La Administración Trump mantiene por ahora el TPS de El Salvador, pero no garantiza su continuidad
Los 170.000 salvadoreños que residen en Estados Unidos bajo el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS) mantienen su permiso por ahora. El miércoles 9 de septiembre venció el plazo para que la Administración de Donald Trump se pronunciara sobre si renovaba o no el programa que les protege de la deportación, pero no tomó una decisión. Según el estatuto que lo regula, el silencio implica una renovación automática por seis meses.
Los salvadoreños pueden, por el momento, continuar trabajando, pero el escueto mensaje que dio el Gobierno no les garantiza mucho. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo en un comunicado que habría un anuncio con respecto al estatus de los salvadoreños “en el momento adecuado” y que hasta entonces, “las personas salvadoreñas presentes en Estados Unidos bajo el TPS conservan la protección”.
“Digamos que podemos respirar, pero no es una situación ideal”, apunta Francisco Semião, presidente de la Asociación Nacional Salvadoreña Americana (NSAA, por las siglas en inglés). En su opinión, el hecho de que el Gobierno no haya querido anunciar claramente la renovación deja dudas sobre sus intenciones y no pone fin a la incertidumbre de los cientos de miles de personas cuyas vidas dependen de una resolución.
En el limbo
Desde la Alianza Nacional del TPS, la organización que lleva décadas luchando por los derechos de los tepesianos, también advierten que la situación de los salvadoreños continúa en el limbo. “Mencionan en su comunicado que por ahora seguimos protegidos, pero no sé hasta cuándo, lo que significa que esa no es la decisión final”, explica José Palma, su coordinador general a EL PAÍS. “Hemos entrado en un territorio gris, legalmente hablando, y por ahora solo queda esperar cuando sale el anuncio oficial”, insiste.
Palma cree que el Gobierno incluso podría anunciar su fin en los próximos días. “A Honduras le avisaron de su terminación dos o tres días después de que venciera el plazo. La interpretación del Gobierno sobre la ley es de que ellos están obligados a decidir 60 días antes de que venza el programa, pero no a hacerlo público”, explica Palma.
La Administración Trump ha eliminado el TPS de 13 de los 17 países que lo tenían como parte de su campaña contra la inmigración, uno de los pilares de su segundo mandato. Argumentan que el TPS es un programa temporal, no definitivo, y que las condiciones en los países de origen de los migrantes han mejorado, permitiendo su regreso, una justificación discutible en Haití, Siria o Venezuela, países que lo han perdido.
El programa TPS se creó para conceder la residencia temporal a los ciudadanos de países que sufrieran una situación extrema de violencia, un conflicto bélico o un desastre natural.
El Salvador lo obtuvo primero por la guerra civil que el país sufrió entre 1979 y 1992 y después en 2001 en respuesta a dos terremotos que dejaron devastado el país. Quienes se beneficiaron del TPS llevan 25 años en Estados Unidos, un país que ya consideran propio. El Congreso no les ha ofrecido una vía para optar a la residencia permanente o a la ciudadanía, por lo que no han podido mejorar su estatus migratorio. Han emprendido negocios, adquirido viviendas, formado familias y sus hijos son estadounidenses. La perspectiva de tener que abandonarlo todo es una pesadilla de la que el breve comunicado del DHS no les ha librado. “No sabemos qué hacer, si vender el negocio, la casa o tantas otras cosas que hemos construido”, expresa Semião.
El programa TPS concede un permiso de residencia y de trabajo durante 18 meses renovables. Los salvadoreños beneficiados llevan más de dos décadas realizando el trámite y pagando las tasas. Trump ya intentó poner fin al programa en su primer mandato, pero los tribunales le frenaron. En este segundo mandato ha eliminado la protección a cientos de miles de personas, a las que está deportando y los salvadoreños continúan en la cuerda floja.
Semião confía que la cercanía de las elecciones de medio término (midterms) jueguen a su favor. La popularidad del presidente está en mínimos en parte por la agresividad de su política migratoria. La guerra en Irán, sin visos de terminar, el alto coste de la vida y la subida del precio de la gasolina han erosionado el apoyo de los electores que votaron por él en 2024. Las encuestas apuntan a que el 3 de noviembre puede perder el control las dos Cámaras del Congreso, en las que el Partido Republicano goza ahora de mayoría. “No creo que tome una decisión en contra del TPS antes de la elección, no le favorecería”, opina Semião. De momento, los 170.000 salvadoreños del TPS continúan protegidos de la deportación, pero es algo temporal.
