Las comunidades aprueban los 25 millones para Ceuta, pero mantienen el pulso por los menores inmigrantes

Dos cosas han quedado claras este jueves en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. La primera, que los 25 millones de euros prometidos por el Gobierno para ayudar a Ceuta llegarán a la ciudad autónoma, como estaba previsto, tras el respaldo unánime de las comunidades que han acudido a la reunión. La segunda, que cuando se habla del reparto de menores inmigrantes, siempre se desatan las tensiones. El crédito encuentra una salida casi un mes después de la entrada masiva de los pasados 30 y 31 de julio; el reparto, en cambio, sigue encallado. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha subrayado en rueda de prensa que, aunque la primera opción para estos menores es la reagrupación familiar, “en la mayoría de los casos no hay posibilidad de retorno”. “Ahí, como sociedad, lo que nos corresponde es acoger y cuidar de esos niños”, ha señalado.

El reparto de menores inmigrantes se ha convertido en uno de los principales frentes de batalla entre las comunidades autónomas y el Gobierno. Aun así, Rego ha defendido la “importancia de los traslados para desinflamar la situación de Ceuta”. La ministra ha explicado que el proceso se encuentra ahora en la fase de filiación de los menores: “Estamos terminando esa fase porque la situación de desborde ha sido tan grande que estamos aún con esto. Luego empezarán las entrevistas caso a caso”.

Según ha detallado, ya se están tramitando los primeros expedientes, una vez concluidos, se trasladarán a Marruecos para tratar de determinar la situación familiar de los menores. Sin embargo, la titular de Infancia no se ha mostrado especialmente optimista sobre la colaboración del país vecino. “Ahora mismo hay 600 expedientes que tiene Marruecos para acreditar la situación familiar de menores que llegaron antes del 30 de julio que están sin responder”, ha matizado.

La reunión de este jueves ha arrancado con las ausencias ya anunciadas: Aragón, Extremadura y Castilla y León, las tres autonomías donde Vox gestiona las competencias de menores desde las elecciones autonómicas celebradas entre diciembre y el pasado marzo. Mientras los consejeros de Cataluña, Canarias, Navarra y Madrid acudían al ministerio, el resto seguía el encuentro por vía telemática. Los tres ejecutivos con participación del partido ultra de Santiago Abascal ya habían comunicado su decisión en una carta remitida a Rego el miércoles, en la que exigían que constara en el acta su veto expreso “a cualquier reparto de menas” desde la ciudad autónoma “hacia cualquier parte del territorio nacional”. Fue precisamente la aceptación por parte del PP de acoger menores en sus comunidades desde Canarias la excusa que esgrimió Vox para salirse de los cinco gobiernos autonómicos que compartía con los populares en 2024.

Pese al rechazo del PP a nuevos repartos, fuentes ministeriales presentes en la reunión destacan que el tono de todas las comunidades ha sido “más amable, constructivo y dialogante” que el de hace algunas semanas y lo achacan no solo a que se aprobase una cuantía para Ceuta a la que no tendría sentido oponerse, sino a que el departamento ha “puesto sobre la mesa” varias propuestas de trabajo. “El real decreto va a seguir derivando menores a península, y hay que buscar un mecanismo que traslade de manera urgente, sobre todo a las niñas”, señalan las mismas fuentes, que, pese al ruido, ven posible que se den acuerdos bilaterales entre comunidades y Ceuta y también a través de entidades.

En el orden del día del encuentro figuraba un único asunto para su votación: la transferencia de 25 millones de euros a Ceuta. Sin embargo, el Ministerio que dirige Rego incorporó además un segundo punto, de carácter informativo, sobre la situación de los menores en la ciudad autónoma. El PP se opuso a su inclusión al considerar que se había añadido de forma “ilegal”. Finalmente, este punto no ha podido abordarse. Al tratarse de un asunto que debía someterse a votación y haberse ausentado tres comunidades autónomas de la reunión, el reglamento impedía que pudiera votarse.

