La Fiscalía insta a la protección de los menores en Ceuta y avisa de que actuará si las comunidades rechazan el reparto

La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha dictado este viernes un decreto en el que recoge una serie de “pautas de actuación” para “asegurar” la “protección” de los menores migrantes no acompañados que se encuentran en Ceuta y “garantizar” su “adecuada acogida” y “atención inmediata”. Y ha dado la orden a los fiscales delegados de menores de actuar si las comunidades autónomas rechazan el reparto. La jefa del ministerio público ha dado este paso una semana después de que unas 72.000 personas, según datos del Ministerio del Interior, entraran de forma irregular a la ciudad autónoma. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha precisado que hay 1.342 niños que ya han sido registrados en el sistema de acogida, aunque ha admitido que hay muchos más que aún no han sido identificados.

La Fiscalía ha difundido una nota informativa en la red social X en la que explica que Peramato ha establecido esta serie de pautas para los fiscales de menores que estén en zonas que se vean “afectadas” por la reubicación de niños y jóvenes extranjeros no acompañados. La fiscal general ha fijado que el fiscal delegado del lugar de origen (Ceuta) deberá informar al fiscal delegado de la comunidad de destino sobre los menores que serán trasladados. Y tendrá a su vez que avisar si el expediente de determinación de edad del menor ha concluido o está en trámite.

Peramato también ha dispuesto que, desde el momento en que la sección de menores del lugar de destino tenga conocimiento de que se va a efectuar un traslado, en la Fiscalía se deberán adoptar las “medidas necesarias” ―en el marco de las “oportunas diligencias preprocesales o expediente gubernativo”― para que por parte de la entidad pública autonómica de protección de menores se procure una “adecuada acogida” y se dé cumplimiento a “su deber de garantizar la atención inmediata necesaria”. La fiscal general ha recordado que son los fiscales competentes los que tendrán que vigilar que se proteja a los menores.

De igual forma, la jefa del ministerio público ha avisado a los fiscales de que deberán actuar “en caso de que la entidad pública de la comunidad autónoma de destino rechace o muestre reticencias para asumir de forma inmediata la recepción efectiva de las y los menores que por reparto le correspondan” una vez que tengan conocimiento de la resolución de reubicación o traslado. También deberán actuar en el caso de que dichas comunidades autónomas se nieguen a informar a Ceuta sobre su negativa. En concreto, Peramato ha indicado que el fiscal delegado del lugar de “traslado/origen” tendrá que informar de ello al fiscal delegado de la comunidad de destino y hacerle llegar la resolución de reubicación, así como las alegaciones por las que se rechaza el traslado.

La fiscal general precisa que, una vez recibida esta información —tanto si procediese de la Fiscalía de origen como de la propia comunidad autónoma—, el fiscal delegado de menores de la comunidad de destino reclamará a la comunidad que rechaza el reparto que “designe el recurso que entienda más idóneo para ejercer una adecuada protección de los menores afectados por el traslado una vez lleguen a su territorio”. Dicha información deberá ser puesta en conocimiento del fiscal delegado de menores de Ceuta.

En el marco del decreto, Peramato recuerda el artículo 6.4 del Real Decreto por el que se regulan las medidas a adoptar en situaciones de contingencia migratoria extraordinaria para la protección de los menores migrantes no acompañados. Dicho precepto fija que la comunidad autónoma de destino deberá recibir a los menores y hacerse cargo de “la efectiva realización de las actuaciones de su competencia” y tendrá también que “garantizar que reciba atención integral y acogimiento adecuado”, ello “sin perjuicio de que se difiera la efectividad de su guarda”. El texto legal establece que la comunidad que se niegue al reparto deberá “recabar la ayuda” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que avisará a la Fiscalía. “Todo ello sin perjuicio de las posibles responsabilidades que pudieran deducirse”.

La nota informativa no incluye ninguna referencia específica sobre la posible actuación de los fiscales delegados ante presuntas devoluciones en caliente de menores a Marruecos. La crisis migratoria en la ciudad autónoma ha dejado la imagen de un niño que pedía a un soldado que no le expulsase de España. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguró el martes que 70.000 de las 72.000 personas que cruzaron la frontera de forma irregular ya han salido de Ceuta. Muchos lo han hecho por su propio pie, incluidos varios menores que manifestaron a EL PAÍS que agentes españoles les habían señalado la salida.

Fuentes fiscales consultadas este viernes por este periódico han asegurado que el ministerio público hasta ahora no ha actuado de oficio para investigar presuntas devoluciones en caliente, ni ha recibido tampoco de momento ninguna denuncia formal. La asociación Coordinadora de Barrios ―que denunció irregularidades en las repatriaciones de 2021— ha manifestado a este diario que está estudiando la situación para recabar la mayor información e indicios posibles antes de acudir a la Fiscalía.