La violencia en Zacatecas empaña las posibilidades de Morena de retener el Gobierno en 2027
Diez cadáveres abandonados en distintos puntos de Zacatecas, cinco de ellos suspendidos de un puente, bastaron para enturbiar la narrativa de un Estado que decía estar dejando atrás los años más oscuros de la violencia. Hay asesinatos que, por su magnitud, trascienden la estadística de la violencia en México y se convierten en un espejo de las relaciones de poder que atraviesan los territorios. Este homicidio múltiple que acabó con la vida de un exalcalde y varios funcionarios y empresarios ha adquirido esa dimensión. Más allá de la investigación judicial, que apuntó inicialmente a la colusión con el crimen organizado de las víctimas, el caso ha abierto una batalla de narrativas en la que confluyen intereses políticos, económicos y criminales.
La escena en la que colocaron los cuerpos de cinco de las víctimas en el lateral de un puente, cuidadosamente montada para ser vista, llevó al Estado del centro-norte del país al núcleo de una conversación que va mucho más allá de la escena de horror y que, en los últimos meses, se había concentrado en lo que ocurre en otros territorios como Sinaloa o Michoacán: qué está pasando en Zacatecas. El Gobierno de Claudia Sheinbaum apenas ha mencionado, y de pasada, una sola vez el tema. Desde la madrugada del 18 de julio, el mayor enigma no es únicamente quién ordenó y ejecutó la matanza —autoadjudicada, a través de un videomensaje, al grupo criminal Los Mayos y Cabrera, brazo armado del Cartel de Sinaloa—, sino las redes que se tejen en el Estado.
Lejos de existir una explicación clara, en torno a la matanza se han dado a conocer hipótesis que salpican a las autoridades locales de Fresnillo, que ponen en entredicho la gestión del Gobierno estatal de David Monreal, que empañan al sector empresarial y que exponen el alcance de las organizaciones del narcotráfico que desde hace años disputan el control de la entidad: el Cartel de Sinaloa y el Cartel Jalisco Nueva Generación.
Mientras la Fiscalía busca reconstruir los hechos, en las oficinas del Gobierno, en los círculos empresariales y en los pasillos de la política estatal se libra otra batalla: la del relato. Confluyen dos interpretaciones distintas sobre lo que está detrás de los asesinatos y esa dualidad se ha convertido en un espejo de las fracturas que aquejan a la entidad.
El móvil del crimen sigue siendo una incógnita, que la fiscalía ha inclinado hacia la colusión de las víctimas en actividades de extorsión. En ese sentido, distintas fuentes consultadas por EL PAÍS —empresarios y actores políticos del oficialismo y de la oposición, todas bajo condición de anonimato por razones de seguridad— han coincidido en relacionar la matanza con que las víctimas se dedicaban a actividades económicas que históricamente han sido objeto de control por parte de grupos del crimen organizado en Zacatecas. No se trata únicamente del tráfico de drogas. El dominio criminal, sostienen, se ha extendido hacia todos los mercados.
La venta y distribución de alcohol, la organización de ferias, la contratación de espectáculos, la comercialización de materiales para la construcción y los contratos relacionados con la obra pública estatal y municipal son solo algunos. Esas actividades mueven millones de pesos y están bajo el radar de los grupos criminales, que controlan quién compra, quién vende y con quién se hacen negocios. “El crimen organizado controla todo”, sostiene una fuente del oficialismo.
Eso alimenta una de las explicaciones sobre el ataque. Empresarios de la entidad cuentan que sobre el homicidio múltiple se proyecta la sombra de la extorsión. Que los mataron por incumplir las reglas impuestas por el grupo criminal que tiene mayor presencia en el norte del Estado, el Cartel de Sinaloa. En eso también coinciden actores del oficialismo.
Algunas de esas fuentes mencionan que varias de las víctimas concretaron transacciones con proveedores presuntamente vinculados a grupos rivales, rompiendo el esquema informal de control económico. La investigación de las autoridades también se ha inclinado por esta vía, sin que hasta ahora se hayan mostrado pruebas. El fiscal de Zacatecas, no obstante, quiso cuidarse de no estigmatizar o culpar a las víctimas de esa supuesta participación en actividades de extorsión. “Somos conscientes de que pudo ser de manera voluntaria o coaccionada, y lo repito, es una línea de investigación porque carecemos de denuncia alguna”, declaró Cristian Paul Camacho Osnaya.
Los nombres de las víctimas dibujan un mapa del poder local que desgrana la dimensión política de la matanza. No eran desconocidos ni hombres anónimos. Entre los asesinados estaban Ignacio Castrejón, exalcalde del municipio de Sombrerete y empresario; Fidel Alvarado, secretario de Desarrollo Social de Fresnillo; Jesús Gerardo Muñetón, bombero municipal; los empresarios Fernando Robles, Jesús Daniel Rivera (organizador de ferias), Juan Carlos Berumen (dueño de un bar); José Armando Ledesma y Armando Ledesma, padre e hijo; el líder ganadero José Ángel Valdez y el exregidor duranguense Andrés Vázquez. Entre todos, abarcaban varias aristas del mundo de los negocios, administración pública y liderazgo regional que deja claro que este trasciende la lógica de otros crímenes.
