Irán dispara los ahorcamientos de manifestantes y presos políticos al amparo de la guerra

Irán ha ahorcado este miércoles al alba a dos hombres, identificados como Alí Hemati, de 33 años, y Mayid Nikandish, de 23, que habían sido detenidos en la ciudad de Mashhad, en el noreste del país, durante las manifestaciones contra la República Islámica del mes de enero. Dos ejecuciones más que elevan al menos a 46 la cifra de manifestantes y presos políticos que han muerto en el patíbulo en Irán desde el 18 de marzo, ha advertido en la red social X Mahmood Amiry Moghaddam, director de la ONG de monitoreo de la pena de muerte en el país asiático Iran Human Rights (IHR). En julio, Amnistía Internacional calculó la cifra de ejecutados por motivos políticos en 52.

La mayoría acabó en la celda de aislamiento, que en Irán suele preceder al patíbulo, tras ser arrestados en circunstancias similares a las de los dos ejecutados esta madrugada. De los al menos 46 ahorcados, 31 eran manifestantes detenidos en las protestas de enero, cuando la represión regó de sangre las calles de Irán. Las autoridades de Teherán reconocen 3.117 fallecidos, aunque señalan que más de 2.440 eran civiles y miembros de las fuerzas de seguridad que murieron a manos de terroristas. Varias ONG desmienten ese relato y elevan la cifra hasta los 7.000 muertos documentados por la ONG iraní HRANA, que trabaja desde Estados Unidos.

Otros dos de los hombres ahorcados por motivos políticos en los últimos meses a los que alude IHR habían sido detenidos en la anterior oleada de manifestaciones contra el régimen iraní —las del movimiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022—, mientras que el resto (13) hasta alcanzar los 46, eran militantes de grupos de oposición prohibidos por las autoridades iraníes, según IHR, radicada en Oslo.

El uso extensivo de la pena capital contra opositores ha sido, desde el advenimiento de la República Islámica, en 1979, una herramienta de represión destinada a infundir terror, sobre todo porque esas sentencias a menudo se dictan después de que el acusado sea inculpado de supuestos delitos formulados de forma vaga que no tienen correspondencia en otros ordenamientos jurídicos, como la “enemistad con Dios” o la “corrupción en la tierra”.

Sin embargo, las autoridades iraníes han dado ahora un salto cuantitativo en esa utilización de la pena de muerte al amparo de la guerra desatada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, denuncian diversas organizaciones de derechos humanos. En realidad, el aumento de las condenas a muerte por motivos políticos ya había empezado tras la primera oleada de bombardeos israelíes y estadounidenses contra el país en junio de 2025, que duró 12 días. Ahora, según varias ONG, se ha acelerado.

Los datos de ejecutados por participar en manifestaciones o por militar en organizaciones opositoras indican, a ojos de esas organizaciones, el creciente uso de la horca como herramienta de represión política. Solo en las seis semanas previas a finales de abril, las autoridades iraníes ejecutaron a una media de un preso político cada dos días, según IHR.

“Las autoridades iraníes están desatando una espantosa ola de ejecuciones y condenas a muerte para castigar y reprimir la disidencia y proyectar una imagen de fuerza y ​​control absoluto tras el levantamiento popular de enero y en medio de los continuos ataques de las fuerzas estadounidenses e israelíes”, declaró en julio Heba Morayef, directora regional para Oriente Medio y el Norte de África de Amnistía Internacional, según un comunicado de la ONG difundido poco después de que las autoridades iraníes ahorcaran en público a dos manifestantes.

Esas ejecuciones públicas, a las que suelen asistir incluso menores, son para muchos activistas la demostración de que las condenas se dirigen en gran parte a infundir terror en la población. Se llevan a cabo en la calle, mediante grúas instaladas en remolques de camiones que alzan en el aire la soga de la que pende el condenado.

