“Incluso las personas que más han sufrido la represión reconocen que hay una pequeña ventana de oportunidad hacia la democratización en Venezuela”

Este martes, la presidenta interina pidió a la Asamblea Nacional, encabezada por su hermano Jorge Rodríguez, una reforma a la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que ha servico como marco legal a la persecución política.

En esta entrevista, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch analiza la situación de los derechos humanos en Venezuela bajo un sistema represivo que parece estar en “pausa”.

¿Cómo fue el regreso de Human Rights Watch a Venezuela? ¿Qué sensación tuvieron sus delegados frente a lo que vieron y escucharon?

Llevo cuatro años siendo directora de la División de Las Américas. Desde que entré, intentamos tomar la decisión de regresar a Venezuela. Pero para poder entrar, teníamos que garantizar que las organizaciones locales de la sociedad civil nos ayudaran a encontrar el momento indicado.

En 2024, tuvimos varias conversaciones y llegamos a la conclusión de que el riesgo de detención era muy alto en medio de la fase preelectoral y postelectoral.

Pero a medida que avanzó esa conversación, nuestros aliados empezaron a decirnos: “Las cosas están cambiando, es un buen momento para que piensen en entrar”.

En esta visita incluso lograron reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez. ¿Cómo fue ese encuentro?

Lo primero fue reconocer que veíamos cambios, a partir de escuchar a la sociedad civil, a familiares de víctimas y presos políticos, tanto de los que han sido liberados como de muchos otros que aún esperan la liberación de sus seres queridos.

La situación está lejos de ser la de un estado de normalidad y la restricción de derechos humanos en Venezuela sigue muy presente.

Aun así, todas las personas con las que hablamos nos confirmaron que había unos cambios positivos. Nos dijeron que los fenómenos más álgidos de la represión habían disminuido, no en todos los casos, pero sí en muchos.

Nos dijeron que la liberación de personas había sido un paso muy importante. Y que la aplicación de la Ley de amnistía, con todas las restricciones que nosotros mismos hemos documentado, había logrado resolver la situación jurídica de muchas personas.

Nos reunimos con todos los partidos. Y los políticos de oposición nos decían que en muchos de los casos se había levantado la vigilancia que tenían en sus casas.

Dicho esto, pasamos a plantear nuestras preocupaciones y la necesidad de transformaciones más profundas para que haya una transición hacia un proceso real de democratización y reinstitucionalización en Venezuela.

¿Cuáles son las transformaciones que ustedes valoran como fundamentales para que se concrete la democratización?

La primera es la liberación de todas las personas privadas de su libertad arbitrariamente. Las cifras varían, pero por lo menos entre 300 y 500 personas todavía tienen que ser puestas en libertad cuanto antes.

La segunda es la mejora de las condiciones de detención. Estuvimos a las afueras de la cárcel Rodeo I y pudimos hablar con los familiares que aún están esperando.

Los relatos son aterradores: describen un centro de tortura en donde, particularmente en el piso cuarto y en un sótano que llaman “la máquina del tiempo”, todavía seguirían existiendo prácticas atroces de tortura.

Solicitamos el ingreso del CICR (Comité Internacional de la Cruz Roja) para constatar la situación. Y específicamente solicitamos el cierre de la cárcel Rodeo I.

Mencionamos las leyes que han cerrado la posibilidad de funcionar libremente a las organizaciones de sociedad civil y al periodismo independiente.

Insistimos en la derogación de la Ley contra el terrorismo, sobre la cual se han basado la mayoría de estos procesos arbitrarios de judicialización, tanto por el delito de terrorismo como por la creación de la jurisdicción de terrorismo.

Si se avanzara en la derogación de esta ley sería un paso fundamental para garantizar que la sociedad civil y la prensa puedan operar de manera libre.

Y mencionamos también que los periodistas y los medios de comunicación puedan estar libremente acreditados.

En el caso de los locales, significa no estar siendo vigilados constantemente, no arriesgarse a que se les revoque la posibilidad de seguir ejerciendo solo por expresar una posición que no sea la que el gobierno quiere escuchar o por presentar cualquier tipo de crítica públicamente.

¿Considera que se lograron avances en esa conversación?

