Las 19 quejas de Bolaños sobre Peinado que el CGPJ archivó: “Censuró mi expresión facial y me prohibió sonreír”

Descalificaciones “impropias” de un juez, peticiones “atípicas” o comentarios “intimidatorios”. Las quejas enviadas por el ministro Félix Bolaños al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la actuación del juez Juan Carlos Peinado cuando lo interrogó como testigo sobre la contratación de la asistenta de Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, desgranan un total de 19 “irregularidades” que el ministro atribuye al juez. Las denuncias, recogidas en cinco cartas enviadas entre junio de 2025 y abril de 2026 a la presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, recogen también el clima de alta tensión que rodeó la cita antes, durante e incluso después de la declaración (Bolaños insinúa que Peinado intentó que el Tribunal Supremo le imputara en represalia por quejarse ante el CGPJ). Con estos cinco escritos, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, el titular de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes reclamó al Consejo que sancionara a Peinado apelando a la necesidad de “preservar el prestigio y la reputación” de la judicatura española. Pero el órgano de gobierno de los jueces descartó el 28 de julio esa posibilidad y archivó las quejas de Bolaños al considerar que, si bien algunas decisiones del magistrado pueden ser “discutibles”, no merecen reproche disciplinario.

El interrogatorio a Bolaños es uno de los episodios controvertidos que han rodeado la actuación de Peinado como instructor del caso contra Begoña Gómez, procesada por tráfico de influencias y malversación por, supuestamente, aprovecharse de su condición de esposa del presidente del Gobierno para impulsar su carrera profesional. El magistrado citó al ministro para preguntarle por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de Gómez y también procesada en el caso. La comparecencia se fijó para el 16 de abril de 2025, y ya antes de esa fecha el intercambio de escritos entre Bolaños y Peinado anunciaba una cita cargada de fricción: el ministro pidió declarar por escrito, una posibilidad que contempla la ley para miembros del Gobierno cuando se les vaya a preguntar por hechos que hayan conocido por razón de su cargo, pero el juez lo rechazó porque la contratación de Álvarez no se produjo cuando Bolaños era ministro, sino secretario general de la Presidencia. El instructor, además, impuso condiciones para aceptar que la cita se celebrara en el despacho de Bolaños en La Moncloa en vez de en la sede de Justicia situada en la calle San Bernardo de Madrid, como había dispuesto de inicio.

Estos rifirrafes calentaron una sesión que, según ha reconocido el propio Consejo, se desarrolló “en un clima de tensión”. Las cartas que el ministro remitió a Perelló dan cuenta de ello. Entre la primera y la última pasaron 13 meses. La primera, fechada el 4 de junio de 2025, es la más larga: 11 folios en los que el titular de Presidencia y Justicia expone las circunstancias en las que se desarrolló su comparecencia, que Bolaños considera “absolutamente anómalas”. En ese escrito, el titular de Presidencia y Justicia detalla 13 quejas contra el juez, “con el fin de que el Consejo General del Poder Judicial pueda evaluarlas y adoptar las medidas que resulten oportunas”.

El ministro, además de reprochar al instructor decisiones previas a la cita, se queja de haberse enterado de que tenía que acudir a declarar como testigo por los medios de comunicación 24 horas antes de que se le notificara a las partes y cuatro días antes de que él recibiera a citación; también reprocha que se revelaran las comunicaciones intercambiadas entre el juzgado y el ministerio para organizar la comparecencia; o que la comisión judicial “se hizo acompañar al complejo de La Moncloa por la policía adscrita en un coche rotulado para que se viera con facilidad que era un vehículo policial”. “Esto permitió que el coche en el que se desplazaba la comisión fuese identificado con facilidad por los medios de comunicación, determinando que todas las gestiones discretas que se habían realizado desde el Ministerio para atender la petición de seguridad del juzgado perdiesen por completo su virtualidad”, escribe el ministro, que añade que “quien trasladó esta información a los periodistas antepuso la voluntad de dar a conocer a los medios de comunicación los datos sobre los vehículos a la necesaria seguridad del traslado”.

