La ley permite a las fundaciones recibir donaciones prohibidas a los partidos de los que dependen
La Ley de Financiación de Partidos Políticos les prohíbe aceptar donaciones procedentes de personas físicas por un importe superior a 50.000 euros al año y veta los donativos de personas jurídicas (entidades o empresas) cualquiera que sea la cuantía, para evitar que puedan condicionar su actividad política. Sin embargo, la fundación Disenso, vinculada a Vox, recibió en 2023 cuatro donaciones de personas físicas por un valor total de 232.300 euros, por lo que al menos una de ellas tuvo que superar necesariamente los 50.000 euros, mientras que la Pablo Iglesias, del PSOE, ingresó un único donativo de una persona jurídica por importe de 100.000 euros. Ambas son legales, y han sido avaladas por el Tribunal de Cuentas, ya que la misma ley exceptúa a las fundaciones de los límites que impone a los partidos de los que dependen.
Las fundaciones de los partidos políticos están estrechamente vinculadas a los mismos, hasta el punto de que la cuantía de la subvención que reciben del Ministerio de Cultura para sufragar sus gastos de funcionamiento depende del número de votos y escaños obtenidos en las últimas elecciones generales. El presidente de Disenso es Santiago Abascal, líder de Vox, mientras que la presidenta de la Fundación Pablo Iglesias es la exministra de Sanidad María Luisa Carcedo, que en 2022 sustituyó al entonces secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.
Sin embargo, su régimen económico es más laxo que los partidos de los que dependen, ya que pueden recibir donaciones de personas privadas sin límite de cuantía y también de personas jurídicas y empresas, salvo las públicas. Las fundaciones están obligadas a comunicar al Ministerio de Hacienda todas las donaciones que reciban y al Tribunal de Cuentas las procedentes de personas jurídicas, así como las de personas físicas superiores a 25.000 euros. Cuando estas últimas superan los 120.000 euros, el donativo debe formalizarse en documento público. Las fundaciones también están obligadas a hacer públicas, a través de su página web, aquellas subvenciones dirigidas a financiar un proyecto concreto, pero no las restantes.
Legalmente, las fundaciones no pueden aceptar donaciones anónimas, pero se amparan en la existencia de cláusulas de confidencialidad o la protección de datos personales para no revelar la identidad de sus donantes, incluso cuando se trata de cantidades tan importantes como las recibidas por Disenso (235.000 euros) o la Pablo Iglesias (100.000 euros). Esto deja un amplio margen para la opacidad en un momento en que el Congreso ha rechazado regular la actividad de los lobbies y grupos de influencia para dotarla de mayor transparencia. En los países donde existe tradición de financiar con aportaciones privadas las campañas políticas es obligatorio hacer pública la cuantía de los donativos y la identidad de los donantes.
El informe del Tribunal de Cuentas refleja que la fundación de Vox, con 2.732.300 euros, acapara el 58% de las todas donaciones y aportaciones recibidas en 2023 por las 37 fundaciones cuyas cuentas han sido fiscalizadas, cuyo importe conjunto asciende a 4.720.929 euros. El desproporcionado peso económico de Disenso responde, en gran media, al multimillonario trasvase de fondos que anualmente realiza el l partido ultra a su fundación (2,5 millones), una cantidad que multiplica por diez la aportación anual del PSOE a la Pablo Iglesias (259.940 euros).
Sin embargo, incluso sin contar con la transferencia de fondos del partido, también Disenso es la fundación que más dinero recibe por parte de donantes privados (235.300 euros procedentes de cuatro personas físicas). En comparación, Proyecto Reformismo 21, la fundación del PP (antes llamada Concordia y Democracia) recibió 15.835 euros de 65 donantes; la Sabino Arana, del PNV, 60.174 euros de 551 personas físicas, así como 83.250 de 11 entidades; y el Instituto República y Democracia, de Podemos, 24.921 euros de 40 donantes. La Pablo Iglesias no recibió donativos privados, pero la Rafael Campalans, del PSC, tuvo 132 de personas físicas (13.709 euros) y dos de personas jurídicas (15.000 euros)
En total, el Estado subvencionó en 2023 con 2.125.330 euros a las fundaciones de los partidos políticos. En este caso, el reparto fue proporcional a los resultados electorales a nivel general y en las distintas comunidades: Proyecto Reformismo 21 (PP), 547.123 euros; Disenso (Vox), 146.699 euros; Sabino Arana (PNV), 427.728 euros; Iratzar (Sortu), 107.642 euros; y Pablo Iglesias (PSOE), 368,562 euros. Otras fundaciones vinculadas a los socialistas (Ramón Rubial, Rafael Campalans o José Barreiro) recibieron más de 300.000 euros de subvención en conjunto.
