La gala privada ante la Giralda, denunciada en los tribunales por posible prevaricación
El partido Iustitia Europa ha denunciado ante la justicia la celebración de los XX Premios Escaparate el pasado jueves en la plaza Virgen de los Reyes de Sevilla, un espacio monumental protegido cuyo uso para actos públicos o privados está limitado por la normativa municipal. La denuncia penal considera que la participación de las administraciones públicas ―Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía― puede ser constitutiva de un delito de prevaricación.
El escrito se dirige “contra quienes resulten responsables de las decisiones, resoluciones, contrataciones, convenios, autorizaciones, disposiciones de fondos públicos y puesta a disposición de bienes y recursos públicos relacionados con la organización y celebración de los denominados XX Premios Escaparate”. En este sentido, solicita que los jueces “determinen la intervención concreta de autoridades, funcionarios y responsables públicos”. La denuncia ahonda en la decisión del Ayuntamiento de Sevilla de asumir la organización de la gala, solicitando la utilización del espacio público a través de la empresa pública de Congresos y Turismo de Sevilla (Contursa). Así lo explicó el pasado lunes la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, aclarando que la petición de ocupación de la plaza fue realizada por el Ayuntamiento a través del área de su competencia debido a que no podía hacerlo una empresa privada.
Tanto el Ayuntamiento como la Junta de Andalucía habían colaborado anteriormente, mediante contratos o patrocinios, con la celebración de estos premios, permitiendo el uso de espacios públicos abiertos como la Plaza de San Francisco o el Patio de Banderas, e incluso cediendo para la edición de 2019 el Museo de Bellas Artes de Sevilla, ocupando los patios y las salas de exposición. En el caso de la Diputación de Sevilla, citada también en la denuncia, fuentes del organismo han asegurado que “no participó ni cedió ningún espacio”. Según han detallado, se recibió “una petición de uso de la sede de la Casa de la Provincia por parte de la organización del evento”, que fue “analizada y desestimada por los técnicos”.
Iustitia Europa exige que se abran diligencias previas “para esclarecer los hechos, identificar a las personas que intervinieron en las decisiones denunciadas y determinar las responsabilidades penales que pudieran derivarse”. La formación ha pedido, además, que se le notifique el auto para formalizar su personación como acusación popular y ejercer las acciones que correspondan.
Para el XX aniversario de la revista, fundada en 2022 por Mario Niebla, el Gobierno municipal dio un paso más y sumó su participación activa como organizador, además de aportar en concepto de patrocinio 14.900 euros sin IVA. En la misma fecha del año pasado, figura un contrato bajo el epígrafe “Patrocinio para la Gala de premios de la Revista Escaparate” por un total de 18.089 euros, según consta en el perfil del contratante de la entidad, gestionado a través de la web Sevilla City Office. La aportación se gestó mediante un contrato menor, a nombre de la empresa “Sevilla por la gracia de dios SL”, cuyo administrador es el director de la revista. En agosto de 2025, la misma empresa fue adjudicataria de un contrato de 11.277 euros (con IVA) por el “servicio de desarrollo integral del evento Premio Ciudad de Sevilla 2025” en las carreras de Sanlúcar de Barrameda. En 2024, la aportación municipal fue de 12.100 euros (IVA incluido), según consta en la información del portal.
Esta denuncia ante los tribunales se une a la presentada ante la Unesco por Adelante Andalucía, que también registró un escrito en el Parlamento autonómico para conocer el gasto público de la Junta “en el fiestorro” organizado para la entrega de los premios, según informó su líder y portavoz parlamentario, José Ignacio García, en X. Además del dinero público invertido por la administración regional, la coalición andalucista pide que se informe sobre los contratos de publicidad que tiene con la empresa que publica la revista y la valoración del Gobierno de Juan Manuel Moreno sobre el uso de espacios públicos protegidos para la realización de eventos privados.
El promotor de los premios y director de la revista, Mario Niebla, defendió el pasado viernes la legalidad del acto en la plaza de la Catedral. Niebla reconoció que tanto el Ayuntamiento como la Junta habían participado económicamente para sufragar una fiesta cuyo coste cifró en 150.000 euros. En el caso de la Junta de Andalucía, con una cantidad de 18.000 euros.

