La judicialización de la política llega hasta Ceuta
Uno de los principales problemas de los sistemas democráticos es encontrar un ajuste idóneo entre el principio de mayoría —que esta decida—, y las instituciones del Estado de derecho —que el ejercicio del poder se someta a la ley—. El equilibrio entre estos dos elementos, el democrático y el liberal, parece claro. Otra cosa es la forma en que se lleva a la práctica. Las tensiones entre ambos acaban siendo inevitables, porque no deja de buscarse la utilización de la jurisdicción constitucional y los tribunales como instrumentos de acción dirigidos a obtener beneficios políticos específicos. Si nos preocupa el populismo es, precisamente, porque pretende someter a la judicatura al rodillo de la mayoría, quebrar los guardarraíles que permiten controlar el ejercicio del poder. Pero, por otro lado, salvo en supuestos claros, tampoco parece demasiado legítimo instrumentalizar el poder judicial para empecer el libre ejercicio de la acción política. Un gobierno de los jueces, su implicación directa en los procesos políticos, es tan poco deseable como un arbitrario ejercicio de la mayoría.
Estas tensiones han sido el pan de cada día a lo largo de esta legislatura. Ahora querría trasladar esta reflexión a Ceuta, porque la intervención de la magistrada Tardón puede suscitar algunas dudas, sobre todo, apunta a un choque de legitimidades. Lo ocurrido en nuestra plaza norteafricana encaja de lleno en el ejercicio de la autonomía del Ejecutivo para decidir la política exterior y de seguridad. Pero la intervención judicial en esta esfera no es menos legítima: una vez instada —por una asociación vinculada a Vox, por cierto— la magistrada está obligada a investigar si se produjo ese presunto delito “contra la paz e independencia del Estado”, algo que fue avalado tanto por la Fiscalía como por la Audiencia Nacional. Lo que para unos, el Gobierno, constituye una intromisión en sus competencias, para otros no es sino la aplicación de la ley. Lo que ya no es tan obvio es si está justificada esa “petición de reserva” que la jueza reclamó a la Policía al elaborar su informe. La Policía, precisamente, cuya dependencia de Interior es innegable.
¿Cómo hemos de enjuiciar esta situación? La verdad es que no es nada fácil. A muchos nos consta que el abuso del intervencionismo judicial con fines políticos acaba borrando la distinción entre responsabilidad política y cumplimiento de la ley, que deberían ser dos campos diferenciados. Del mismo modo, somos conscientes de que algunas asociaciones vinculadas a partidos promueven estas iniciativas de poner en marcha procesos judiciales porque creen contar con el sesgo conservador de algunos jueces. Serían independientes, sí, pero no necesariamente imparciales. Lo importante, en última instancia, es acosar al Gobierno desde tierra, mar y aire. Por cierto, abro un paréntesis, habrá que ver lo que ocurre con un eventual Gobierno participado por Vox cuando algunas de sus decisiones comiencen a chirriar contra principios constitucionales. Su euforia judicial se desvanecerá como un azucarillo.
La única solución posible pasa por la autocontención de ambos poderes, algo para lo que habría que presuponer la existencia de una cultura cívica de la que carecemos. Menos mal que el PP ha descartado la hiperbólica exigencia de Vox de recurrir al delito de traición del artículo 102.2 de la Constitución. Aunque no deja de resultar decepcionante que lo haya hecho por no gozar de la mayoría suficiente o porque ya esté en marcha el recurso mencionado en la Audiencia Nacional. ¿Tan poca confianza tiene la oposición en sí misma que, después de tener a Sánchez en su momento más bajo, cuando nunca hasta ahora ha sido tan fácil sujetarle a una crítica política, sigue sintiéndose obligada a apoyarse en el poder judicial?
