“No es aceptable”: varios Estados recriminan a España que intente condicionar el catalán al proceso de ampliación de la UE

Varios Estados miembros le han dado a España un claro toque de atención por sus insinuaciones de que podría condicionar el proceso de ampliación de la Unión Europea a la aceptación del catalán, el euskera y el gallego como lenguas oficiales del bloque comunitario, una propuesta que el Gobierno de Pedro Sánchez lleva ya tres años impulsando en Bruselas, sin resultado hasta la fecha.

“No es aceptable”, ha recriminado el viceministro de Exteriores lituano, Sigitas Mitkus, a su llegada a la cita en la capital belga, donde la cuestión de las lenguas cooficiales españolas había sido incluida como un “punto de información”, es decir, que permite una discusión corta pero no una toma de decisiones formal. Algo que España de todos modos no tiene intención por ahora de llevar a votación, puesto que requiere una unanimidad que sabe está aún lejos de conseguirse.

Y que quizás se ha alejado aún más con el nuevo giro que le ha dado el el secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, quien, tras algo más de un año sin llevar el tema a un Consejo de Asuntos Generales, la cita ministerial europea donde se tratan este tipo de asuntos, ha llegado a Bruselas reiterando un argumento que ya lanzó a comienzos de mes en una primera reunión informal con sus pares en Dublín: España es un “gran defensor de la ampliación” y de que esta “conlleve, por supuesto, que las lenguas de los países candidatos vayan a incorporarse”. Pero a la par ha dejado claro que España también quiere que su demanda de que el catalán, el gallego y el euskera sean reconocidas como lenguas oficiales de la UE llegue a buen puerto antes de que Europa le abra las puertas a otros idiomas. “Esperamos que ese reconocimiento pueda producirse antes de que otras lenguas se puedan incorporar al listado de lenguas oficiales de la Unión Europea”, ha recalcado Sampedro ante periodistas.

España argumenta que es un tema que hay que tratar ya, antes de que se avance más en el proceso de ampliación, sobre todo de países como Montenegro —uno de los candidatos más adelantados— donde apenas 230.000 personas tienen el montenegrino como primera lengua, pese a lo cual, de unirse a la UE, esta pasaría a formar parte de las lenguas oficiales. Todo ello cuando el catalán por ejemplo lo hablan más de 10 millones de personas, según el razonamiento que lleva esgrimiendo el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, desde que hace tres años lanzara por primera vez su propuesta.

Pero aunque no es un veto abierto al proceso de ampliación, a varias capitales no les ha gustado nada que se mezclen los temas. Además de Lituania, también Alemania y Suecia manifestaron abiertamente su disgusto este martes por esta vinculación, algo que también fue manifestado en la discusión, a puerta cerrada y que según fuentes diplomáticas duró unos 10 minutos, del punto de información solicitado por España bajo el título “Lenguas oficiales y ampliación”.

“Estoy en contra de la bilateralización de la integración de la UE”, ha advertido el ministro de Estado para Europa de Alemania, Gunther Krichbaum, que valora que “no ayuda” hacer este tipo de vinculaciones o de condicionamientos, ni entre países miembros ni con aspirantes a ingresar en el bloque comunitario.

“La ampliación es una cosa y la discusión de las lenguas es otra”, ha zanjado por su parte la ministra de Asuntos Europeos en funciones sueca, Jessica Rosencrantz, que ha reclamado un “proceso serio” sobre la propuesta española. “Como hemos dicho en discusiones previas sobre esto, necesitamos un proceso serio, ver a nivel de grupo de trabajo qué significa de verdad esta propuesta”, ha indicado.

Ese es el argumento —excusa, según Sampedro— de los países que, encabezados por Alemania, siguen reticentes a aceptar la demanda española pese a todas sus explicaciones y esfuerzos bilaterales. En un encuentro la víspera con un grupo de medios, entre ellos EL PAÍS, el ministro irlandés Asuntos Europeos, Thomas Byrne, cuyo país ostenta este semestre la presidencia europea de turno, también se mostró reticente al enfoque español porque, recordó, “ya es bastante difícil completar las negociaciones de adhesión”. Por ello, consideró que sería importante que España “siga dialogando con los Estados miembros que tienen dificultades con esta propuesta e intentar comprender cuáles son esas dificultades”.

Pese a que Irlanda es favorable a la posición española —el gaélico es la referencia de España, que intentó por primera vez lograr el reconocimiento de sus lenguas en 2005, cuando lo consiguió el irlandés— Byrne recordó que el análisis legal del Consejo sobre este tema es que “las lenguas oficiales de la UE están registradas en los tratados, y el catalán, el gallego y el euskera no lo están”. Por ello, consideró que sería importante que España “siga dialogando con los Estados miembros que tienen dificultades con esta propuesta e intentar comprender cuáles son esas dificultades”.

Sampedro sin embargo ha dado a entender que considera que España, que asegura que su propuesta está tan estrechamente ajustada al caso español que no podría ser usada como precedente para otras lenguas minoritarias, otro de los argumentos esgrimidos estos años para frenar el proceso, ya ha dado las suficientes respuestas y explicaciones. Ha subrayado además que, al igual que ocurre con el árabe en Naciones Unidas, España está convencida de que sus lenguas cooficiales podrían ser reconocidas en la UE sin modificar los tratados porque no se está pidiendo que sean admitidas como “lenguas auténticas”, sino como “oficiales” en el reglamento de lenguas.

Pese a reconocer que aún no se ha logrado la unanimidad, Sampedro se ha dicho confiado en que la propuesta española acabará siendo aceptada. “No existen motivos ni en materia de costes, ni en materia legal, ni en materia técnica, ni en materia de precedentes que puedan justificar no reconocer los derechos lingüísticos de 20 millones de europeos, que ya tienen estas lenguas como oficiales en su día a día”, ha insistido.