La RFEF abre expediente al Barcelona por el caso Julián Alvarez y el club confía en demostrar que no ha vulnerado ninguna norma

El caso Julián Alvarez entra en su fase más delicada. El Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha decidido incoar un procedimiento disciplinario extraordinario contra el FC Barcelona a raíz de la denuncia presentada por el Atlético de Madrid el pasado 30 de junio, en la que el club rojiblanco acusa a los azulgranas de haber negociado con el delantero argentino pese a tener contrato en vigor con el conjunto colchonero hasta 2030. La Federación comunicó la decisión a ambos clubes este mismo jueves.

Fuentes del FC Barcelona consultadas por este diario confirman que la entidad ha recibido hoy la notificación oficial, aunque subrayan que se trata del mismo escrito que el Atlético ya remitió en su día tanto a la FIFA como a la Federación Española. Según estas fuentes, la apertura de expediente forma parte del protocolo habitual del organismo, que da ahora al club la posibilidad de alegar antes de que se determine si hubo o no infracción. Desde la entidad se muestran confiados en poder acreditar que no se ha incumplido ninguna normativa durante los contactos mantenidos con el entorno del jugador, y aseguran que el equipo legal ya trabaja en la respuesta, aunque desconocen todavía el plazo exacto del que disponen para presentarla.

Se trata de un procedimiento extraordinario, figura que la RFEF reserva para los casos de mayor gravedad, como el incumplimiento de las normas de traspasos, la duplicidad de contratos o las alteraciones del orden competitivo. Su apertura implica que el órgano disciplinario ha apreciado indicios suficientes como para nombrar a un juez instructor, encargado de recabar pruebas, revisar comunicaciones y tomar declaración a las partes.

La denuncia del Atlético se sustenta en que Julián Alvarez, de 26 años, seguiría dentro del periodo de protección contractual que la normativa otorga a los futbolistas de entre 23 y 28 años durante las tres primeras temporadas de contrato, lo que impediría negociar con él sin autorización del club colchonero. El consejero delegado rojiblanco, Miguel Ángel Gil Marín, ya había hecho pública la denuncia a finales de junio, en paralelo a una estrategia del club, con Diego Simeone incluido, orientada a recomponer la relación entre el futbolista y una afición que no perdonó sus palabras durante el pasado Mundial sobre su deseo de marcharse.

Si el procedimiento acabase derivando en sanción, tanto el Barcelona como el propio Julián Alvarez podrían verse afectados, aunque el alcance de un eventual castigo dependerá de lo que concluya la instrucción y de las alegaciones que presenten ambas partes.

Con la Federación y ambos clubes ahora a la espera de alegaciones, el futuro del delantero permanece abierto: el Atlético insiste en su intención de retenerlo amparándose en la elevada cláusula de rescisión fijada en su contrato, mientras el desenlace del expediente y su posible incidencia en un eventual fichaje por el Barcelona están todavía por ver.