La doble vía de la inmigración
La inmigración suele analizarse desde la perspectiva de los países receptores, pues genera presión sobre los servicios públicos, sobre el empleo, la integración cultural, la seguridad y por los cambios demográficos.
Sin embargo, existe otra cara de la moneda que con frecuencia recibe menos atención: el impacto que la emigración masiva tiene sobre los países de origen, especialmente aquellos que todavía se encuentran en vías de desarrollo.
Desde esta perspectiva, la inmigración no siempre constituye un problema para los países desarrollados. Por el contrario, puede convertirse —y de hecho se ha convertido— en una de sus principales fuentes de renovación demográfica, fuerza laboral, innovación y crecimiento económico. El verdadero desafío está, en muchos casos, en los países que pierden una parte significativa de su población joven, activa y productiva.
El último dato oficial nos dice que en España hay 3.512.223 afiliados extranjeros cotizando a la Seguridad Social. Es un récord histórico: 420.875 más que un año antes, un aumento del 13,6%.
Las cinco principales comunidades extranjeras reportaron estas cifras: marroquíes, 415.310; colombianos, 347.467; rumanos, 342.555; venezolanos, 247.209 e italianos, 223.589. El 72,5% de todos los cotizantes es de fuera de la Unión Europea; comunitarios, solo el restante 27,5%.
Los españoles cotizantes son 18.995.842. Pero, además, en julio de 2026 la afiliación de españoles descendió en 24.318 personas respecto a junio, mientras que la de extranjeros aumentó en 66.045.
Cuando un país en vías de desarrollo pierde de forma constante a sus jóvenes, no pierde únicamente habitantes, pierde lo más valioso de los recursos disponibles: pierde capital humano, no así capital financiero ni recursos tecnológicos.
Pierden muchos jóvenes en edad laboral y pierden profesionales calificados como médicos, enfermeros, ingenieros, además, parte de la inversión pública que hicieron en su educación. Esto es lo que se conoce como fuga de cerebros.
Son precisamente los jóvenes quienes, en términos generales, representan la mayor capacidad de trabajo, adaptación, innovación y creación de futuro. Son quienes deberían incorporarse a las empresas, crear nuevos negocios, formar familias, pagar impuestos, desarrollar tecnología, ocupar posiciones profesionales, con el tiempo, sostener económicamente a una población cada vez más envejecida.
Cuando esa generación decide emigrar, el país de origen se enfrenta a una paradoja: ha invertido recursos en criar, educar y formar a esas personas, pero otra economía termina beneficiándose de su capacidad productiva. Esto no puede interpretarse como sustituir plazas de trabajo de nacionales recipiendarios.
Un joven formado en un país en desarrollo puede emigrar a una economía avanzada y aportar allí durante décadas. Trabajará, consumirá, pagará impuestos, cotizará para la seguridad social como ya hemos visto que lo hacen en España y contribuirá al crecimiento del país receptor. Mientras tanto, su país de origen pierde una parte de la población que debía impulsar su propio desarrollo.
La emigración no tendría necesariamente consecuencias negativas si existiera una verdadera circulación del talento. Un joven podría salir de su país, adquirir conocimientos, experiencia, capital y contactos internacionales, posteriormente, regresar para crear empresas, invertir, transferir conocimiento o participar en el desarrollo de su sociedad. Pero esto no siempre ocurre.
Colombia tuvo una experiencia en la presidencia de Belisario Betancur. El programa “Retorno de cerebros fugados” fue una buena idea estratégica, pero el país todavía no tenía suficiente capacidad económica, científica e institucional para absorber masivamente a los profesionales que quería recuperar. De 1.500 retornados que se esperaban, solo llegaron 81 y luego salieron nuevamente del país.
El resultado fue que la «fuga de cerebros» sigue siendo un problema y las naciones en vía de desarrollo han intentado varias veces crear programas de retorno, sin éxito mayor.
