La Ley antimemes suma críticas por el riesgo de censura

Para el Gobierno es una reforma que protege la propiedad intelectual y evita que se tergiverse la identidad gubernamental para cometer fraudes; para la oposición, es una puerta abierta a la censura y la criminalización de la parodia. La “Ley antimemes”, aprobada en el Senado y que la próxima semana se discutirá en Cámara de Diputados, abrió una nueva grieta entre el oficialismo y la oposición, y un nuevo debate público sobre la libertad de expresión en México.

La iniciativa fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum en mayo de este año y finalmente fue aprobada por los senadores de Morena, PVEM y PT. La minuta se envió a la Cámara de Diputados, que la próxima semana deberá discutirla y votarla en el pleno, donde el oficialismo cuenta con las mayorías suficientes para que prospere sin cambio alguno. La oposición acusa al Gobierno de crear un instrumento para censurar la crítica, la sátira y la parodia, al reformar no solo la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, sino también el Código Penal federal.

La reforma modifica una docena de artículos de ambas leyes, pero la denuncia de los partidos de oposición se centra en uno solo: el 403 bis de la Ley de Propiedad Industrial, que impone de una a cinco años de prisión y multa de mil a diez mil Unidades de Medida y Actualización a quien reproduzca o imite “a escala comercial la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o cualquier documento oficial” de instituciones públicas para inducir error o engaño con la intención de cometer un ilícito.

La redacción del artículo es considerada ambigua por opositores y especialistas, y da pie a interpretaciones punitivas en contra de cualquier contenido generado en medios de comunicación o redes sociales, que use como base una imagen oficial, ya sea un escudo o identidad gráfica, o incluso la imagen o voz de un funcionario público. “De aprobarse, a partir de esta reforma estaremos dotando al Gobierno de herramientas jurídicas para encarcelar, si así lo interpretan, a quienes lo critiquen o a quienes le hagan señalamientos que simple y sencillamente no sean de su agrado”, advirtió la senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, durante el debate en la Cámara alta.

La oposición ha exigido claridad en esta ley, pues desconfía de la interpretación que puedan hacer de ella, no solo el Gobierno, sino los nuevos jueces emanados de la elección judicial promovida por Morena en 2025. La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, señaló que el artículo 403 bis contiene conceptos genéricos, vagos, imprecisos, que dejan la puerta abierta a que se sancione con cárcel y multas elevadas la crítica política, las caricaturas, los cartones y los memes.

El senador Manuel Añorve, coordinador del PRI, explicó que el 403 bis crea un nuevo delito, el del uso “a escala comercial” de cualquier documento oficial o imagen gráfica para “inducir a error o engaño”. Añorve cuestionó quién va a determinar cuándo una caricatura política, un video, una crítica o una parodia cruza la línea marcada en la nueva ley.

El oficialismo, en cambio, defiende la reforma como una ley en contra de la piratería, a favor de la propiedad intelectual y para inhibir fraudes, tipificando como delito el uso y alteración de la imagen gubernamental para inducir al engaño. En el debate en el Senado, los senadores de Morena pusieron ejemplos reales, como el uso de un logotipo del Servicio de Administración Tributaria (SAT), encargado de la recaudación de impuestos, para defraudar a un contribuyente, o la alteración de un documento oficial del Infonavit -encargado de los créditos de vivienda para los trabajadores- para engañar a un derechohabiente.

Además, la senadora Malú Micher, de Morena, explicó que uno de los objetivos de la reforma es modificar el término ‘uso con fines de lucro’ por ‘uso a escala comercial’, para fortalecer la protección a la propiedad industrial. “Esta ley no persigue ni la sátira ni la parodia ni la libre expresión. Nosotros no vamos por esa vía; hacer un meme es libertad de expresión, es humor, es cultura popular. Clonar marcas a escala industrial, saquear derechos de autor, operar redes de piratería organizada y falsificar documentos oficiales es un crimen, es un delito y afecta a la economía formal”, explicó Micher.

La presidenta Claudia Sheinbaum también entró a la polémica. Este jueves en su conferencia matutina, ha negado rotundamente que esta reforma sea una “ley antimemes”, o que pretenda censurar la crítica y el humor. Pero ha ido más allá, al poner un ejemplo de lo que sí podría ser sancionado, especificó algo que no dice textualmente la reforma, que también puede sancionarse el uso de la imagen de una persona. “No hay sanción a memes. ¿Qué se sanciona? Que salga la presidenta en un video utilizando inteligencia artificial para falsear, incluso con mi voz, para hacer un fraude. Eso es un delito. O que salga un secretario, clonada su voz, para hacer un fraude, eso es un delito. Eso es lo que aparece en la Ley, no la sátira política, nada de eso, ni siquiera la ofensa personal. Lo que se sanciona es el delito del fraude utilizando la imagen de alguna persona o de un logotipo del Gobierno”, ha dicho.

La oposición, especialistas y defensores de la libertad de expresión insisten en que es una ley ambigua que amenaza la libertad de expresión. La organización Artículo 19 ha dicho que la reforma persigue una finalidad legítima -que es la protección de la propiedad intelectual-, pero advirtió que la definición del nuevo delito carece de claridad, precisión y taxatividad, lo que abre la puerta a interpretaciones excesivamente amplias. “Estas disposiciones podrían utilizarse para hostigar a periodistas, activistas y otras personas que emplean la identidad gráfica gubernamental en contenidos satíricos, críticos e informativos”, advirtió Artículo 19 en un posicionamiento público.

Las organizaciones y los partidos de oposición consideran delicado el contexto en el que se está procesando esta reforma, pues está precedida de iniciativas, leyes y decretos que pretenden regular la actividad de los medios de comunicación, las redes sociales, la inteligencia artificial y el funcionamiento de las plataformas digitales. Han anunciado que buscarán que se modifique la reforma en el debate en la Cámara de Diputados, para precisar el alcance del artículo que ha generado controversia.