“Niñas de 3 años con VIH”: la indignación en Perú por las más de 1.000 víctimas de abuso sexual infantil que no han sido atendidas por la justicia

“Esas denuncias nos han costado mucho a las mujeres de esta comunidad, quienes somos las que hemos intentado cuidar a nuestras niñas”, le explica Pioc a BBC Mundo desde el norte de Perú.

“Pero estamos solas: el sistema judicial peruano simplemente dice que no tiene presupuesto para atendernos. Para escuchar las denuncias y castigar a los responsables”, agrega.

Las denuncias hechas por la Defensoría del Pueblo han llevado a que el Poder Judicial peruano convocara, a mediados de este año, al Mesecvi para revisar la situación.

“Lo primero que observé a nivel personal era lo solas que estaban las niñas en esta parte del país. Van al colegio solas. Están en casa solas”, explica Maureira.

Y añade: “A nivel institucional lo primero que notamos es que era un problema que iba mucho más allá de los colegios. Era un asunto estructural que afectaba a todas las mujeres, especialmente a las niñas y adolescentes de la comunidad”.

Tanto en el informe de la comisión del Mesecvi como en la defensoría del pueblo de Perú y el Consejo de Mujeres Awajún y Wampis hay varios puntos de coincidencia sobre la problemática del abuso sexual en la región.

El primero se refiere a la ausencia del aparato judicial en la zona para poder procesar los casos y que se establezcan sanciones para los crímenes cometidos.

“Que no se castigue a las personas que abusan de las niñas, que las tocan, hace que la situación se normalice y no se detenga”, señala Pioc.

De acuerdo a Pioc, no hay presencia permanente de jueces, en los casos en que un magistrado llega hasta el territorio que ellos habitan, no hay otros funcionarios que complementen el proceso o conozcan los temas indígenas para aplicar justicia de forma adecuada.

Y pone de ejemplo lo sucedido con los casos más conocidos: los de los colegios. De acuerdo al informe de la Defensoría del Pueblo, la mayoría de los casi 170 profesores acusados de abuso sexual a menores en esta región no han sido procesados; muchos de ellos fueron absueltos y a los restantes, las autoridades locales los trasladaron permitiéndoles evadir la justicia ordinaria.

De acuerdo con las leyes peruanas, los crímenes sexuales y abusos de menores contemplan penas de entre tres y cuatro años de prisión.

“Acá tenemos otro problema, que muchas comunidades se rigen por un sistema local: se apresa el agresor, se le castiga con un calabozo o latigazos y ya. Eso lo estamos intentando cambiar con los líderes”, señala Pioc.

“Pero es necesario que el gobierno peruano destine los recursos necesarios para que funcione la justicia”, añade.

Aunque BBC Mundo se contactó con representantes del estamento judicial de Perú sin recibir respuesta antes de la publicación de esta nota, lo cierto es que ha sido el propio poder el que ha aceptado que tiene recursos muy limitados para atender las necesidades de la región norte.

A finales del año pasado, cuando se discutió por última vez el tema de presupuesto, el gobierno afirmó ante el Congreso que solo tienen un 19% de lo que realmente necesitan para enfrentar los flagelos criminales en todo país.

“La inversión en justicia no es un gasto, es una garantía de estabilidad y predictibilidad para el país, y que los millones en el presupuesto deben ser atendidos a plenitud para poder cumplir con nuestra misión de impartir justicia”, dijo Janet Tello, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Perú, para justificar la solicitud de incrementar el presupuesto ante el Congreso.

Las consecuencias de los abusos van más allá de los delitos, señala en Mesecvi, y el impacto en la salud es una de las situaciones más serias: “Hay niñas de 3 o 4 años que tienen el virus del VIH. Niñas a las que se les transmitió el virus a través de los abusos sexuales”, anota Maureira.

“Y la no atención de esta situación acarrea una serie de consecuencias, no solo de salud pública, sino también que tienen un efecto devastador en la salud mental”, añade.

Por su parte, Pioc señala que el problema es aún más grave: “No son solo las niñas, son familias enteras con VIH, sin poder recibir ninguna atención en salud”.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, entre 2014 y 2026 se han registrado 190 casos de personas infectadas con el VIH en estas comunidades, en edades entre los 14 y los 19 años.

A nivel regional, los datos disponibles señalan que hay una prevalencia del VIH del 1,8%, seis veces mayor que en otras regiones del país – en cifras que abarcan toda la provincia de Condorcanqui, no solo la zona donde habitan las comunidades indígenas.

“Pero son muchos más que no han sido contabilizados porque, de nuevo, no hay recursos para hacer ni siquiera los diagnósticos”, denuncia Pioc.

Sin embargo, según Ministerio de Salud, se declaró ya una emergencia médica en la zona para poder atender a las menores.

Pero tanto Pioc como Maureira y los miembros de la comisión de Mesevic señalaron a BBC Mundo que es necesario diseñar un plan de atención integral para las menores en el que, por sobre todo, se evite la estigmatización.

Y hacen énfasis en este tema porque, entre los casos de abuso sexual y el contagio de VIH, se ha registrado una crisis de salud mental entre los menores, sobre todo niñas y adolescentes, que preocupa a la comunidad.

“Los casos de suicidios de los menores es algo que vi con preocupación. Nos contaron de múltiples intentos de suicidio de niñas que habían sido violadas o abusadas sexualmente”, señala Maureira.

“Y nos tocó presenciar al menos dos intentos. Es muy delicado y necesita atención urgente”.

Para Pioc hay dos aspectos fundamentales que deben ser resueltos con prontitud: el aumento del presupuesto para atender las denuncias de abuso sexual y la construcción de un albergue para las víctimas de este tipo de violencia sexual.

“Por ahora tenemos un refugio temporal, pero no podemos tener a las mujeres allí por mucho tiempo”, señala.

“Necesitamos poder atender a las víctimas de una forma integral y sostenible. No por un breve periodo”, añade.

Muchas de las víctimas no pueden regresar a sus hogares, señala la líder comunitaria, ya sea por el estigma que las acompaña tras ser abusadas o por el contagio de la enfermedad. Algunas son trasladadas a otros refugios donde no nadie habla su lengua, el awajún, ni conoce sus problemáticas.

Por su parte, la recomendación del Mesecvi se centra en pedirle al poder central que otorgue los recursos necesarios para judicializar a los responsables en los casos de abuso sexual en la región.

“Las consideraciones son muy amplias y diversas, pero hay aspectos urgentes y tal vez lo más importante sea que se otorguen recursos suficientes para que esta situación no termine más grave de lo que ya es”, concluye Maureira.

Aunque no hubo respuesta a los intentos de contacto con el Poder Judicial y el Ministerio de la Mujer de Perú por parte de la BBC, la titular de esta cartera, María Seminario, respondió ante los medios locales sobre las posibles soluciones que el Estado podría prestar.

“Hemos recibido con mucha expectativa la revisión del Mesecvi, pero a la vez con cierta satisfacción en la línea de que el informe va muy en concordancia con lo que estamos planteando desde el Ministerio”, le dijo Seminario a la cadena peruana de noticias RPP.

“Quiero poner énfasis en uno de los puntos que destaca el informe: que no hay una articulación, sino que hay una respuesta fragmentada del Estado. Eso es lo que queremos consolidar, una respuesta en conjunto del Estado”, añadió.

También señaló que desde hace dos semanas se están haciendo reuniones con la idea de dar una solución integral por parte de todos los estamentos del gobierno peruano.