La jueza Tardón cita como testigos al presidente Vivas y al exjefe de gabinete del Delegado de Gobierno en Ceuta

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha acordado este miércoles citar a declarar como testigos al presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y al exjefe de Gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz en la causa que investiga la entrada masiva irregular de inmigrantes en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio. La magistrada ha solicitado, además, toda una batería de diligencias que están destinadas a ahondar en varias líneas simultáneas: en los avisos previos que había de lo que podía suceder el día que más de 70.000 personas atravesaron la frontera; en la identificación de la actuación de los efectivos uniformados en la zona marroquí de Fnideq y Castillejos, de donde saltó la multitud; en una petición de asistencia judicial a las grandes compañías tecnológicas para seguir el rastro de las cuentas utilizadas que alertaron el salto; y un análisis financiero sobre la posible financiación de la movilización.

La magistrada cita a Vivas el próximo 30 de septiembre y un día después a Sanz, que dimitió la pasada semana ante las discrepancias con el delegado de Gobierno, Miguel Ángel Pérez Triano, sobre si le había transmitido o no un aviso que recibió por WhatsApp del jefe del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en Ceuta el día 29 sobre convocatorias multitudinarias en Marruecos para pasar al territorio ceutí aprovechando la fiesta del Trono del rey Mohamed VI. Sanz tendrá que declarar, por tanto, el 1 de octubre y ese mismo día Tardón ha acordado tomar declaración al jefe de la Policía Local de Ceuta.

En un auto con fecha de este miércoles, la juez acuerda, en primer lugar, librar un oficio a la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Inteligencia Criminal de la Policía Judicial para que procedan al análisis “biométrico y reconocimiento facial” de todas las personas identificadas como “agentes dinamizadores”. Un informe policial entregado hace unas semanas en la Audiencia Nacional apuntaba a la actuación “pasiva” e incluso de “guiado” de gendarmes marroquíes, de acuerdo a las imágenes en redes sociales que había analizado el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF). Tardón quiere adentrarse en el análisis de esos agentes y ha pedido la elaboración de un informe con el objeto de precisar, en la medida de lo posible, la identidad, el cuerpo de pertenencia, la unidad operativa, el empleo o graduación, las funciones desarrolladas y la actuación observada de todos esos efectivos uniformados que aparecen en la zona de Fnideq y Castillejos desde el día 29 hasta el 31 de julio.

Además, al Jefe del Estado Mayor de la Defensa le pide que aporte cuántas imágenes tenga de toda la zona fronteriza (desde la Playa de Fnideq en Marruecos hasta la playa de El Trampolín en Ceuta) en toda la horquilla temporal comprendida entre las 00.00 horas del 20 de julio y las 23:59 del 7 de agosto. Y una vez se aporten al órgano judicial todas las grabaciones, imágenes aéreas, vídeos operativos, material de drones, grabaciones de las cámaras de vigilancia y todo aquello que tengan las Fuerzas de Seguridad, deberá procederse a la elaboración de un informe pericial audiovisual único “que permita reconstruir cronológicamente los acontecimientos”, identificar a los participantes y determinar los movimientos e itinerarios.

En lo referente a las alertas previas, Tardón se ha dirigido al Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (CEFRONT), a la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad y al jefe del Estado Mayor de la Defensa (EMAD) para que aporten los “análisis de riesgos” que pudieran “haber emitido en relación con estos hechos”, así como los destinatarios y el medio utilizado para su comunicación y difusión.

La vía de la financiación es otra de las que quiere explorar la magistrada, que ha pedido no a una, sino a las dos unidades que se dedican a eso ―la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil— que realicen sendos informes financieros y patrimoniales sobre la posible financiación de la movilización investigada. Dicho informe, según ha expresado, deberá analizar movimientos económicos relevantes detectados en la zona, utilización de sistemas informales de transferencias de fondos, sistemas hawala, contratación de medios de transporte colectivos y cualquier otra operación que pudiera guardar relación con la logística necesaria para la movilización masiva.

Tik Tok, Meta, Telegram

La juez ha acordado también abrir una pieza separada de investigación tecnológica y la ha declarado secreta. En ella, de acuerdo a lo reflejado en el auto, ha pedido asistencia judicial a las compañías Meta, WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Google, Apple y cualquier otra plataforma digital identificada durante la investigación para que procedan a la “conservación inmediata” de los registros y envíen las cuentas que fueron utilizadas para la difusión de la convocatoria.

La intención es recabar los dispositivos empleados, los números de teléfono asociados, los correos electrónicos vinculados, el historial de conexiones, los canales y los perfiles utilizados desde el 1 de julio hasta el 15 de agosto para tratar de esclarecer cómo se gestionaron las convocatorias por redes sociales. Así se busca identificar a los “promotores y coordinadores”.