Las derecha, Junts, empresarios y sindicatos rechazan la regulación de los lobbies del Gobierno

El Gobierno sufrirá este próximo miércoles otra sonora derrota en el Congreso en la votación prevista para convalidar el decreto aprobado a finales de agosto para lograr la pendiente regulación de los lobbies en España. Salvo cambio de guion inesperado, la votación no prosperará y el decreto decaerá, con lo que pueda significar para la pérdida de una serie de millonarios fondos europeos con los que el Ejecutivo ya contaba y para la situación de los 250 lobbies inscritos en apenas 15 días. La derrota política la proporcionarán la derecha parlamentaria, PP, Junts, UPN y Vox, pero con el añadido del malestar creciente y el rechazo de la CEOE, UGT y CCOO, agentes sociales que se creían expresamente excluidos de esa regulación por figurar sus competencias en la Constitución.

El Gobierno, el PSOE y la asociación de lobistas presionan a los grupos y a esos agentes con reuniones y contactos de última hora este mismo lunes, pero sin apenas esperanzas y señalan que no entienden los reparos de la patronal y los sindicatos cuando sí figuran en registros de lobbies ante la Comisión Europea o la Comunidad de Madrid. Todos ellos coinciden en su pesimismo ante la votación en el pleno del miércoles: “Es casi imposible que salga”.

El Consejo de Ministros apuró el calendario y aprobó el 25 de agosto, en su primera reunión tras el verano, un real decreto para regular al fin en España la transparencia y la integridad de las actividades de los lobbies, una asignatura pendiente de varias legislaturas. Los negociadores del PSOE en el Congreso llevaban meses con contactos privados y discretos con los demás grupos, y muy particularmente con PP y Junts en la comisión, para introducir sus enmiendas al texto de la futura ley de lobbies y evitar una disputa y votación meramente partidista sobre un asunto relacionado con una mayor transparencia democrática que está ya ordenado así en la mayoría de los países europeos de nuestro entorno y que reclama la Unión Europea.

El documento prácticamente pactado antes del verano había aceptado el 80% de las enmiendas de esos grupos, la mayoría del PP. La ley no se llevó a pleno en julio por algunos matices que quiso introducir Junts y se dejó pendiente para después de las vacaciones. La vicepresidencia primera alertó entonces de que si la norma no se aprobaba antes del 31 de agosto se podrían perder partidas millonarias de fondos europeos, que fue la razón que se esgrimió para apresurarla por decreto en el Consejo de Ministros del 25 de agosto. El decreto tendría que ser convalidado por las Cortes en menos de un mes pero en el camino se ha tropezado con el endiablado clima político del país y con el malestar creciente de la patronal y los sindicatos, muy particularmente.

El PP llevará el asunto a su reunión este lunes de su Comité de Dirección pero pese a labor negociadora de su portavoz en la comisión del Congreso, Ángel Ibáñez, que ha logrado colar numerosas enmiendas en el texto, la responsable y vicesecretaria de esa área, Cuca Gamarra, ya ha avanzado en reuniones privadas que no le darán ahora esa baza al Gobierno. En Junts confirman que tampoco lo apoyarán porque no ven sus propuestas incluidas y porque no se ha consensuado al más alto nivel, como ya se lo han traslado al Ejecutivo. Entienden que la norma “está mal, no distingue entre la gran empresa multinacional o la pequeña asociación de un pueblo, tiene mucha burocracia y parece beneficiar solo a los profesionales del lobismo: control sí pero bien hecho”, afirman fuentes de su cúpula.

No ayuda, tampoco, la oposición manifestada abiertamente por la patronal CEOE y los principales sindicatos, UGT y CCOO, en público y en reuniones bilaterales. Los sindicatos han llegado este viernes a emitir un comunicado en el que exigen al Gobierno y los grupos que no convaliden el decreto “por vulnerar el papel constitucional de las organizaciones sindicales”. Creen que no se justifica la urgencia del decreto y piden que se tramite como proyecto de ley para garantizar la participación de los interlocutores sociales y que se defina mejor su labor respetando “el papel constitucional reconocido a las organizaciones sindicales”. Unas tesis en las que coinciden totalmente con las quejas de la CEOE y Cepyme, que las han hecho llegar al Ejecutivo hasta con gestos simbólicos como paralizar las reuniones bilaterales.

CCOO y UGT tildan de “despropósito” que en el decreto se pueda “equiparar a las organizaciones sindicales con el papel que puedan desarrollar los diferentes grupos de interés” porque concluyen que ello “supone ignorar, por parte del legislador, las funciones representativas constitucionales atribuidas a los agentes sociales directamente por los artículos 7 y 28 de la Constitución y por la propia Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical”.

“Las organizaciones sindicales son sujetos constitucionales y caracterizarlas como grupo de interés, por el hecho de participar en la elaboración de políticas públicas y los proyectos normativos que las desarrollan para mejorar las condiciones de vida del conjunto de la sociedad, supone desconocer por parte del legislador el contenido de un derecho y una obligación atribuidos a dichas organizaciones por la normativa básica”, explican en su duro comunicado, en el que se califican de “sujeto constitucional”.

El artículo 7 de la Constitución precisa: “Los sindicatos de trabajadores y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democráticos”. Esa referencia genérica a su tarea en defensa de los intereses económicos y sociales es la que defienden la patronal y los sindicatos para argumentar que pueden y deben actuar en todos los ámbitos y que no les debe limitar como piensan que sucedería si tuvieran que ser como cualquier lobby e informar de sus reuniones, agendas y contactos para otras muchas materias incluso del ámbito político, desde la vivienda o la situación en Ceuta, donde el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, ha estado estos días.

Desde la CEOE se agarran también a ese texto de la norma básica para expresar su oposición a que la nueva ley les pueda obligar a figurar como lobbies en el registro aprobado y ya en funcionamiento en el Consejo de la Transparencia y en el que en apenas dos semanas en vigor ya han formalizado su entrada 250 firmas.

El portavoz del PSOE en el Congreso sobre esta materia, el diputado José Luis Acebes, ha mantenido charlas con todos los grupos para asegurarles que la mayor parte de sus demandas habían sido tomadas en cuenta y que no es cierto que se fuerce el registro de la patronal y los sindicatos, aunque reconoce que en el texto no quedan excluidos expresamente y que ese punto podría mejorarse en la tramitación parlamentaria de la ley. “No haría falta, porque ya tienen reconocido ese derecho constitucional, pero se podría precisar mejor durante la discusión parlamentaria”, admite.

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha ratificado esa versión en sus contactos con los agentes sociales, matizando que no deben inscribirse “para el desarrollo de sus funciones constitucionales o legalmente reconocidas de representación y defensa de intereses colectivos”. Matiz que sigue sin dejar tranquilos ni a la CEOE ni los sindicatos, que concluyen que con esa redacción deberían inscribirse como un lobby más para actuar en otros ámbitos. También lo entiende así Carlos Parry, que ejerce de presidente de Apry, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales que agrupa a 350 lobistas y 33 grandes empresas del sector, y que apenas tiene esperanzas de que el decreto sea ratificado y se homologuen sus funciones como en toda Europa. Tampoco entiende los recelos de la patronal y los sindicatos y recuerda que ya están inscritos sin problemas en registros europeos similares o de comunidades autónomas.