Creo que fue una reunión productiva. Partimos de reconocer ciertos avances, pero pusimos sobre la mesa que una transición sostenible en el tiempo requiere reformas mucho más profundas que las que se han puesto en marcha.

Y el otro tema que también le planteamos a la presidenta: la necesidad de avanzar en una reforma estructural del sector seguridad, que implica desmontar el aparato represor.

Entendemos que es un proceso de largo alcance. Pero como mínimo hay que cambiar las reglas que hoy les permiten a las agencias de inteligencia, como el SEBIN (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) o la DGCIM (Dirección General de Contrainteligencia Militar), sustanciar los procesos penales.

Hay que quitarles esas facultades a los organismos de inteligencia, que nunca deberían estar involucrados en la investigación penal.

El uso de la inteligencia para la persecución penal es, en gran medida, una de las piezas esenciales de cómo han sido perseguidos opositores, críticos y sociedad civil.

¿Cuál fue la respuesta de la presidenta Rodríguez?

Digamos que fue una reunión cordial. La presidenta dijo que no estaba de acuerdo con La ley contra el terrorismo, que si por ella fuera, esa ley no debería existir. Hubo un compromiso de gestionar las visitas del CICR (Cruz Roja), particularmente al Rodeo I.

Antes nos habíamos reunido con el vicecanciller Oliver Blanco y con la ministra Ana María Sanjuan. En esas reuniones hablamos de enviarles los listados de personas que aún se mantienen privadas de la libertad arbitrariamente, listados que muchas otras organizaciones de sociedad civil ya les han enviado.

Ellos estuvieron abiertos, incluida la presidenta, a revisar esos casos.

Lo mismo con las resoluciones que les otorgan a los organismos de inteligencia estas facultades de sustanciación penal: dijeron que las revisarían para ver si efectivamente siguen permitiendo a los organismos de inteligencia sustanciar los procesos.

Lo que sigue, y es la tarea más ardua, es monitorear efectivamente estos compromisos y ver si se avanza o no en cumplirlos.

¿Qué dijo Rodríguez específicamente sobre Rodeo I y las torturas que describen los familiares de los detenidos?

Hicimos referencia específicamente tanto a la “máquina del tiempo” como al piso cuarto. Dijo que había dado instrucciones para que el CICR pudiera entrar a Rodeo I y hacer una revisión.

Ella dijo que Rodeo I tenía cámaras en todos los pisos y nosotros le respondimos que lo que nos habían dicho es que en el piso cuarto no hay esas cámaras.

En ese momento, le mandó un mensaje al ministro de (Servicios) Penitenciarios pidiéndole información sobre cuál era la situación del piso cuarto.

¿Cómo fueron las conversaciones con los familiares de detenidos que se mantienen en el campamento fuera de la prisión Rodeo I?

Es una situación muy dura. Eran personas que estaban muy esperanzadas con la posibilidad de que sus familiares fueran liberados, luego de que el gobierno anunciara que liberaría a un grupo de personas privadas de libertad arbitrariamente.

Había mucha frustración porque sus familiares siguen privados de la libertad.

Era un espacio muy emocional porque es gente que ha sufrido mucho. Primero tuvieron la angustia de que sus familiares fueron detenidos sin que se supiera adónde los estaban llevando.

La gran mayoría sufrió primero una desaparición forzada. Los familiares fueron de cárcel en cárcel tratando de encontrar dónde estaba su ser querido, hasta que por fin supieron que estaba en Rodeo I.

Pasaron períodos muy largos sin poder contactar a sus familiares y solo después de un tiempo empezaron a tener ese contacto.

Esta es una cárcel que no permite el contacto físico. Las visitas son a través de un vidrio, así que ni siquiera pueden tocar a sus familiares.

Además, en términos generales, es una cárcel que no permite la entrada de niños y niñas, con lo cual los padres que están ahí recluidos han estado completamente aislados de sus hijos menores de edad.

Hasta hace muy poco, las visitas tenían que entrar encapuchadas para ver a sus familiares. Nos contaron que solo en las últimas semanas habían levantado ese requisito de entrar con capucha a Rodeo I para hacer las visitas.

Nos contaron cómo, en distintos momentos, incluso después del 3 de enero [cuando Maduro fue capturado por fuerzas de EE.UU.], oyen a sus familiares gritar, quejarse de golpizas.

