La jueza del ‘caso David Sánchez’ denuncia supuestos contactos de la trama de Leire Díez con el narcotráfico para atacarla

La jueza de Badajoz Beatriz Biedma, que instruyó la causa que desembocó en la condena a nueve años de inhabilitación de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en el que denuncia que la presunta trama liderada por el ex número tres del PSOE Santos Cerdán y la exmilitante socialista Leire Díez para torpedear investigaciones que afectaban al Gobierno o al partido mantuvo presuntamente contactos con el narcotráfico como parte de una serie de actuaciones para “apartarla” e “incluso destruir” la investigación contra el hermano de Pedro Sánchez. Biedma sostiene también que, a la vista de los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil conocidos por los medios de comunicación, hay indicios de que los acusados intentaron obtener información sobre ella para “desacreditarla pública y personalmente”. Por ello, quiere que se la reconozca como “perjudicada” y pide al juez Santiago Pedraz que le permita ejercer la acusación particular en el llamado caso Leire Díez.

En un escrito, presentado este miércoles y al que ha tenido acceso EL PAÍS, la jueza incide en que ha tenido conocimiento, “a través de informaciones que en su momento serán puestas a disposición de los investigadores”, de la “existencia de contactos promovidos” por la presunta trama de Díez con “personas vinculadas a un conocido clan [del narcotráfico] asentado en la ciudad de Badajoz” para actuar en su contra. A su juicio, dicha actuación pudo “poner en peligro no ya su reputación, sino incluso su propia integridad física”.

La jueza se apoya en una publicación de Artículo 14 en la que se aseguraba que en la agenda de Díez consta una anotación de 25 de marzo de 2025 ―“Jueza de Badajoz. Celsa. Heroína o gitano”― que presuntamente está “relacionada” con investigaciones que Biedma dirigía sobre clanes dedicados al narcotráfico en la capital pacense. La magistrada destaca que la fecha es “especialmente relevante, pues tuvo lugar días después de que se rechazara” una recusación contra ella promovida supuestamente por la trama.

La magistrada añade que, aunque tales “contactos” con delincuentes deberán ser investigados por los tribunales, “la gravedad” de este extremo resulta “evidente”, especialmente si se confirmara que tales aproximaciones guardaban relación con “la obtención de información” y “la generación de hostilidad” en su contra para “presionarla, desacreditarla o comprometer su seguridad personal por razón del ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”.

Biedma insiste en que la UCO la ha identificado “expresamente” en uno de los informes que ha entregado a la Audiencia Nacional como “uno de los objetivos” de la presunta trama de Leire Díez. La jueza hace referencia en su escrito al grupo de WhatsApp, creado en agosto de 2024 bajo el nombre VACACIONES Y VIAJES, integrado por un exmagistrado expulsado de la carrera judicial en 2022, Luis Sáenz de Tejada; el empresario Javier Pérez Dolset; el expresidente del Badajoz Club de Fútbol Joaquín Parra y la antigua militante socialista Leire Díez. Y recuerda que los agentes señalaron en su informe que Parra solicitó “información o contactos que pudieran afectar” su “reputación” mientras ella estaba a cargo de la investigación sobre David Sánchez.

La instructora incide en que los miembros del mencionado grupo de WhatsApp abordaron “expresamente” la posibilidad de que Sáenz de Tejada ―del que destaca que tenía un canal en YouTube, Magistrado Anticorrupción TV, en el que la acusaba sin pruebas de múltiples delitos― asumiera la defensa del hermano de Sánchez “con la finalidad” de “conseguir apartarla” de la investigación. Para la magistrada de Badajoz, los hechos denunciados podrían ser constitutivos de delitos de obstrucción a la justicia, contra la integridad moral, amenazas y/o coacciones, descubrimiento y revelación de secretos, acusación o denuncia falsa y organización criminal.

“Intensa campaña de descrédito”

Al hilo, Biedma recalca que la propia investigación de la Audiencia Nacional ha permitido conocer que la presunta trama “desarrolló una actividad específica” para recopilar información sobre ella y su “entorno personal, familiar y profesional”. De igual forma, denuncia que los acusados también emprendieron una “intensa campaña de descrédito desarrollada mediante denuncias, publicaciones y actuaciones” difundidas en medios digitales y redes sociales. Y sostiene que Parra declaró que Díez pidió que se impulsaran denuncias en su contra ante la Fiscalía General del Estado y quejas ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Además de pedir al juez Pedraz que la reconozca como perjudicada, Biedma reclama que le dé traslado de “todas las agendas, cuadernos, anotaciones, documentos y dispositivos intervenidos” a los investigados en los que aparezca mencionada, así como todos los informes policiales incluidos en la causa. La magistrada también recuerda que en los juzgados de Badajoz existen otras dos causas abiertas con supuestos vínculos con el caso Leire Díez, por lo que pide que se reclame que ambos jueces se inhiban y sus pesquisas se acumulen a las de la Audiencia Nacional, ya que consideran que todas ellas están conectadas.

La petición de Biedma se produce en el marco de la causa en la que se indaga un doble plan supuestamente urdido para boicotear investigaciones que salpican a los socialistas: por un lado, el contacto con personas que pudieran facilitar información comprometedora sobre agentes, jueces y fiscales que participan en las pesquisas que se pretendía “desestabilizar”, para “erosionar” así su “credibilidad”;, por otro, un intento de “propiciar” la apertura de “investigaciones internas” en el instituto armado para crear un “clima” de intimidación entre los funcionarios de la UCO.