Varios factores afectan este proyecto y ellos pueden aplicarse a las naciones subdesarrolladas: Salarios y condiciones profesionales inferiores a Europa, poca inversión en investigación y desarrollo, escasez de laboratorios, financiación y puestos para investigadores, monto creciente de su deuda, el deterioro de la situación de seguridad con el crecimiento del narcotráfico y la violencia política, finalmente, la inestabilidad institucional y laboral, especialmente en el caso colombiano durante el periodo 2022/2026, pero en general de muchos países de América Latina.
En muchos casos, la emigración se convierte en una salida definitiva. La persona construye su vida en el nuevo país, establece allí su carrera profesional, forma una familia y desarrolla vínculos sociales y económicos cada vez más profundos. Con el paso del tiempo, regresar deja de ser un proyecto y se convierte simplemente en una posibilidad remota.
Existe una contradicción evidente en parte del discurso contemporáneo sobre la inmigración. Muchas sociedades desarrolladas enfrentan problemas de envejecimiento demográfico y baja natalidad, y España afronta estas dos situaciones.
El INE señala que su población activa crece lentamente, mientras aumenta el número de personas jubiladas que necesitan ser sostenidas mediante sistemas de pensiones, sanidad y servicios sociales. La primera crece 8.3 por ciento (de 23 a 25 millones) y los jubilados 20 por ciento (de 5.5 a 6.6 millones).
En ese contexto, la llegada de población joven representa una ventaja estructural. Los inmigrantes no llegan únicamente como trabajadores. Llegan también como futuros contribuyentes, consumidores, emprendedores, profesionales y miembros de una sociedad que necesita mantener su dinamismo económico y demográfico.
Esto no significa que la inmigración no genere desafíos. La integración, la vivienda, la educación, el empleo y la cohesión social requieren políticas públicas eficaces. Pero reconocer esos desafíos no debería impedir comprender una realidad más amplia: muchos países desarrollados necesitan población joven para mantener su modelo económico y social.
España tiene una natalidad muy baja —1,12 hijos por mujer en 2023— y una esperanza de vida cercana a los 84 años. Esta combinación está transformando la estructura demográfica del país y favoreciendo un claro proceso de envejecimiento de la población.
El INE proyecta que las personas de 65 años o más, que actualmente representan el 21,1 % de la población española, podrían alcanzar el 30,9 % en 2076. Es decir, prácticamente una de cada tres personas sería mayor de 65 años.
A su vez, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que, incluso contando con inmigración, la población en edad de trabajar comenzará a reducirse a partir de 2029. Paralelamente, la tasa de dependencia —la relación entre población dependiente y población en edad de trabajar— aumentaría del 47,8 % en 2024 al 69,8 % en 2050. Esto significa que habrá proporcionalmente menos personas en edad laboral por cada persona joven o mayor dependiente.
Según las previsiones de la AIReF, el envejecimiento y la jubilación de las generaciones del baby boom (personas nacidas entre 1946 y 1964) incrementarán notablemente el gasto en pensiones. En sus estimaciones, el gasto público en pensiones podría alcanzar aproximadamente el 16,1% del PIB en 2050, frente al 12,9% en 2023.
A su turno, estima que el gasto sanitario podría pasar de alrededor del 6,6% del PIB en 2023 al 8% en 2050, mientras que el gasto en cuidados de larga duración aumentaría desde aproximadamente el 0,8% hasta el 1,4% del PIB.
En conclusión, el principal desafío de España no es simplemente que disminuya hoy el número absoluto de trabajadores, ya que la inmigración está compensando parcialmente esa tendencia. Según el INE, a 1 de julio de este año, su población era de 49.801.559 habitantes, de los cuales 7.437.543 son personas con nacionalidad extranjera y 10.291.807 nacidas en el extranjero. Durante el segundo trimestre de este año, el número de residentes extranjeros aumentó en 87.197 personas y los colombianos ya casi son la primera comunidad foránea.
El problema estructural es que la población envejece más rápidamente que la población en edad de trabajar. Como consecuencia, en las próximas décadas habrá una proporción creciente de jubilados y personas dependientes que deberán ser sostenidos mediante un sistema de pensiones, sanidad y cuidados financiado, en gran medida, por una población trabajadora proporcionalmente menor, pero alimentada en la esperanza de una inmigración seguramente cada vez mayor.