Los familiares han hablado de falta de acceso a una alimentación y atención médica adecuadas. Mencionaron con muchísima preocupación procedimientos médicos que no necesariamente fueron autorizados ni consultados con los familiares.

A los presos los trasladan a centros de atención médica sin decirles antes a las familias a dónde los van a llevar.

Y mencionaron también lo más preocupante de esta situación: el piso cuarto y un lugar que estaría en el sótano, al que describen como “la máquina del tiempo”.

En esos sitios, las personas privadas de la libertad habían descrito distintos tipos de torturas, que irían desde detención prolongada en total oscuridad, completamente aislados, hasta golpizas.

Incluso nos describieron un caso de alguien que estuvo amarrado de manera prolongada y que sufrió electrochoques.

Después de tantos años de experiencia en la documentación de violaciones de derechos humanos, ¿qué le impactó del testimonio de las víctimas y sus familiares en Venezuela?

Tal vez la sesión más dura fue la de personas que contaban que sus familiares habían sido privados de la libertad por algo tan básico como compartir un mensaje de WhatsApp o un video de TikTok.

Creo que fue también una constatación muy clara de que, a pesar de las excarcelaciones, todavía hay personas privadas de la libertad simplemente por haberse expresado.

Tengo que decir que también me impresionó algo que plasmamos en el comunicado: incluso las personas que más han sufrido reconocen que en materia de represión ha habido mejorías.

Ha habido una reducción de los fenómenos más aberrantes de la represión. Creo que eso es impresionante, porque la situación en Venezuela todavía es crítica. La restricción de derechos todavía es muy grande.

Aun así, personas que han sufrido esa represión, personas que se han visto perseguidas, notan que hay un clima distinto y que hay una pequeña ventana de oportunidad hacia un verdadero proceso de democratización en Venezuela.

¿Cómo se interpreta esa tensión entre los avances y el hecho de que no se hayan desmantelado los cuerpos que ustedes identifican como partícipes de la represión?

Para nosotros fue muy palpable y por eso usamos la palabra “pausa”. Los ciudadanos con los que hablamos, sobre todo periodistas, víctimas y líderes de sociedad civil, nos decían: “Hay una especie de pausa, pero como el aparato represor está intacto, esa represión se podría reactivar en cualquier momento”.

Por eso todavía sienten miedo.

De ahí nuestra insistencia en que una transición real, una transición plena, un proceso de democratización, tiene que incluir fundamentalmente la reforma estructural del sector seguridad. Sin eso no es posible hablar de un proceso de democratización pleno.

¿Qué importancia tienen figuras como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, o el ministro de Defensa, Gustavo González López, quienes han sido señalados de liderar estructuras que perpetraron violaciones de derechos humanos y siguen siendo parte del gabinete?

En ambos casos, son personas identificadas como responsables de cometer graves violaciones de derechos humanos. La Misión de determinación de los hechos sobre Venezuela los ha incluido en los patrones que ha descrito como crímenes de lesa humanidad.

Nosotros no tuvimos reuniones con ellos ni tuvimos acceso a ellos.

Nuestra lectura política es que la transición todavía es muy frágil.

Hay distintos sectores del gobierno. Unos son más dialoguistas, están más interesados en buscar algunas de estas medidas que se han traducido en cambios como la liberación de personas privadas de libertad o la suspensión del bloqueo de estos medios.

Y hay una puja interna. Parte de lo que está en discusión es si esa puja interna realmente se mueve hacia un proceso de democratización que incluya todos estos elementos de transformación mucho más estructurales, o si el sector liderado justamente por Diosdado Cabello o por el ministro de Defensa definitivamente regresa hacia un cierre total y la continuación del régimen represivo.

Mi lectura política es que lo que uno ve es esa tensión entre esos dos sectores.

No podemos más que especular sobre qué pasa ahí. Lo que sí puedo decir, y esto más por mi experiencia previa en temas de transición, es que no conozco ninguna transición que haya sido limpia, en la que uno pase de un régimen atroz a un gobierno nuevo totalmente democrático.

No son poco comunes estas fases de transición en las que coexisten distintos sectores y algunos tratan de hacer ciertos cambios. Eso sin ingenuidad, porque todos sabemos que estas personas, los Rodríguez [Delcy y Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional], han sido parte de ese régimen que ha violado derechos humanos.

