México prepara una sacudida anticorrupción: huachicol fiscal y factureras son el primer blanco de una reforma de calado
El combate al huachicol fiscal y a las redes de facturación falsa se perfila como la puerta de entrada a la mayor reingeniería institucional contra la corrupción que ha planteado el oficialismo desde hace ocho años, cuando llegó al poder. Como ha podido saber EL PAÍS de fuentes conocedoras de las negociaciones, detrás de esa ofensiva se delinea un paquete de reformas constitucionales y legales que pretende ir mucho más allá del endurecimiento de las sanciones penales: busca desmontar el actual Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), reconstruir el esquema de auditorías y fiscalización, fortalecer las capacidades del Estado para perseguir el desvío de recursos públicos y establecer una coordinación obligatoria entre las principales instituciones encargadas de combatir la corrupción.
La iniciativa, que distintos actores pretenden colocar como una de las prioridades del próximo periodo ordinario de sesiones junto con el paquete económico de 2027, tiene el aval del Gobierno, así como de un sector de legisladores de Morena. En la lista también están empresarios, universidades, académicos y centros de investigación como El Colegio de México, la UNAM y el CIDE, de acuerdo a fuentes cercanas al proceso. El proyecto es del interés de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en los últimos días ha dado señales públicas de que prepara un nuevo andamiaje legal para fortalecer la política anticorrupción.
La mandataria confirmó el martes que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Raquel Buenrostro; la Auditoría Superior de la Federación, de Aureliano Hernández, y el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, bajo la dirección del magistrado José Ramón Amieva, trabajan en modificaciones legales que deberán coincidir en una propuesta conjunta. Anunció, además, un decreto para reforzar las obligaciones de transparencia del Gobierno federal para que ninguna autoridad pueda reservar información bajo criterios discrecionales, salvo por razones judiciales o de seguridad nacional. Buenrostro dará más detalles este viernes en la conferencia matutina desde Palacio Nacional.
Detrás del anuncio institucional existe una discusión mucho más profunda y de larga data. “Estamos obligados a que en el próximo periodo de sesiones las dos columnas vertebrales sean el paquete económico y un paquete de cambios legales y constitucionales que nos lleven a radicalizar la lucha contra la corrupción y la impunidad”, ha dicho Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Detrás hay un trabajo de meses que se encuentra en la recta final.
La reingeniería abarca un amplio espectro. Los objetivos más visibles, aunque no los únicos, son dos de los principales mecanismos de evasión y saqueo de recursos públicos: el mercado ilegal de combustible, conocido como huachicol fiscal, que ha ocupado los titulares nacionales e internacionales por las tramas que se han destapado en los últimos meses y las empresas fachada o fantasma utilizadas para simular operaciones fiscales.
Ramírez Cuéllar adelanta que el grupo promotor de las reformas, del que no ha dado muchos detalles, considera indispensable una nueva legislación específica contra el robo de hidrocarburos y petrolíferos, pero sobre todo contra quienes compran combustible de procedencia ilícita. “Necesitamos poner más atención no solamente a la oferta, sino a la demanda”, lanza. El diagnóstico identifica estaciones de servicio, grandes empresas transportistas, actividades mineras y obras públicas como algunos de los principales consumidores del combustible ilegal. La propuesta pretende ampliar de manera significativa el uso de la extinción de dominio para castigar a quienes financian o se benefician de esas redes.
El otro frente apunta hacia las factureras. La intención es cerrar espacios a las operaciones simuladas mediante cambios en la legislación fiscal, particularmente en la Ley del Impuesto sobre la Renta, con un escrutinio mayor sobre sindicatos, universidades, organismos autónomos y gobiernos estatales y municipales, sectores donde han localizado mecanismos para evadir impuestos mediante comprobantes fiscales apócrifos.