“En algunos casos, por ejemplo, el de Jesús Rivera, él era organizador de feria. El Cartel de Sinaloa se encarga de organizar las ferias, de llevar a los artistas, de la venta de cerveza. Y en todos los casos, cada quien en su rubro, fue por incumplimiento, no respetaron, se les hizo fácil incumplir con el cartel”, refiere una fuente cercana a la Administración del gobernador David Monreal, de Morena. “En el caso de Carlos Berumen, que tenía un bar. Ellos controlan la venta de cerveza. Al precio que ellos quieren, se les tiene que comprar. Además de que les debía, compró en otro lugar”, refiere.
Lo mismo, apunta, ocurrió en cuanto al sector de la construcción. “En el caso del funcionario de Desarrollo Social [Fidel Alvarado]. El cartel ya está metido en las licitaciones de obra pública. Tengo información de que le quiso jugar al vivo y no les dio algunas obras. Fue un mensaje doble: el que no cumpla ya sabe a lo que se atiene”, abunda otra fuente consultada. En un vídeo que fue difundido días después del hallazgo de los cuerpos, aparece un grupo de hombres armados y enmascarados que, precisamente, recalcan las amenazas de muerte sobre quien no cumple con ellos.
Desde dentro del partido oficialista en Zacatecas también se ha apuntado a que el caso responde a un presunto ajuste de cuentas entre personas vinculadas con organizaciones criminales, una segunda tesis de investigación para la que tampoco se han dado a conocer hasta ahora evidencias. Nada está descartado para las autoridades.
Pero la diferencia entre ambas explicaciones es significativa. La primera coloca a los empresarios y actores económicos como víctimas o partícipes coaccionados de un sistema de control y extorsión criminal. La segunda sugiere que encontraron la muerte por ser parte de ese entramado. Pese a que el avance de la investigación no ha traído claridad y pese a que el Gobierno federal apenas se ha referido al brutal crimen en la última semana, en el oficialismo la preocupación se alimenta de ambas. Ahora bien, fuentes del movimiento han rechazado que las 10 víctimas pertenecieran a algún grupo delincuencial y consideran que presentar el caso bajo esa lógica busca contener el desgaste político de Monreal.
La batalla por la sucesión de 2027
El crimen ocurrió en un momento clave para el Estado. Faltan poco menos de dos meses para el inicio formal del proceso electoral, pero la sucesión de 2027 ya ha comenzado. Zacatecas será una de las 17 entidades que renovarán gubernatura y, según reconocen distintos actores políticos, Morena enfrenta un escenario complejo respecto al de hace seis años para mantener ese territorio. Un escenario que sirve de abono para la influencia de los grupos delincuenciales. Según ha podido saber EL PAÍS, ya han buscado a los posibles candidatos a la gubernatura para ofrecer su apoyo en la carrera electoral y establecer acuerdos con miras a los comicios intermedios del próximo año.
Asimismo, las tensiones internas se han intensificado conforme se acerca la definición de candidaturas. El fuego amigo ha entrado en escena. Integrantes del oficialismo han puesto en tela de juicio la probidad del Gobierno del Estado que administra la agrupación guinda. En ese contexto, el homicidio de los 10 empresarios y funcionarios adquiere un tono político inevitable. No porque exista evidencia de que el crimen responda a una disputa electoral, sino porque delinea el entorno en el que esa competencia se desarrollará, refieren fuentes de la oposición y de Morena. “Este crimen solo favorece a la oposición, que aprovechará el desgaste para colocar su narrativa” que cuestiona la gestión actual, sostiene un legislador federal.
Operadores locales coinciden en que la violencia altera equilibrios, debilita al Gobierno de Monreal y marca el tono del proceso electoral a la vuelta. Lo ensucia. La percepción de inseguridad puede redefinir el debate público en un Estado donde la violencia se anota como uno de los principales temas de campaña. La masacre también vuelve a colocar bajo escrutinio la gestión de Morena. “Hay muchos elementos a lo largo del país que demuestran que ha habido tolerancia y en muchos otros casos, colusión del Gobierno con el crimen organizado”, acusa la vicecoordinadora del PAN en la Cámara de Diputados, Noemí Luna Ayala, originaria de Zacatecas.
No obstante, la administración estatal ha presentado resultados sobre una disminución de los niveles de violencia. Una tendencia a la que confronta el hallazgo de los 10 cuerpos y de la brutalidad de los asesinatos. Los actores políticos y empresariales consultados describen ahora un ambiente marcado por el miedo y la cautela. En ese escenario, el crimen se ha convertido, además de una investigación judicial, en un episodio que expone las tensiones entre el Gobierno, los intereses económicos, las garras del crimen organizado y las fallas de seguridad. Diez personas fueron asesinadas y expuestas. Eso es irrefutable.
