Jaime Bonilla: un viejo informante
Existen dos maneras de contar la guerra política que hoy consume a Baja California. Y aunque es posible que ambas sean verdaderas al tiempo, también es cierto que una ha sido más ventilada que la otra.
La primera forma de explicar el atadijo pasa por Marina del Pilar: una visa revocada, conversaciones pilladas hechas públicas y la acusación de la gobernadora de que, detrás de todo aquello, se encuentra su antecesor.
El segundo punto de partida hay que buscarlo veinticinco años atrás, del otro lado de la frontera, cuando Jaime Bonilla ―exgobernador de Baja California― grababa conversaciones para el FBI.
Tomaré el camino más largo que nos lleva de vuelta al principio.
El informante
A principios de este siglo, Bonilla presidía el Distrito de Agua de Otay, en el sur de San Diego. En aquella época, en medio de una investigación por posibles actos de corrupción, Los Angeles Times reveló que había trabajado como informante del FBI y grabado conversaciones de manera clandestina. Jaime admitió entonces lo que, tiempo después, el FBI confirmaría: Bonilla era su informante secreto.
Aquel delator ―ciudadano estadounidense que asegura haber renunciado a la nacionalidad, aunque después siguió inscribiéndose para ocupar cargos públicos en Estados Unidos― regresaría, con los años, a su viejo método. Ya como gobernador, grabó sin su consentimiento a Olga Sánchez Cordero ―entonces secretaria de Gobernación― para impulsar el proyecto político con el que pretendía extender su mandato.
Si es verosímil que Bonilla haya orquestado la trampa contra Marina del Pilar, no seré yo quien lo resuelva. Bastará para ello su biografía. Tengo para mí que Jaime no es muy original en su método y que la opinión pública lo olvidó muy rápido.
De potro a gobernador
La carrera política de Bonilla fue una supersónica impulsada por Andrés Manuel López Obrador.
Aunque el tabasqueño nunca simpatizó con los hombres de negocios, el pragmatismo y el beisbol se impusieron. Bonilla ―poderoso empresario de medios en la frontera y antiguo director general de los Potros de Tijuana― ofreció a Obrador lo que necesitaba: exposición mediática en el norte del país. Micrófonos en tiempos de censura. Buena prensa en los tiempos del Peligro para México.
Aquel servicio rindió frutos. Aunque la carrera política de Bonilla nació en el PT ―llegó a ser diputado― supo distinguir de qué color venía la ola.
A la una fue senador de la República, aunque no por mucho tiempo. A las dos se convirtió en superdelegado. A las tres ya era candidato a gobernar su Estado.
Las elecciones de 2019 cerraron el círculo. Baja California ―el estado donde treinta años antes Ernesto Ruffo había inaugurado la alternancia arrebatándole al PRI la gubernatura― cambió de color. Bonilla sepultó tres décadas de panismo. Arrastrado por el tsunami obradorista, obtuvo más de la mitad de los votos. Su adversario del PAN, apenas la mitad.
Pero había un detallito: el mandato para el que Jaime había sido electo duraría apenas dos años. La ley se había reformado antes para hacer coincidir el calendario de Baja con las elecciones federales intermedias de 2021.
El pormenor encueró a Bonilla: no hay poder bastante para saciar el apetito del ambicioso.
La Ley Bonilla: el perfecto retrato
Azotada la puerta judicial con la que intentó prolongar su mandato, Bonilla intentó abrir una ventana legislativa.
Apenas seis días después de su triunfo en las urnas ―las prisas, las ansias― los diputados aprobaron la reforma que estiraba el mandato de Jaime de dos a cinco años. Lo que las urnas no le habían concedido, el Congreso se lo regaló. Bonilla se convirtió en dios y dispuso para sí del tiempo.
La reforma avanzó con apoyo adversario. En un Congreso local donde Morena no tenía mayoría, la Ley Bonilla fue aprobada con el voto de la oposición. Siete diputados del PAN ―Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar, incluido― le ayudaron a prolongar su mandato.
De tanto estirar la liga, Bonilla rompió el lazo. Aunque el empresario no se ha ocupado de actualizar su sitio web, donde todavía afirma que su amigo Andrés Manuel López Obrador lo invitó a transformar el país, la amistad no sobrevivió a la intentona. El presidente se deslindó; Porfirio Muñoz Ledo ―entonces presidente de la Cámara de Diputados― promovió la desaparición de poderes en el Estado; y dentro de Morena ―un movimiento para el que el principio maderista es dogma― Bonilla pasó de fervoroso a hereje.
El último giro de la llave lo dio la Suprema Corte. Por unanimidad, declaró inconstitucional el artículo octavo transitorio de la Ley Bonilla: una vez celebrada la elección, las reglas de la democracia no pueden reescribirse.