Por el momento, el Ministerio ha confirmado que 1.500 niños se encuentran en el sistema de acogida de Ceuta, aunque las ONG que trabajan sobre el terreno elevan al doble la cifra de menores que todavía permanecen en la ciudad autónoma. De ellos, según Rego, muchos son menores de 13 años y 700, niñas. La transferencia de 25 millones de euros permitirá a Ceuta imputar los gastos que se han generado durante las últimas semanas para “atender a los niños y niñas que están solos allí, evitar que se encuentren en situación de calle, además, aliviar la situación de la ciudad”, según explican fuentes del Ministerio. El acuerdo contempla que esta cuantía pueda destinarse a sufragar gastos de alojamiento, traslados, alimentación, vestuario, apoyo jurídico, atención médica, acompañamiento socioeducativo, servicios de traducción, así como la identificación de perfiles vulnerables y su atención.

Ante las críticas por la tardanza del Gobierno en activar estas ayudas, la ministra de Infancia ha defendido la actuación de su departamento y ha explicado que los plazos para aprobar la partida económica no dependen exclusivamente del Ministerio. “Los tiempos [para aprobar la partida económica] no los puedo recortar. Tengo que pasar por un Consejo de Ministros, por una Conferencia Sectorial, etcétera”, ha señalado. Según fuentes ministeriales, en la reunión se ha puesto sobre la mesa la propuesta para trasladar 500 niñas acogidas actualmente en la ciudad autónoma a recursos privados gestionados por organizaciones de protección a la infancia en la península. La tutela, sin embargo, seguiría en manos de Ceuta.

“Ahora corresponde a Ceuta tomar la decisión”, ha señalado Rego, que ha reiterado que el Ejecutivo de la ciudad autónoma mantiene la competencia y la tutela de las menores. “Los recursos económicos los va a poner el Gobierno, ahí está el compromiso”, ha añadido la ministra. Fuentes del Ministerio explican que la cifra de 500 menores se ha planteado inicialmente porque ya están disponibles esas plazas en recursos gestionados por entidades privadas, sin que su ocupación suponga detraer recursos de los sistemas de acogida de las comunidades autónomas.

A la espera de que el presidente ceutí tome una decisión, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha rechazado “cualquier tipo de reparto” de los menores migrantes no acompañados que permanecen en la ciudad autónoma y ha reclamado su retorno con sus familias. Dávila también ha considerado “insuficientes” los 25 millones de euros comprometidos por el Gobierno, una cantidad que, a su juicio, “solo va a alcanzar para atender a los menores en los próximos dos meses”.

También Canarias considera insuficiente la cantidad aprobada en la Conferencia. Su consejera, Candelaria Delgado, ha pedido al Estado que incremente la financiación porque, “por experiencia propia, esa cantidad no le dará a Ceuta para más de tres meses”. Además, ha defendido que los menores “puedan ser trasladados incluso a otros Estados de la Unión Europea”. La ministra Sira Rego ha explicado que los 25 millones se calcularon el 30 de julio, cuando aún no se conocía el número de llegadas, y se ha mostrado abierta a ampliar la partida. Sobre la posibilidad de trasladar a los menores a otros Estados miembros, ha señalado que “muchas de las personas que vienen a nuestro país no acaban aquí. Son puertas de entrada, pero no lugares de llegada”. Por ello, ha defendido que la Unión Europea debe abordar la situación desde la solidaridad entre sus Estados.

El consejero de Derechos Sociales e Inclusión de la Generalitat de Cataluña, Raúl Moreno, ha evitado concretar si su comunidad acogerá a alguno de los menores. “En este momento no estamos en ese punto”, ha respondido. Moreno ha defendido que Cataluña ya afronta una importante presión sobre su sistema de protección: “Cataluña está acogiendo en estos momentos a más de 2.000 menores y a más de 4.000 chicos y chicas de entre 18 y 23 años. Nuestro sistema está equilibrado hacia las necesidades que tenemos”. Por ello, ha señalado que la Generalitat “analizará las propuestas y estudiará su viabilidad”, aunque ha advertido de que “la respuesta no puede ser solo de una comunidad autónoma”.

Las declaraciones de Moreno llegan apenas un día después de que Junts haya pisado el acelerador en el Congreso para reclamar la delegación de las competencias en inmigración a Cataluña y haya amenazado con no respaldar ninguna votación del Gobierno de Sánchez si la Generalitat termina acogiendo a menores procedentes de Ceuta.