No hay ingenuidad en el sentido de creer que hay un nuevo comienzo.

La discusión es si quienes hoy, por distintas razones, están impulsando esos cambios tienen la fuerza para lograr contener a los otros sectores del gobierno, que preferirían garantizar que no haya cambios.

Desde la perspectiva de Human Rights Watch, ¿cuánta influencia está ejerciendo Estados Unidos en el área de los derechos humanos en Venezuela?

El peso de Estados Unidos en Venezuela sigue siendo muy grande. Como sabes, se habla del tutelaje de Estados Unidos.

Por lo que escuchamos de las organizaciones, a todos les parece bastante claro que la liberación de las personas privadas de la libertad arbitrariamente depende en gran medida de que Estados Unidos presione por estos cambios.

Hay una sensación de que hubo más presión al comienzo, luego del 3 de enero, y de que en esta última fase se han dedicado al tema económico, mientras que lo de empujar una transición real hacia la democratización pierde fuerza.

Por eso nosotros hemos insistido en que el gobierno de Estados Unidos use la influencia que tiene hoy en Venezuela para impulsar una transición efectiva hacia la democratización.

Lo que vimos de primera mano fue que se priorizan los temas económicos por encima de los de derechos humanos y Estado de derecho.

¿Cuál es el ánimo y la expectativa de la sociedad civil venezolana a partir de lo que ha ocurrido hasta el momento?

Lo más relevante es que son organizaciones que han sido perseguidas, estigmatizadas, con muchos de sus líderes judicializados y que hoy dicen: “Vemos cambios positivos”. Eso me impresionó profundamente porque no son organizaciones que estén diciendo que todo está perfecto.

Son organizaciones que siguen insistiendo en la liberación de todos los presos políticos, que siguen denunciando las condiciones atroces en los centros de reclusión y exigiendo que pare la tortura.

Insisten en la derogación de todas las leyes que han cerrado el espacio cívico. No son organizaciones afectas al gobierno en lo más mínimo. Y aun así dicen: “En el terreno vemos cambios positivos”.

Creo que en estas transiciones es importante empujar para que esos cambios se sostengan, sobre todo, para que lleguen a transformaciones reales hacia una transición democrática.

Ese fue el mensaje que vi en las organizaciones: seguir insistiendo en todo lo que falta, pero también reconocer unos cambios muy positivos frente a la represión atroz que vivieron en 2024 y 2025.

¿Qué lecciones o referencias podría tomar Venezuela de otras transiciones? ¿Qué medidas se podrían implementar para fortalecer el proceso hacia la democratización?

Hay que tener cuidado al trasplantar lecciones, porque cada contexto es particular.

Más que una lección específica, lo que yo diría es que en la jerga de las transiciones, lo que ha sucedido en Venezuela hasta el momento es lo que se llama medidas de construcción de confianza.

Son pequeños avances que pueden mostrar que hay un cambio en dirección positiva y eso es importante.

Pero no hay transiciones exitosas si no logran hacer frente a los elementos estructurales, como la reforma del sector seguridad o el desmonte de las estructuras que han impedido que la sociedad civil y los periodistas operen.

Eso no pasa de un día para otro y por eso estas medidas de construcción de confianza son importantes. Pero tienen que ser medidas acumulativas que lleven a esas reformas más estructurales.

Si uno se queda en estas pequeñas medidas de construcción de confianza, desafortunadamente la transición no es sostenible y el aparato represor sigue funcionando.

¿Qué tan importantes son las elecciones para pasar de la fase de construcción de confianza a una reforma estructural?

Es fundamental, hay que caminar hacia allá. Los venezolanos y venezolanas que salieron masivamente a votar en 2024, desafiando incluso el inmenso miedo que tenían, vivieron además una gravísima represión en las protestas postelectorales. Eso demuestra que necesitamos reformas institucionales.

Es fundamental el compromiso de la mesa de diálogo entre el gobierno y sectores de la oposición sobre la reforma del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para no repetir los mismos escenarios: que vuelvan a salir a votar masivamente y luego estas instituciones, el CNE y el TSJ, no respeten la voluntad popular.

Necesitamos hacer frente a esas reformas estructurales para que cuando puedan volver a las urnas, tengan instituciones que defiendan esa decisión tomada democráticamente.