“Nadie debería ser forzado a regresar a Haití”: experto de la ONU alerta que la isla no está apta para recibir deportaciones

Ni los enviados de Naciones Unidas, con escoltas y coches blindados, pueden aterrizar en Puerto Príncipe y recorrer con seguridad Haití, un país dominado por las pandillas desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021. Cuando viaja a la isla, el experto designado del Alto Comisionado de la ONU sobre derechos humanos en Haití, William O’Neill, aterriza en Cabo Haitiano y de ahí se mueve en helicóptero. “No puedo ir a la mayor parte de la capital”, asegura.

Las pandillas controlan casi la totalidad de Puerto Príncipe y del territorio nacional. La violencia de sus enfrentamientos ha desplazado a más de un millón y medio de personas, agravando la crisis humanitaria en la que ya se encontraba Haití. Las familias subsisten de las remesas que envían los parientes desde el extranjero: miles de millones de dólares que pagan rentas, salud, escuelas, funerales, también los impuestos de un Estado debilitado y la cuota que corresponde a las pandillas.

Y ahora Estados Unidos, República Dominicana y otros países donde se concentra la mayor parte de la diáspora se han propuesto deportarlos a una isla que no está en capacidad de recibirlos.

“Nadie debería ser deportado, ni obligado a regresar a Haití”, dice O’Neill en entrevista con EL PAÍS desde Nueva York. “La situación de los derechos humanos es catastrófica y no hay forma de que ninguna repatriación forzada en este momento pueda ser segura, digna y duradera. Por lo tanto, no deberían hacerlo. Va en contra del derecho internacional y, moralmente, es terrible devolver a la gente a esta situación”, agrega el abogado, experto en derechos humanos que documenta la escalada de la crisis humanitaria y de seguridad en el país.

Los últimos meses han sido particularmente violentos, refiere O’Neill. Algunos de los grupos que conforman la alianza de pandillas Viv Ansanm, que domina Puerto Príncipe, se disputan puestos de control clave en las carreteras. Y al norte de la capital, Grand Grif y Kokorat San Ras han ido expandiendo su territorio hacia el centro del país.

Los haitianos de la diáspora no tienen un lugar donde regresar. “Llegan a Cabo Haitiano y el Gobierno haitiano les entrega el equivalente a unos 60 o 70 dólares, en gourdes, y les dice: ‘Buena suerte’. ¿Y a dónde van? Si vienen de zonas controladas por pandillas, no hay forma de volver con seguridad. Y si logran pasar eso, regresan a un vecindario que ha sido incendiado y donde todo está destruido. No hay empleos, no hay oportunidades, hay muy poca escuela, no hay atención médica. Muchas familias haitianas en Haití estaban sobreviviendo con el dinero que enviaban de vuelta los haitianos que trabajaban legalmente bajo el TPS. Y ese dinero ya está empezando a secarse”, describe O’Neill.

El Estatus de Protección Temporal (TPS) protegía de la deportación a unos 350.000 inmigrantes haitianos en Estados Unidos. El primero fue aprobado luego del devastador terremoto de enero de 2010 y los gobiernos que se sucedieron en el poder lo fueron renovando hasta que Donald Trump llegó a la Casa Blanca y decidió su eliminación.

El TPS para ciudadanos haitianos expiró a la medianoche del 27 de julio y este 5 de agosto una corte dio el paso legal que confirmó su levantamiento. Con el estatus, los beneficiarios también perdieron sus permisos de trabajo y muchos comenzaron a ser despedidos de sus empleos antes de que llegaran las fechas límite. Los empleadores ya resienten la falta de esta fuerza de trabajo en ciudades como Miami, Nueva York y Filadelfia, especialmente en el sector de la salud, en la hotelería y en la agricultura.

El peor lugar para ser niño

Las organizaciones que brindan apoyo a las comunidades haitianas en Estados Unidos estiman que más de 50.000 niños estadounidenses con doble nacionalidad tienen al menos un padre o representante que es beneficiario de este tipo de programas y susceptible a la deportación. La eliminación de las protecciones pone a las familias frente a decisiones imposibles: separar a la familia, arriesgarse a una detención y deportación o regresar juntos a la isla.

En cada oportunidad donde se ha referido al tema de la situación de las infancias durante los últimos meses, el experto de Naciones Unidas ha asegurado que Haití es uno de los peores lugares del mundo para ser niño.

“En ocho años no ha habido un año escolar completo para ningún niño haitiano, ni siquiera en las zonas donde las pandillas no son tan poderosas o no tienen el control, debido a las perturbaciones en la economía, los precios, las tarifas, el desplazamiento y el estrés sobre la sociedad. A los maestros no les pagan, corren riesgos y han sido asesinados”, dice el abogado.

Aunque no se sabe con certeza cuántos pandilleros hay en Haití, Unicef y Naciones Unidas estiman que aproximadamente la mitad son niños menores de 17 años. Muchos de ellos no saben cuántos años tienen, no tienen actas de nacimiento.

“En zonas controladas por pandillas los niños tienen muy poco acceso a la escuela, además de que están expuestos a una violencia increíble. La ven, la escuchan y, a veces, son víctimas de ella, o lo son sus familiares o amigos cercanos”, señala O’Neill. Y tanto en esos territorios como en las áreas donde no hay enfrentamientos armados, las niñas, adolescentes y mujeres están expuestas a la explotación y el abuso sexual.

Los campamentos de desplazados no ofrecen tampoco seguridad: son refugios rudimentarios levantados en parques públicos y baldíos, tiendas de campaña y ranchos de cartón piedra donde viven centenares de personas sin comida, agua y sin los servicios mínimos. “Los haitianos ya apenas tienen suficiente para vivir o para comer. ¿Cómo pueden hacerse cargo de más bocas que alimentar en lugares que ya están tan hacinados?”.