Una vez dentro de la sede del Gobierno y, según Bolaños, con todo ya listo para empezar, la declaración se retrasó por la formulación, por parte del juez, “de peticiones anómalas e imprevistas”. La primera, “la exigencia sorpresiva” de que el conductor que el ministerio había puesto a disposición de Peinado “les recogiese en la propia oficina del juzgado, no siendo suficiente que los esperase directamente en el garaje”; y la segunda, que, al llegar al despacho, el instructor “reclamó una tarima sobre la que instalar su mesa, con la pretensión de ubicarse, físicamente, en una posición más alta que la del resto de las personas que participaban en la práctica de la testifical”. El ministro advierte que esa petición era “del todo imprevisible” porque el mismo juez no la realizó cuando tomó declaración al presidente del Gobierno por el mismo caso y, además, “se trata de una solicitud sin amparo normativo”.

El ministro denuncia también “expresiones, comentarios e indicaciones” pronunciadas por el juez durante el interrogatorio que Bolaños considera “de desconsideración y menosprecio” hacia él. Cita como ejemplos la advertencia que le hizo Peinado de que en cualquier momento de la declaración podría cambiar su “condición”, supuestamente, de testigo a investigado, una afirmación, asegura, que “además de resultar exclusivamente intimidatoria” es “del todo improcedente, pues el juez de instrucción no tenía capacidad” para tomar esa decisión, ya que a los ministros solo puede imputarlos el Tribunal Supremo. El titular de Presidencia y Justicia explica también que el juez le “reprobó de manera airada, en distintos momentos de la declaración” por la forma de expresarse (“por ejemplo, por utilizar expresiones como ‘creo que’ o ‘en términos generales’) o por alegar que hay cuestiones que él no conocía. Y añade: “El juez también consideró oportuno censurar mi expresión facial, prohibiéndome ‘esbozar una sonrisa’ durante la diligencia”.

A esta carta, que el Consejo derivó a su autoridad disciplinaria y fue la que dio lugar a la apertura de diligencias contra Peinado, le siguieron otras cuatro en las que el ministro amplió su queja inicial con nuevos hechos. En la primera, del 29 de julio de 2025, Bolaños denuncia, entre otros hechos, que el juez, en el escrito que envió sin éxito al Supremo para pedir que le imputara, se refiere sistemáticamente a él como “investigado”. “Evidentemente, no se trata de un error, sino que es una denominación que se utiliza de manera voluntaria y consciente, obviando mi condición de aforado y prejuzgando la decisión de la Sala II del Tribunal Supremo”, señala el socialista, que considera que se trata de “una irregularidad procesal más” del instructor “con el objetivo claro de afectar” su reputación.

Las tres últimas cartas las envió el 27 de agosto de 2025, para denunciar que Peinado hubiera hecho pública la apertura de diligencias contra él por parte del CGPJ; el 3 de octubre de ese año, después de que el instructor mencionara la declaración de Bolaños en el auto de procesamiento de Gómez, lo que, según el ministro, constata “la evidente intención del instructor de manchar” su nombre; y el 1 de abril de 2026, la única en la que el dirigente socialista no se queja del juez sino de la tardanza del CGPJ en resolver la investigación que abrió tras su primera denuncia. El ministro expone ante Perelló su “preocupación” por el hecho de que, 301 días después de su primer escrito, el CGPJ no hubiese decidió todavía si expedientaba o no al juez, lo que podría dar lugar a que “la eventual responsabilidad disciplinaria” del instructor no tuviera ningún efecto, ya que Peinado se jubila el próximo 27 de septiembre.

Finalmente, de las seis investigaciones que tenía abiertas contra el magistrado, el CGPJ solo ha apreciado en dos de ellas indicios de que Peinado pudo cometer una falta leve (cuyo castigo máximo es una multa de 500 euros), por lo que las ha derivado al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las otras cuatro se han cerrado sin consecuencias, incluida la de Bolaños, cuyo archivo salió adelante con el voto de los cuatro vocales de la comisión permanente del Consejo propuestos por el PP y el del vocal propuesto por Sumar, Carlos Hugo Preciado. Los otros vocales progresistas, Argelia Queralt y Bernardo Fernández, votaron en contra de dar carpetazo al caso, y Perelló, una vez que constató que había una mayoría a favor del archivo, dio por aprobada esta decisión sin llegar a enunciar su postura.

Queralt y Fernández han presentado un voto particular en el que defienden que la valoración del trato dispensado a Bolaños durante su declaración no debió`limitarse a constatar que no hubo insultos o expresiones abiertamente ofensivas. Para estos vocales, los episodios descritos por el ministro no podían valorarse “aisladamente”. “Su reiteración, proximidad y creciente personalización exigían determinar si una dirección severa pero legítima del interrogatorio se había transformado en un trato objetivamente intimidatorio, humillante o desconsiderado”, afirman.