS para inmigrantes de Haití y Siria, lo que podría abrir la puerta a ampliar esta medida a otros grupos y llegar a afectar a 1,3 millones de personas, entre ellas Marcos. Él y otros 170.000 salvadoreños podrían perder su estatus protegido el 9 de septiembre, y la incertidumbre está afectando a toda la familia.
“A veces estoy en la escuela y no puedo concentrarme en mis tareas porque estoy pensando en mis padres y preguntándome si siguen en casa o si ya se los llevaron”, dice Janet. Su familia ha comenzado a hablar de un “plan B” en caso de que se vean obligados a separarse.
Las mismas preocupaciones se repiten entre estudiantes de Los Ángeles, el segundo distrito escolar más grande del país. El pasado noviembre, el distrito informó de que la asistencia cayó en unos 7.000 alumnos más de lo previsto, ya que muchos niños de familias inmigrantes dejaron de acudir a clase. También disminuyó la inscripción de recién llegados. Las cifras actuales muestran una reducción del 4% de la matrícula en el curso 2025-2026 respecto al año anterior.
Pero incluso quienes siguen asistiendo a clase pueden no estar plenamente presentes ni ser capaces de concentrarse. Investigaciones previas han hallado que, en zonas donde se produjeron redadas migratorias y otras acciones de control, descendió el rendimiento académico y aumentaron los casos de trastorno por estrés postraumático, ansiedad y depresión.

Una encuesta nacional del Urban Institute realizada en diciembre de 2025 concluyó que “más de uno de cada cinco adultos de familias inmigrantes con hijos afirmó que su familia dejó de realizar actividades esenciales, como asistir a la escuela, debido a preocupaciones relacionadas con la inmigración”. El estudio también encontró que “más de uno de cada siete adultos de familias inmigrantes con hijos señaló que sus hijos experimentaron un aumento del malestar emocional debido a estos temores”.
En este clima de miedo, muchos inmigrantes también evitan recurrir a programas públicos por temor a llamar la atención sobre su situación migratoria. Una encuesta realizada el año pasado por KFF y The New York Times reveló que el porcentaje de adultos inmigrantes que evitó solicitar ayudas para alimentos, vivienda o atención sanitaria aumentó del 8% en 2023 al 12% en 2025.
“La gente busca atención médica solo cuando ya no puede aguantar más”, explica Dennis Dacarett Galeano, psiquiatra y profesor clínico adjunto de la UCLA. “Eso significa desde no acudir a revisiones rutinarias hasta retrasar tratamientos necesarios e incluso evitar ir a urgencias”.
Marcos González evita hablar del futuro inmediato con sus hijas menores. Está preparando a su hijo mayor, que ya trabaja, y a su hija mayor, que estudia en la universidad, para que cuiden de las dos hermanas menores, una estudiante de secundaria y otra de enseñanza media, si él y su esposa, que también tiene TPS, se ven obligados a abandonar el país.
“Vivimos en un estado de incertidumbre”, afirma González. “Nos estamos preparando para el peor escenario posible. Es duro porque mis hijos deberían estar concentrados en sus estudios y en su futuro, sin embargo, sus vidas podrían dar un giro completo”.

Aumenta además su angustia escuchar o presenciar cómo vecinos son detenidos en redadas migratorias en la calle, en viviendas, lugares de trabajo e incluso templos religiosos. González asegura que su familia se siente señalada y que se ha esforzado por enseñar a sus hijos cuáles son sus derechos.
“Hablar español o el color de nuestra piel nos convierte en sospechosos para ser interrogados”, sostiene. “Mis hijas pequeñas no se sienten seguras. Creen que llegará un momento en que las cuestionarán. Les he dicho que permanezcan calladas, que digan que son ciudadanas y que no den ninguna información sobre sus padres”.
Janet y su familia han dejado de salir salvo cuando es imprescindible. Ella pasa la mayor parte de las tardes jugando a juegos de mesa y sentada con sus padres en el patio trasero. Intenta pasar con ellos todo el tiempo posible y cuidarlos mientras todavía puede. Cada vez que salen de casa, su ansiedad aumenta.
“A veces, cuando hablo con mis amigos, hablamos de lo preocupados que estamos por nuestros padres y de que realmente no sabemos cómo están”, dice Janet. “Ya no puedo concentrarme en los estudios ni en mi vida cotidiana. A veces mi hermana pequeña dice: ‘Mamá y papá todavía no han llegado a casa, ¿crees que están bien?’”.
Su hermana tiene apenas 10 años, por lo que Janet siente también la responsabilidad de protegerla. Intenta distraerla y mantenerla tranquila, aunque le resulta difícil porque al mismo tiempo está tratando de calmarse a sí misma.

“Intento pensar en cosas buenas y le digo que lo único que podemos hacer es esperar. Que, si algo sale mal, estaremos bien. Pero, sobre todo”, dice, “intentamos no pensar en ello”.
Janet quiere terminar la secundaria dentro de dos años e ingresar en la universidad. Sueña con convertirse en enfermera y tiene previsto trabajar mientras estudia para ayudar económicamente a sus padres. Sabe lo cansados que están y no quiere que se preocupen.
“Quiero que estén en mi graduación”, afirma. “Ellos son la razón por la que estoy aquí”.
Tatiana Londoño, profesora adjunta de Bienestar Social en la Escuela Luskin de Asuntos Públicos de la UCLA, explica que las reacciones de Janet son típicas entre los jóvenes de familias inmigrantes.
“Lo que vemos es una parentalización emocional”, señala Londoño. “Se convierten casi en padres de sus propios padres. Y no porque sus padres les obliguen a ello; lo hacen de forma natural, por cariño y también por los valores culturales que tienen. A largo plazo, para un niño o una niña asumir esas responsabilidades hacia sus padres y sus hermanos supone una carga enorme”.