Con todo, quienes impulsan la reforma insisten en que el objetivo no es únicamente perseguir delitos específicos, sino modificar la arquitectura institucional que, a su juicio, ha demostrado ser insuficiente para contener la corrupción. El diagnóstico parte de una premisa: “El sistema de auditorías está agotado”. El vicecoordinador del oficialismo sostiene que tanto el modelo federal como los esquemas estatales de fiscalización presentan limitaciones estructurales, rezagos tecnológicos y escasa capacidad para detectar irregularidades en tiempo real. La propuesta plantea reconstruir por completo el sistema de auditorías, fortalecer la independencia de las auditorías locales y federales, introducir mecanismos de vigilancia permanente y permitir revisiones prácticamente simultáneas al ejercicio del gasto público.
Este rediseño toca también al SNA. Las discusiones incluyen fortalecer presupuestal y operativamente la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, crear una fiscalía mucho más especializada en robo de hidrocarburos, ampliar la protección para denunciantes, establecer sistemas públicos de alertas y convertir la denuncia ciudadana en uno de los pilares del nuevo modelo institucional.
En medio de todo este nuevo entramado destaca un cambio, el más delicado. El proyecto pretende transformar el SNA en un mecanismo de coordinación obligatoria encabezado por el Estado mexicano, con una participación determinante del presidente en turno, siguiendo un esquema parecido al Sistema Nacional de Seguridad Pública o al Sistema Nacional de Salud. La propuesta contempla decisiones vinculantes entre instituciones, intercambio obligatorio de información, evaluaciones periódicas e informes públicos sobre metas y resultados.
Ese diseño supone un giro respecto al modelo vigente, construido precisamente para distribuir responsabilidades entre órganos autónomos, autoridades fiscalizadoras y representantes de la ciudadanía. Sin embargo, Ramírez Cuéllar rechaza que ello implique una captura política del sistema. “Necesitamos un sistema del Estado mexicano”, responde cuando se le plantea el riesgo de concentrar la conducción del combate anticorrupción bajo la mano presidencial. El legislador considera que la rendición de cuentas debe sostenerse mediante obligaciones legales, evaluaciones permanentes y controles institucionales.
Los cambios son ambiciosos y de calado. Otro de los capítulos del paquete busca insistir en la eliminación de privilegios de la clase política. La desaparición del fuero como inmunidad procesal y la modificación de los efectos del juicio político para impedir que funcionarios sancionados permanezcan en sus cargos gracias a interpretaciones jurisprudenciales. La intención, sostiene el legislador, es cerrar espacios de impunidad que durante décadas han protegido a gobernadores, legisladores y altos funcionarios.
Los impulsores de la reforma niegan que tenga destinatarios específicos, pese a que el debate coincide con investigaciones, señalamientos y escándalos que han alcanzado a figuras de Morena y de otros partidos. Entre ellos, el senador Adán Augusto López y su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena; el gobernador de Tamaulipas, Americo Villareal y recientemente el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo. “No tiene dedicatoria especial para nadie. Queremos atacar un fenómeno político”, sostiene Ramírez Cuéllar. El objetivo, dice, es construir una reforma preventiva que modifique los incentivos institucionales antes que perseguir casos individuales.
El legislador describe el huachicol fiscal y la facturación falsa como fenómenos que han permitido la formación de “nuevas castas” de intereses económicos, políticos y criminales capaces de debilitar las finanzas públicas, erosionar las instituciones y acumular poder mediante esquemas de corrupción sofisticados. Bajo esa lógica, sostiene, el país necesita una nueva política de Estado para enfrentar estructuras que ya no pueden combatirse únicamente mediante operativos policiales o sanciones administrativas.
La dimensión política del proyecto, al menos en el papel, ha logrado sumar a empresarios, académicos, universidades y centros de investigación que participan en las discusiones que buscan construir un amplio consenso nacional alrededor del nuevo modelo anticorrupción. Si los planteamientos logran traducirse en reformas concretas durante el próximo periodo ordinario de sesiones, México podría entrar en la discusión de la reforma anticorrupción más ambiciosa desde la creación del SNA hace casi una década. La diferencia es que ahora el foco apunta a las estructuras financieras que durante años han alimentado la corrupción.
