Miles de argentinos lamentan que el trabajo sea cada día más precario: “Engancho lo que sea”

Rosa aprieta dos espigas de trigo, tres estampitas y una pequeña estatua de yeso contra el vidrio que la separa de la imagen de San Cayetano. Espera que el aura del patrono del pan y el trabajo las infunda con su mística. Ha esperado varias horas en una fila para ingresar al santuario ubicado en el barrio de Liniers, en Buenos Aires, donde cada 7 de agosto los fieles llegan de a cientos para pedir trabajo o agradecerlo. Con la cabeza cubierta por el gorro negro que la ha protegido del frío invernal, Rosa cuenta que es peruana, ingeniera en alimentos, y que hace 30 años llegó a Argentina para hacer un posgrado. Desde entonces siempre ha tenido trabajo de su profesión, pero últimamente también ha aceptado encargos ocasionales para complementar sus ingresos. “Cuido nenitas, engancho lo que sea —dice—. ¿Viste cómo está la situación?”.

En Argentina, el universo de personas que tienen un trabajo formal no crece desde hace más de una década. Es un problema que atraviesa gobiernos de distinto color político, pero que se profundizó en los últimos años. Los datos del Ministerio de Capital Humano muestran que desde la llegada de Javier Milei al gobierno, en diciembre de 2023, hasta el último registro disponible (abril de 2026), se destruyeron casi 400.000 puestos de trabajo asalariados formales: 250.000 en el sector privado, 130.000 en el público y 17.400 de trabajadores de casas particulares.

Los datos también muestran que buena parte de quienes fueron expulsados del sistema —junto a los miles de jóvenes que cada año se incorporan a la población económicamente activa— terminó siendo absorbida por empleos precarios en aplicaciones o directamente recaló en la informalidad. El efecto multiplicador sobre el empleo que el Gobierno prometía al impulsar una reforma laboral orientada a abaratar las contrataciones y los despidos para los empleadores no se ha plasmado, al menos todavía.

“En esta economía lo único que crece es lo que llamamos el ‘empleo refugio’: esos trabajos informales, de bajos ingresos, que suelen realizarse en la propia vivienda, en la calle y en espacios públicos, y que son las únicas oportunidades que encuentran las personas a las que se les cierran las puertas de los empleos de mejores condiciones e ingresos”, apunta Matías Maito, director del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo de la Universidad Nacional de San Martín. La pregunta que se hace es hasta cuándo podrán seguir funcionando como amortiguadores del crecimiento del desempleo, que fue del 7,8% en el primer trimestre de 2026 y permanece prácticamente en el mismo nivel registrado dos años atrás.

El deterioro de la situación no se refleja necesariamente en la convocatoria de este año en el Santuario San Cayetano que, según el ojo aguzado de una vendedora callejera de espigas de trigo y estampitas, fue menos voluminosa que otras veces. Ella atribuye esa merma al avance de las iglesias evangélicas. “No hay una relación directamente proporcional entre la cantidad de gente que puede venir y la situación social”, vaticina el diácono Jorge Barletta, que recoge de sus fieles la angustia por lo que falta pero también el agradecimiento que expresan por lo que todavía tienen y, parado en el medio de la calle, recibe, escucha y bendice a cada persona que se le acerca. “Hay menos gente por distintos motivos, pero la fe nunca se perdió. San Cayetano es para los argentinos más que un santo patrono protector: es un amigo. Está en las buenas y en las malas”, asegura, con su sotana blanquísima y perfumada.

La Iglesia ha sido uno de los actores que más abiertamente ha cuestionado las políticas del gobierno libertario y este viernes, sobre un altar montado en la calle frente al santuario, el arzobispo de Buenos Aires volvió a hacerlo en la misa ofrecida en el marco de la Fiesta de San Cayetano. “Nos volvemos mudos, atragantados de bronca porque parece que el bienestar económico nunca va a llegar al ciudadano común”, lanzó Jorge Ignacio García Cuerva en una homilía en la que también mencionó los aumentos del transporte, las tarifas, los alquileres y los alimentos; los “sueldos que no alcanzan” y los “hermanos que revuelven la basura para comer”. “Este pueblo no quiere resignarse a que el trabajo sea una mercancía y que haya que tener dos o más empleos para llegar a fin de mes”, dijo.

Una economía popular que crece

El universo de la economía informal está lejos de ser pequeño o marginal: representa alrededor del 45% de la población económicamente activa en Argentina, según calcula el economista Pablo Chena, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) y profesor universitario. Esa economía sumergida está representada políticamente por distintas organizaciones nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), que desde 2016 —cuando todavía no contaban con un sello conjunto— comenzaron a movilizarse cada 7 de agosto desde el santuario de San Cayetano hasta la Plaza de Mayo con el reclamo de “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo”. Por eso, en un principio, la prensa local los bautizó “los Cayetanos”.

Ese año en que se inauguró esta tradición marcó también un hito por la sanción de la Ley de Emergencia Social, una norma que reunió un apoyo transversal de la política y que buscó conocer, reconocer y valorizar ese sector de la economía denominado economía popular. La ley estableció un registro que llegó a tener cuatro millones de personas anotadas —sobre los ocho millones que se estima que trabajan en la informalidad— e impulsó políticas públicas destinadas a generar puentes con el empleo formal, aumentar la productividad de esas actividades y complementar los ingresos con transferencias del Estado, como una manera de reconocer el valor generado por personas que, por ejemplo, hacen tareas de reciclaje o cocinan en comedores comunitarios.

“De estas políticas hoy no queda nada en pie”, asegura Chena, quien fue director nacional de Economía Social entre 2020 y 2023, cuando la normativa dio importantes pasos en su implementación. “La economía popular volvió a entenderse hoy como un sobrante de la economía formal y no como una economía con una lógica distinta que hay que desarrollar. Vuelve a ser, conceptualmente, un universo de subsistencia que queda por fuera de la mirada del Estado”, afirma.

Con ese cambio de perspectiva han perdido entidad sus expresiones políticas, que han dejado de tener el protagonismo que tuvieron algunos años atrás tanto en la discusión pública como en la calle. “El Gobierno de Milei solo deja en pie la Asignación Universal por Hijo (AUH), que es una ayuda económica dirigida a los niños y no genera ningún compromiso desde lo laboral, como lo hacían otros programas que ya no existen. Eso cambia la lógica de la ayuda social y también desmoviliza”, apunta Chena. Según su mirada, la militancia alrededor del reconocimiento de la economía popular también ha mermado porque el contexto obliga a sus integrantes a destinar su energía a lo inmediato, “a sobrevivir el día a día”.