La presidenta del Supremo: “No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión”

La presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, ha respondido este jueves a las críticas que han suscitado entre el Gobierno y sus socios parlamentarios la reciente decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho al voto de los españoles que han obtenido la nacionalidad a través de la Ley de Memoria Democrática, la llamada ley de nietos. Perelló ha contestado a esas descalificaciones durante su intervención en la apertura del año judicial, la ceremonia presidida por el Rey en el Tribunal Supremo con la que cada mes de septiembre se inaugura el curso en los tribunales. “No es admisible que la descalificación pública de los jueces se convierta en un instrumento de presión sobre el ejercicio de la jurisdicción. El respeto y la lealtad institucional exigen tener presente esa responsabilidad”, ha afirmado la presidenta del Supremo, quien ha reivindicado la independencia del Poder Judicial. “Solo juzga conforme a la ley quien no está sometido a nada más”, ha dicho.

El acto más solemne del año judicial se ha celebrado este año atravesado por la crisis migratoria de Ceuta y el enésimo desencuentro entre el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el Poder Judicial a raíz de la suspensión del derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos. Desde que el pasado martes se conoció la decisión del Supremo, el Ejecutivo no ha escondido el enorme malestar que le ha producido esa resolución, que algunos consideran una nueva maniobra del alto tribunal para favorecer a la oposición y desgastar al Gobierno de Pedro Sánchez.

En el Salón de Plenos se han dado cita 48 horas después los principales actores del conflicto. El Gobierno ha estado representado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien tras hacerse público el fallo del tribunal reclamó a los jueces que resuelvan “lo antes posible” el fondo del litigio sobre el derecho de voto de los nacionalizados por ley de nietos. A dos asientos, separados por el Rey, la presidenta del Supremo, que hasta ahora había guardado silencio sobre este asunto, pero que este jueves ha aprovechado su intervención ante Felipe VI, el ministro de Justicia y casi la totalidad de los magistrados del Supremo, para pedir “respeto” por el trabajo de los jueces.

“Los jueces pueden incurrir en errores en la aplicación del Derecho. Nuestro ordenamiento asume esa posibilidad y establece un sistema de recursos para revisar las actuaciones judiciales, en su caso, corregirlas”, ha señalado Perelló, quien ha defendido que las resoluciones judiciales “pueden ser criticadas” en cuanto a la interpretación que haga el juez de la ley, la valoración de la prueba o la solidez y calidad del razonamiento. “Pero la discusión jurídica sobre las razones de una resolución no puede ser sustituida por la atribución al juez de propósitos políticos o ideológicos, a partir de la mera discrepancia con lo resuelto, porque, con ello, se desconoce la naturaleza de la función que la Constitución encomienda en exclusiva a jueces y magistrados”. “Si esas descalificaciones proceden de quienes ejercen responsabilidades institucionales, la gravedad es mayor”, ha añadido.

El discurso por escrito que llevaba escrito la presidenta del Supremo iba separado por temas, cuyo enunciado resume los asuntos en los que Perelló ha querido poner el foco: independencia judicial; democracia y Poder Judicial; crítica de las resoluciones judiciales y errores; lawfare; descalificaciones y responsabilidad institucional… En este apartado, la presidenta ha insistido en su llamamiento a la “lealtad institucional” como “principio estructural del Estado Constitucional”. “En los últimos tiempos hemos escuchado, sin embargo, acusaciones expresas generalizadas de que jueces y tribunales adoptan determinadas decisiones por razones políticas y no por las razones jurídicas que expresan sus resoluciones”, ha lamentado Perelló, para quien esta es una imputación “de extraordinaria gravedad, que puede llegar a comportar la atribución de una conducta delictiva”. “Una acusación de esta naturaleza pone en cuestión que la actuación judicial responda exclusivamente al Derecho y compromete, por ello, uno de los presupuestos esenciales del ejercicio de la jurisdicción, asimismo, el Estado de Derecho”. La presidenta del Supremo ha hecho también un ejercicio, aunque breve, de autocrítica. “Por supuesto, la función judicial exige también de quienes la desempeñan mesura en el ejercicio de sus atribuciones. La independencia no exime al juez de tener presente la trascendencia que sus actuaciones y decisiones pueden tener para los derechos e intereses de los ciudadanos. La prudencia ha de extenderse igualmente a sus intervenciones públicas”.

Como espectadores invitados han asistido el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo; la presencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y del Senado, Pedro Rollán; el presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido. Perelló ha dedicado también parte de su discurso a reivindicar el trabajo hecho por el Consejo en los dos años que lleva de mandato y ha tenido unas palabras para la crisis migratoria de Ceuta, el otro gran asunto que ha enturbiado en las últimas semanas la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. “En una situación tan complicada, los ciudadanos pueden confiar en el compromiso del Poder Judicial con el Estado; y en que los jueces van a seguir trabajando, velando por los derechos de los afectados y por el cumplimiento de la ley”, ha afirmado Perelló, que ha recalcado que la situación que sufre la ciudad autónoma “exige una respuesta que preserve la integridad” d ela frontera española “y el control ordenado de los accesos, y que asegure, al mismo tiempo, la aplicación de las garantías previstas en nuestro ordenamiento”.

La fiscal general: “La corrupción erosiona la confianza de la ciudadanía”

Antes que Perelló ha tomado la palabra Teresa Peramato, nombrada fiscal general del Estado el pasado diciembre tras la condena del Supremo a su predecesor en el puesto, Álvaro García Ortiz. Este es el primer año que acude al acto de apertura del año judicial como titular del cargo de máximo responsable del ministerio público. Su designación fue bien recibida, pero han surgido fricciones con el paso de los meses con el sector más conservador de la carrera y en el alto tribunal ha sentado especialmente mal que la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado enviase un escrito a la Comisión Europea —para la confección del Informe sobre el Estado de Derecho en 2026— donde se denunciaban “irregularidades” en el proceso contra García Ortiz.

Tras un ejercicio marcado por el estallido de escándalos de corrupción (que han llevado a la condena del exministro José Luis Ábalos y a la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero), Peramato ha aprovechado su discurso para defender de forma explícita la labor desempeñada por la Fiscalía Anticorrupción para “luchar” contra ese “fenómeno que erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones, distorsiona el correcto funcionamiento de los poderes públicos y compromete los principios de integridad y servicio al interés general que deben presidir toda actuación pública”. La fiscal general ha calificado de “referente” a Anticorrupción: “La investigación y persecución de estas conductas exige el máximo rigor, independencia y determinación, particularmente cuando afectan a autoridades o funcionarios que se prevalen de las responsabilidades inherentes a su cargo”, ha abundado.

Peramato ha arremetido contra las sombras de sospecha que tratan de extenderse sobre la Fiscalía. “En ocasiones se pretende presentar la actuación procesal de los fiscales mediante simplificaciones incompatibles con la complejidad jurídica de los asuntos en los que intervenimos”, ha dicho: “Se cuestionan duramente decisiones procesales concretas sin atender a los fundamentos legales que las sustentan; se atribuyen gratuitamente motivaciones espurias donde únicamente existe una valoración jurídica. Se distingue entre buenos y malos fiscales según que la posición procesal que adopten convenga a unos o a otros”, ha censurado, tras defender que el ministerio público asuma la dirección de las instrucciones penales —ahora en manos de jueces—. Para ello, eso sí, ha respaldado el proyecto de reforma del Estatuto de la carrera y ha incidido en que se “refuerza” así la “autonomía” de la institución.