Los saharauis reciben la ley de nacionalidad como una reparación histórica con reconocimiento de derechos
Hasta 200.000 saharauis nacidos bajo bandera española y sus descendientes que viven en el Sáhara Occidental, bajo control de Marruecos desde hace 50 años; en los campamentos de refugiados de Tinduf (Argelia), base del Frente Polisario, y en la diáspora europea, se disponen a recibir este jueves como una reparación histórica con reconocimiento de derechos la votación en el Congreso la ley que les concede la nacionalidad española en plena crisis migratoria de Ceuta. Frente a la expectación generada entre los saharauis desde que surgieron las primeras iniciativas legislativas, hace más de tres años, para la concesión del pasaporte a los españoles de la que fue provincia número 53, Marruecos guarda oficialmente silencio. Medios próximos al Gobierno de Rabat expresan, sin embargo, muestras de recelo ante el avance de una legislación española que puede suponer el reconocimiento de una identidad diferenciada para sus propios ciudadanos en el Sáhara Occidental.
“Esta ley supone un paso muy importante hacia la reparación de una situación que se ha prolongado durante décadas. Personas que nacieron cuando el Sáhara estaba bajo la Administración española y que, por las circunstancias históricas posteriores, quedaron en una situación de incertidumbre respecto a su nacionalidad”, destaca Bucharaya Bahi, presidente de la asociación Colectivo de Saharauis Nacidos bajo la Bandera y Administración Española.
En un intercambio de mensajes desde El Aaiún, capital de la excolonia española, este jurista de 56 años intenta evitar toda confrontación política para insistir en el reconocimiento de una realidad histórica para que las personas afectadas puedan disponer de una vía clara por la que “recuperar la nacionalidad española”, que consideran vinculada a su nacimiento y a su origen familiar.
“Un pasaporte español puede facilitar la movilidad, los estudios, el trabajo y los vínculos familiares con España. Pero para nosotros tiene también un significado especial, humano y social”, explica. “Hay muchos saharauis que conservan documentos españoles de sus padres, de sus abuelos o de su propio nacimiento, y que han mantenido durante generaciones un vínculo con España”.
El presidente de la asociación considera que la nueva legislación, cuando sea aprobada por el Legislativo español, debe entenderse como una cuestión de nacionalidad, personal y no política o diplomática. “En los campamentos de Tinduf también puede tener una dimensión importante para las familias que tienen el mismo origen histórico. En ambos casos, creo que debemos verlo ante todo desde la perspectiva de las personas y de sus derechos individuales”, remacha Bucharaya Bahi.
Las estimaciones de fuentes conocedoras de la realidad sobre el terreno elevan hasta 110.000 (un 12% de la población actual del Sáhara Occidental, con nacionalidad marroquí) el número de saharauis nacidos bajo Administración española, antes de la salida de las tropas coloniales en 1976, que siguen con vida, así como sus descendientes directos. Consideran que en Tinduf, en el desértico suroeste argelino, esa cifra se sitúa en unos 45.000, en su mayoría apátridas, de entre los más de 170.000 refugiados oficialmente contabilizados por Naciones Unidas. Y que otros 45.000 se distribuyen como inmigrantes asentados en varios países europeos, donde cuentan con documentación como residentes e incluso pasaporte. Todos podrán optar a ser españoles cuando la ley entre en vigor tras su aprobación parlamentaria definitiva.
“No se trata de una concesión administrativa normal, como en otros casos de adquisición de la nacionalidad, sino como una reparación histórica. Aunque tardía, porque los saharauis han estado esperando más de 50 años. El Sáhara fue provincia española”, recuerda Brahim Hameyada, de 67 años, director de la Academia Unamuno, centro reconocido por el Instituto Cervantes en Dajla, la antigua Villa Cisneros, desde el sur del Sáhara. En 1976, el Gobierno español ofreció a los saharauis un plazo de un año para poder optar a la nacionalidad, pero casi nadie pudo ejercer ese derecho.
“En el Sáhara actual se espera un cambio ante todo simbólico tras la aprobación de la ley, no un movimiento demográfico masivo [hacia España]”, sostiene. Argumenta, con el pasaporte en la mano, los nuevos españoles de origen saharaui tendrán garantizada la libre circulación en el espacio Schengen, el acceso a las universidades europeas, en su caso, al mercado laboral en la UE, además de poder recibir atención sanitaria en España.
“Pero en los campamentos de Tinduf el efecto puede ser distinto para los refugiados que llevan 50 años como apátridas”, advierte Hameyada, quien regresó en 1992 a la antigua Villa Cisneros donde nació después de haber militado desde 1976 en Argelia en las filas del Frente Polisario, movimiento que defiende la independencia del Sáhara Occidental por la vía de un referéndum de autodeterminación. Prevé que, con DNI español y opciones de educación y trabajo en España, los miles de jóvenes que llevan años en Tinduf sin poder viajar podrán contar con un marco legal de movilidad.
“Sin connotaciones políticas, creo que todo saharaui, sea en Tinduf o en el actual Sáhara, donde sea, va a recibir esta ley con satisfacción porque le beneficia en su vida social y profesional. La concesión de la nacionalidad es una reparación histórica”, apostilla este profesor de español.
Un conflicto en fase bélica
El Frente Polisario no rechaza la nueva ley, aunque espera que conlleve medidas de ayuda humanitaria. Marruecos guarda silencio en los canales oficiales, pero transmite por vías oficiosas que ve con preocupación una iniciativa legal que toca el nervio sensible de la soberanía y la ciudadanía.
Fuentes consultadas en El Aaiún alertan del eventual riesgo que supone adoptar una medida de justicia reparadora sin que se haya alcanzado una solución final a un contencioso que se encuentra en fase bélica desde hace casi seis años, tras la ruptura del alto el fuego de 1991 decretada por el Frente Polisario.
Esta misma semana, el ataque de un dron marroquí contra dos vehículos que se dirigían a los campamentos de Tinduf ha causado al menos dos heridos, según un portavoz saharaui. Circulaban por una zona próxima a Mauritania y al muro o terraplén de arena que separa el 80% del territorio saharaui bajo control del ejército de Rabat del 20% que queda en manos de las milicias del Polisario.
“Si los saharauis de los campamentos que son apátridas obtienen la nacionalidad española con el frente bélico abierto, las bajas que se produzcan pueden implicar a España e involucrarla en el conflicto”, advierten las fuentes sobre el terreno consultadas.
Otro frente que puede quedar abierto tras la aprobación de la ley de nacionalidad sería el de la presencia de decenas de miles de saharauis con doble nacionalidad, marroquí y española, que harían valer su nuevo pasaporte ante una detención por cuestiones políticas por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno de Rabat.


