La caravana del destierro: los migrantes que Trump arrancó de sus familias claman por una nueva oportunidad de vida

José Luis Guerrero, venezolano de 31 años, no pudo conocer a su hija que nació hace poco menos de un mes. Fue capturado por agentes estadounidenses 44 días antes de que su esposa diera a luz, cuando acudió a su cita migratoria en Tulsa, en Oklahoma. Cayó en la trampa burocrática y lo encerraron primero en el centro penitenciario del Condado de Otero, en Chaparral, Nuevo México, y después fue trasladado al Centro de Detención Sierra Blanca, en Texas.

Guerrero vivió en la sombra de las dos cárceles porque no se podía ir, a causa del terremoto que sacudió su país y tumbó toda deportación inmediata. Antes de ser arrestado por agentes del ICE, acudía de lunes a sábado a una fábrica de tamales en la que se había empleado y se preparaba con ahorros para el nacimiento de su pequeña. Su vida en los Estados Unidos se resumía en intentar obtener la legal estancia junto a su esposa para poder tener una mejor vida, pero todo quedó en un intento trunco que ahora recuerda con pesada nostalgia, desde Tapachula, en Chiapas, en el sur de México.

Cuando por fin llegó la hora de su expulsión de Estados Unidos, lo enviaron precisamente aquí, a la ciudad que 14 meses antes había conocido de paso en su ruta hacia la frontera norte, cuando provenía de Sudamérica. Tapachula junta ahora a miles como él. Esta ciudad y Villahermosa, en Tabasco, se han convertido en los dos principales puntos de México para dejar a la deriva a más de 10.000 migrantes de nacionalidades distintas. Entre 300 y 400 se han unido ahora a una caravana más amplia, para caminar de vuelta al norte.

Muchos cuentan ahora historias de tristeza. En el caso de Guerrero, su bebé, que lleva por nombre Cloe, y su esposa Maryeni quedaron al otro lado, en Oklahoma, a miles de kilómetros de distancia. “Mi esposa me dice que las cosas en Estados Unidos están muy complicadas, ya no se puede ir para allá, así que ahora tendré que moverme para la Ciudad de México en busca de una oportunidad de trabajo pero lejos de mi familia”, relata el migrante.

A César Gómez, también de Venezuela, lo capturaron casi al mismo tiempo que a José Luis. Una tarde de miércoles después de su jornada laboral en tareas de pintura y acondicionamiento en un edificio de relaciones públicas y mercadotecnia empresarial, acudió a un campo de beisbol para jugar con sus amigos. Las carreras de jonrón se convirtieron en huida masiva cuando los agentes del ICE irrumpieron en la unidad deportiva al sur de Los Ángeles. A muchos no les dio ni chance de correr y a los que corrieron les fue peor: los golpearon y subieron por la fuerza a las patrullas para trasladarlos directamente a distintos centros de detención y después a la frontera con México.

César y el grupo de amigos salieron de Estados Unidos en un santiamén y cuando cayeron en cuenta de lo que pasaba ya estaban llegando en autobuses a la frontera con Guatemala. “¿Cómo es que una persona pasa de estar jugando béisbol a estar en un país que no conoce y sin dinero?”, se cuestiona con enfado y desesperanza.

A Francisco Gómez Toro lo deportaron el 11 de mayo pasado desde Estados Unidos. Apenas puede caminar, por eso se apoya con un bastón que ha improvisado con una rama gruesa de árbol en la que escribe sus sinsabores para no afectar más su salud emocional.

Hizo toda una vida en Arizona donde radicó por más de 30 años. Pasó de estar con su familia en un hogar con muebles y camas a dormir ocasionalmente en la calle en Tapachula por no tener dinero. Para este cubano de 60 años, técnicamente está secuestrado en esta ciudad fronteriza al ser nativo de otro país y haber sido botado a su suerte en una nación en la que no encuentra trabajo, comida y sueños.

“Estamos igual o peor que en Cuba, porque allá no se puede salir para ningún lado, pero está uno con su familia. Aquí estamos solos sin poder trabajar ni movernos a otras partes. Voy a llegar hasta donde los pies me permitan, pero no me puedo quedar en Tapachula porque esto es una prisión”, afirma.

Los tres hombres tienen algo en común: caminan ahora en una caravana que ha tomado ruta desde la frontera sur con dirección al centro del país, desesperados por encontrar un resquicio que les permita acceder de nuevo a suelo estadounidense, al menos, tener una mejor oportunidad de vida en alguna ciudad mexicana aún más cerca de sus seres queridos al otro lado de la frontera. Los apartaron de todo: familia, trabajo, ciudades y esperanzas y ahora tienen que remar contracorriente.

El coctel de corrupción que impera en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Instituto Nacional de Migración (INM) impide que cientos, incluso miles de migrantes, obtengan un documento legal para permanecer en el país. Esto ha empujado a los integrantes de la nueva caravana a caminar a ritmo trompicado, por una ruta en la que el crimen organizado ha sentado sus bastiones para reclutar a la comunidad extranjera en prácticas ilícitas. Los expulsaron de un infierno y llegaron a otro.

Según estimaciones del Centro de Dignificación Humana, la salida de la caravana migrante apenas representa una nimiedad del número de extranjeros que Donald Trump ha enviado al sureste mexicano desde que tomó el cargo el 20 de enero de 2025.

Muchos de los miembros de la caravana denominada “Sueños sin fronteras” pasaron meses en Tapachula a la espera de una resolución de refugio o permiso migratorio tras llegar expulsados de Estados Unidos, pero cansados del espiral burocrático que sólo toma línea recta si desembolsan fuertes cantidades de dinero, han emprendido el viaje que quizá, ahora si, no tenga retorno.