Tanto IHR como Amnistía y la propia Naciones Unidas han advertido además repetidamente de que las cifras de ejecuciones de manifestantes y opositores en Irán, que corresponden a los casos que han demostrado de forma fehaciente, son seguramente muy inferiores a las reales. Según IHR, solo en una prisión de la provincia de Isfahán, en el centro de Irán, más de 70 personas arrestadas en las manifestaciones de enero habían sido condenadas a morir en la horca, solo hasta el pasado verano. En total, la organización calcula que un centenar de manifestantes han sido ya sentenciados al patíbulo, mientras que “cientos más” podrían correr la misma suerte.

Como sucedió con los dos hombres ahorcados este miércoles, algunos de esos manifestantes habían sido acusados de matar a miembros de las fuerzas de seguridad iraníes. A menudo, denuncia Amnistía, con la única prueba de confesiones “extraídas con torturas”, que luego se difunden en la televisión estatal, y tras juicios “sumamente injustos”, a veces precedidos de una desaparición forzada, y en la que los acusados ni siquiera pueden elegir a su abogado, sino solo a un letrado de oficio de una lista aprobada por el poder judicial iraní.

Uno de los dos ahorcados este miércoles, Majid Nikankish,“permaneció en régimen de aislamiento durante aproximadamente tres meses y fue sometido a graves torturas durante los interrogatorios, que le provocaron la fractura de la mandíbula y la luxación de un hombro tras ser colgado de los brazos”, según una fuente anónima citada por IHR.

Desaparición forzada

Otros manifestantes afrontan una posible condena a muerte sin que se les haya acusado de matar ni herir a nadie. Ese es el caso del atleta de artes marciales de 26 años Benyamin Naghdi, arrestado en las protestas el pasado 3 de enero y acusado de lanzar un extintor contra las fuerzas de seguridad, una supuesta agresión en la que no consta que nadie resultara herido. Amnistía denuncia que este joven estuvo desaparecido durante más de 50 días. Su confesión “forzada” fue retransmitida por la televisión estatal al día siguiente de su arresto y antes del juicio. Luego fue condenado a morir en la horca por “corrupción en la tierra” el pasado mes de mayo.

La guerra ha dado paso además, alertan Amnistía y IHR, a que las autoridades iraníes “recurran cada vez más a acusaciones de seguridad nacional de carácter amplio, incluyendo espionaje y colaboración con Estados hostiles, para condenar y sentenciar a muerte a personas arrestadas en el contexto de las protestas de enero de 2026″, rezaba el comunicado de Amnistía de julio. Así, los condenados a muerte suelen ser definidos como “agentes extranjeros” o “colaboradores del régimen sionista [Israel]”, de Estados Unidos o de ambos.

Las autoridades iraníes “han contribuido a generar un clima de temor al recurrir cada vez más a la Ley de Espionaje”, dice Amnistía, una norma que penaliza compartir información sobre protestas y violaciones de derechos humanos con medios de comunicación extranjeros.

En lo que la ONG califica de “escalada aún mayor”, el Ministerio de Inteligencia iraní publicó el pasado 14 de julio una lista de 400 personas y entidades, incluidas organizaciones de derechos humanos como Iran Human Rights y medios de comunicación independientes con sede fuera de Irán, como “hostiles” en virtud de esa ley de Espionaje. Hablar con esa organización -o con medios con la cadena estadounidense CNN- puede conllevar una acusación por espionaje y la pena de muerte.

Las autoridades iraníes ejecutaron en 2025 al menos a 2.259 personas, más del doble que en 2024, según Amnistía, en lo que constituye la cifra más alta de ejecuciones desde 1989. Diversas organizaciones internacionales consideran que Irán es desde hace años el país que mata legalmente a más personas —sobre todo, presos comunes, pero también algunos políticos— en términos relativos; es decir, en relación con su población. También es el segundo del mundo en términos absolutos, solo por detrás de China, y el Estado que ejecuta a más mujeres. De entre los delitos que en Irán pueden castigarse con la muerte, sobresale uno como causa de aproximadamente la mitad de las penas capitales aplicadas en el país asiático: el tráfico de drogas.