Derrotado por la Constitución, Jaime Bonilla dejó de ser gobernador en octubre de 2021. La fecha en que debía dejar de serlo.
El primer vinculado de Morena
Terminada su breve gubernatura, Jaime Bonilla retomó el viaje donde lo había dejado: en el Senado.
En 2022, el PAN lo denunció ante la FGR por retener ilegalmente fondos de los ayuntamientos. Igual daba: Bonilla llevaba puesto el escaño como chaleco antibalas.
Pero el golpe más duro vino de casa. Ahí comenzó a incubarse la guerra política que hoy turba a Baja California. Su sucesora, Marina del Pilar, decidió comenzar a revisar sus irregulares cuentas.
Así, en 2022, el nuevo gobierno del Estado denunció a Bonilla y a siete de sus funcionarios por el caso Next Energy. Durante su gubernatura, se habían autorizado contratos para construir una planta fotovoltaica que nunca existió.
Jaime Bonilla ardió en cólera y emprendió una ofensiva contra la nueva gobernadora. Aquello era fuego amigo desde la propia trinchera. En agosto de 2022, devolvió el disparo: atribuyó la ola de violencia que sacudía Baja California a la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno de Marina del Pilar y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Bonilla fue más lejos. Denunció redes de contrabando operadas ―según él― por empleados de la Secretaría de Seguridad y acusó a la Fiscalía General del Estado ―la misma que integraba carpetas en su contra― de pasar droga por la garita de San Ysidro. Acorralado, recurrió a una vieja máxima de guerra: la mejor defensa es el ataque.
Con todo, aquel antiguo líder fronterizo de la izquierda, alguna vez hombre de confianza de López Obrador, quedó marcado como el primer exgobernador de Morena vinculado a proceso.
La guerra sucesoria
Entre diablos y llamaradas bastó un movimiento del fiel para que la balanza se equilibrara.
En mayo de 2025, Estados Unidos revocó las visas de Marina del Pilar y de su esposo, Carlos Torres. Para ello, Jaime Bonilla intervino con declaraciones públicas y denuncias ante Washington.
Tras ello vino la más improbable de las hostilidades entre Bonilla y Marina: una reconciliación, una tregua. El 25 de mayo de 2025 se reunieron en el Centro de Gobierno de Mexicali. El encuentro fue narrado directamente por Bonilla al Semanario Zeta. Allí calificó el retiro de la visa de la gobernadora como una injusticia: Marina, dijo, era apenas un daño colateral; el verdadero talón de Aquiles era su esposo.
Después vinieron los audios ―por todos conocidos― y la acusación de Marina del Pilar: Bonilla le había tendido una trampa.
¿Perro viejo, viejos trucos?
No es posible afirmar que Bonilla haya grabado a la gobernadora de Baja California y después filtrado los audios. Lo que sí podemos señalar es cuán grande es la coincidencia entre el propósito y el método: el deseo de expulsar a Marina del Pilar del juego y los procedimientos que la biografía de Bonilla evidencian. Una vez es un episodio. Dos veces, reincidencia. Tres, un patrón.
Un político experto en medios de comunicación, antiguo informante del FBI, con antecedentes públicos de grabaciones sin consentimiento, sostiene que atribuirle una operación semejante resulta ridículo.
Su biografía, sin embargo, no permite reírnos ante el aparente absurdo. La historia de Bonilla es una serpiente demasiado larga para tenderse en línea recta. Asoma la cabeza y se va curvando.
Bonilla ha dejado claro que no caminará con Morena si la candidata es Julieta Ramírez, figura cercana a Marina del Pilar. Él tiene a su propia candidata para que, desde la Silla de Baja, le cuide la zaga: Montserrat Caballero.
Para lograrlo, Bonilla ha secuestrado las siglas del Partido del Trabajo en Baja California. Es difícil saber qué arreglo con Alberto Anaya le permite conducirse como dueño de la franquicia en el norte del país. Al cederle el control local, Anaya ha puesto en riesgo la estabilidad de toda la alianza.
Su reciente reunión con Dante Delgado, dirigente de MC, terminó por descubrir el juego: Bonilla necesita que Morena crea posible la ruptura para postular a Monsterrat.
Nada de esto absuelve a Marina del Pilar. La gobernadora ―mal aconsejada, como deja ver el revoltijo― tiene todo que explicar. Lo que aquí se ha explorado es algo distinto: la verosimilitud de su acusación contra Bonilla, que ―después de recorrer su biografía― merece algo más que una carcajada. Amerita ser tomada en serio.
Casi nos olvidamos de las viejas mañas de Bonilla. Menos mal que aquí las hemos recordado.
