La Administración Trump intensifica su batalla para impedir que estudiantes indocumentados accedan a la universidad

Colorado se ha convertido en el último objetivo de la campaña de la Administración de Donald Trump contra los estudiantes que no son ciudadanos estadounidenses o carecen de un permiso de residencia permanente. El Departamento de Justicia (DOJ) presentó el 23 de julio una demanda en su contra por permitir que estudiantes indocumentados puedan acceder a las tarifas de matrícula que pagan los residentes del Estado, más baratas que las que se cobran a estudiantes de otros Estados. Con ella ya son 14 las demandas interpuestas contra los Estados que no discriminan a los estudiantes por su estatus migratorio.

Texas, Kentucky, Oklahoma, Nebraska, Illinois, Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island y Maryland han recibido denuncias similares en las que el argumento que presenta el DOJ es siempre parecido. Alegan que las leyes estatales violan la legislación federal al ofrecer a los estudiantes indocumentados beneficios que no están disponibles para todos los ciudadanos estadounidenses.

“La ley federal establece que ‘un extranjero que no se encuentre legalmente en los Estados Unidos no podrá optar —sobre la base de su residencia en un Estado— a ningún beneficio de educación postsecundaria, a menos que un ciudadano o nacional de Estados Unidos pueda optar a dicho beneficio… independientemente de si dicho ciudadano o nacional es residente de ese Estado”, recoge la demanda interpuesta contra Maryland el 16 de julio.

Las altas tasas que cobran las universidades y colegios superiores de Estados Unidos se han convertido en una traba difícil de superar para muchas familias, que recurren a préstamos y ayuda financiera para poder costear los estudios. En ocasiones, a los estudiantes no les queda más remedio que desistir de continuar estudiando al concluir la educación secundaria. En el caso de familias con miembros indocumentados, es más probable que la situación financiera del hogar sea más precaria, ya que los empleos a los que tienen acceso proveen de salarios más bajos.

“Hoy, el Departamento de Justicia presentó una demanda para arrebatarles una oportunidad a los estudiantes de Maryland que crecieron aquí, se graduaron aquí y se esfuerzan por lograr algo más para sí mismos, para sus familias y para las comunidades en las que viven. Estamos examinando detenidamente la demanda. Responderemos a través de los tribunales, tal como lo hacemos siempre que se impugnan las leyes de Maryland, y seguiremos luchando por los jóvenes de nuestro Estado y por su futuro”, respondió el fiscal general de Maryland, Anthony Brown, en un comunicado.

Impuestos, sí; beneficios, no

Según la ley de Maryland, los migrantes indocumentados que residen en el Estado, se graduaron de una escuela secundaria estatal, han pagado impuestos estatales sobre la renta durante al menos dos años y solicitan el estatus de residente permanente dentro de los 30 días posteriores a cumplir los requisitos —entre otras condiciones—, pueden beneficiarse de la tarifa de matrícula reducida que disfrutan los ciudadanos residentes.

En la Universidad de Maryland, de gestión pública, la matrícula para residentes fue de 12.008 dólares para el curso escolar 2025-2026, mientras que para el resto de estudiantes ascendía a 41.974 dólares. A ello hay que sumar alojamiento, manutención y material lectivo. En total, según estima la propia universidad, el gasto anual para un estudiante que vive en Maryland asciende a 32.408 dólares, frente a los 62.374 que pagaría un alumno residente en otro Estado.

La demanda del DOJ estima que la legislación de Maryland le supone un ahorro a los migrantes de nueve millones de dólares al año, un ahorro que, en su opinión, va en detrimento de los ciudadanos estadounidenses.

“Existe esa falsa narrativa de que los inmigrantes están acaparando recursos que deberían destinarse a los estadounidenses. Lo cual, simplemente, no es cierto. Los inmigrantes pagan impuestos y financian muchos programas que benefician a los estadounidenses, pero a los que ellos mismos no pueden acceder”, apunta Corinne Kentor, gerente sénior de investigación y políticas de la President’s Alliance on Higher Education and Immigration, una alianza de cerca de 600 rectores y presidentes de colegios universitarios y universidades enfocada en la educación superior y la política migratoria.

El ataque contra la educación universitaria de los estudiantes indocumentados se enmarca en la campaña de la Administración Trump contra los migrantes que, más allá de las deportaciones, ha abierto diferentes frentes, como la eliminación de sus permisos de empleo, acceso a la asistencia sanitaria y alimentaria y a la educación.

Desde 2001, cerca de la mitad de los Estados del país, además del Distrito de Columbia, han aprobado alguna versión de una política de equidad en las tasas de matrícula para facilitar el acceso a las tarifas para residentes estatales y, en ciertos casos, a ayuda financiera. La verificación del estatus migratorio no se realiza en muchos Estados, mientras que en otros, como Georgia y Carolina del Sur, los estudiantes que no sean ciudadanos o tengan residencia permanente no pueden matricularse en instituciones públicas de educación superior.

El pulso que se libra en los tribunales ha favorecido a los Estados en algunos casos y al Gobierno federal en otros. Los tribunales federales ya han anulado políticas similares en Texas y Oklahoma, mientras que Kentucky acordó poner fin a su programa tras ser demandado. A principios de este año, un juez federal desestimó una demanda similar en Minnesota. Los desafíos legales, no obstante, continúan con apelaciones a los fallos que ya se han dictado.

“Las políticas estatales que se impugnan no se fundamentan en la residencia; así pues, aunque la afirmación sea acertada respecto a la ley federal sobre ayuda financiera, no lo es en cuanto a cómo están estructuradas dichas políticas a nivel estatal. Puede tratarse de aspectos como haber asistido a una escuela secundaria pública del Estado o haber obtenido el GED (examen de Desarrollo Educativo General) o el diploma de escuela secundaria en dicho Estado. Esos son los criterios concretos, por lo que esto afecta no solo a los estudiantes indocumentados, sino también a muchos otros alumnos”, explica Kentor.

En la última demanda presentada, la de Colorado, el fiscal general reitera la tesis de que permitir que estudiantes indocumentados paguen las mismas matrículas que ciudadanos estadounidenses es un agravio contra estos últimos, además de incentivar la inmigración irregular. Los críticos a la prohibición señalan que excluir a estudiantes académicamente cualificados debido a su estatus migratorio eliminaría su contribución a sus comunidades, cubriendo necesidades laborales cruciales y fortaleciendo la economía.

En Florida, donde ya el año pasado el gobernador Ron DeSantis excluyó a los migrantes indocumentados de las tasas para estudiantes estatales, la Junta de Educación votó el 30 de junio a favor de restringir su acceso a las universidades públicas a partir del curso 2027-2028. “Esta propuesta impediría que miles de estudiantes indocumentados accedan a la educación superior y la mayoría de ellos no cuenta con ningún tipo de apoyo que los guíe en este proceso. Estudiantes como yo nos veremos obligados a abandonar las instituciones y comunidades que consideramos nuestro hogar, retrasar nuestros estudios o buscar vías totalmente nuevas para obtener un título”, declaró Carlie, una estudiante de Florida al conocer la noticia.