Implicaciones políticas, éticas y penales de las joyas que Zapatero asegura haber recibido por “cortesía”

José Luis Rodríguez Zapatero anunció, tras ser imputado por un presunto delito de tráfico de influencias y ser registrado su despacho el pasado 19 de mayo, que pronto iba a dar explicaciones a los ciudadanos. No lo hizo y cuando, el 17 de junio, acudió a declarar ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, le pidió más tiempo —“una semana o diez días”— para aclarar el origen de las joyas que fueron halladas en su caja fuerte en su oficina de la calle Ferraz y que un informe pericial ha tasado en 1,3 millones de euros. Tampoco lo hizo una vez expirado ese plazo. Este jueves, en una entrevista en TVE, es decir, más de dos meses después del hallazgo, cuando el periodista Javier Ruiz le preguntó de dónde habían salido, el expresidente del Gobierno se limitó a decir que eran “un regalo de cortesía”, pero continuó sin aclarar su origen. Eso lo hará, aseguró, ante el juez.

Zapatero insistió en que no hubo “afán patrimonial” alguno, pero lo cierto es que en el momento en el que no entregó esas joyas a Patrimonio Nacional pasaron a ser de su patrimonio personal. No especificó el expresidente cuándo los recibió, más allá de decir que fue “hace muchísimos años” ni tampoco de quién: “El país no lo voy a decir”.

EL PAÍS ha consultado a un magistrado, un catedrático de Derecho Penal y un experto en materia fiscal sobre cómo altera esa pequeña revelación —las joyas fueron un regalo”— a la causa judicial. El juez Calama abrió una pieza separada por posible delito fiscal y contrabando a raíz de ese hallazgo, que también tiene implicaciones éticas y políticas para el expresidente, que el PSOE ha defendido en alguna ocasión como faro moral.

Zapatero no ha aclarado aún cuándo recibió las joyas, pero el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apuntó el pasado 18 de junio que fue en 2007. En una conversación con periodistas en Bruselas, el jefe del Ejecutivo explicó que habla a diario con el expresidente y añadió: “La España de 2007 no es la de 2026. Ni la legislación de hoy es la de 2007. Afortunadamente esto se ha regulado”. Pero en 2007 ya estaba en vigor el el código ético, sin rango de ley, que instauró el Gobierno del propio Zapatero para todos los miembros del Ejecutivo y altos cargos de la Administración General del Estado en 2005. El texto de la medida, publicada en el BOE el 7 de marzo de 2005, reza: “En el momento actual, se hace necesario que los poderes públicos ofrezcan a los ciudadanos el compromiso de que todos los altos cargos en el ejercicio de sus funciones han de cumplir no sólo las obligaciones previstas en las leyes, sino que, además, su actuación ha de inspirarse y guiarse por principios éticos y de conducta que hasta ahora no han sido plasmados expresamente en las normas”. Entre esos “principios de conducta”, el código especifica en el punto 3.6: “Se rechazará cualquier regalo, favor o servicio en condiciones ventajosas que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía o préstamos u otras prestaciones económicas que puedan condicionar el desempeño de sus funciones, sin perjuicio de lo establecido en el Código Penal. En el caso de obsequios de mayor significación de carácter institucional se incorporarán al patrimonio del Estado, en los términos previstos en la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas”.

Preguntado este jueves en TVE por si había incumplido su propio código ético, Zapatero respondió: “Será interpretable, como todo. Obviamente, como tantas cosas pasan en la vida, cuando la historia sucede y repasas, seguramente, hubiera tomado otra decisión en ese momento”.

El valor y el origen de las joyas

En un principio, Luis Arroyo, portavoz oficioso del expresidente, había asegurado que las joyas halladas en la caja fuerte del despacho de la calle Ferraz eran regalos y herencias con un valor de entre 30.000 y 50.000 euros. Tras el informe pericial que elevó esa cifra a 1,3 millones de euros, pidió perdón por haber “inducido a error”. Este jueves, Zapatero aseguró que ese valor “será sometido a contradicción”, es decir, que presentará un contrainforme pericial sobre el que ya tiene el juez Calama.

En cuanto al origen, el expresidente no ha querido aclarar todavía quién le hizo ese “regalo de cortesía”, pero Miguel Sebastián, ministro de Industria en la segunda legislatura de Zapatero, sugirió en un artículo en elDiario.es que podían ser de Arabia Saudí porque él había recibido en 2008 del entonces rey de ese país un estuche que contenía joyas de esmeraldas y brillantes. En ese artículo explicó que, tras consultar a su “oficiala mayor”, le dijeron que lo habitual era que esos regalos se los quedaran los ministros —lo que indica que ni los propios miembros del Ejecutivo conocían el código ético que habían aprobado tres años antes—, pero que finalmente había decidido entregarlos a Patrimonio Nacional y exponerlos en una vitrina del ministerio.

En 2007 Arabia Saudí condenó a seis meses de cárcel y 200 latigazos a una joven víctima de una violación múltiple por encontrarse con un hombre con el que no tenía parentesco cuando ocurrió el ataque. Posteriormente, el Rey le perdonó los latigazos. El Código Penal saudí también mantenía entonces la pena de muerte para quien mantuviese relaciones con homosexuales. El Gobierno de Zapatero aprobó la ley de igualdad en marzo de 2007 y la del matrimonio igualitario en 2005.

Tres escenarios

Los tres expertos consultados por EL PAÍS coinciden en que los posibles delitos fiscales derivados de ese regalo habrían prescrito y que si el entonces presidente recibió el regalo en España de manos de un mandatario extranjero no cabría el delito de contrabando.

Pero lo primero, destaca el magistrado Joaquim Bosch, de la asociación Jueces para la Democracia, es aclarar el origen de las joyas y ahí se abren tres escenarios. “Que Zapatero aporte documentos que acreditan que efectivamente es un regalo de 2007; Que Zapatero no consiga acreditarlo, pero el juez sí practicando una serie de diligencias: indagación sobre la tipología de las joyas, el fabricante, o incluso pidiendo esa información a las autoridades de otros países. O que ni Zapatero ni el juez consigan acreditarlo, en cuyo caso la interpretación más razonable sería la más beneficiosa para el investigado, es decir, la prescripción”.

Por su parte, Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal en la Universidad Autónoma de Madrid, explica que, si Zapatero demuestra que fue un regalo recibido en 2007 pero no lo declaró, “estaría admitiendo que en su momento cometió un delito fiscal, aunque ya no sea perseguible por los plazos de prescripción”. Al catedrático también le llama la atención que el expresidente reclamase más tiempo al juez para explicar el origen de esas joyas una vez que se hizo público el informe pericial que las tasó en 1,3 millones de euros “porque desde el momento del hallazgo en el registro de su despacho [19 de mayo] sabía que le iban a preguntar por su origen”.

José María Mollinedo, secretario general del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha), explica que los delitos contra la Hacienda pública (artículo 305 del Código Penal y siguientes), cuando la cantidad defraudada excede los 120.000 euros, prescriben a los cinco años en el delito fiscal y a los 10 en el agravado (a partir de 600.000 euros de fraude). Es decir, que estarían prescritos en caso de acreditarse que las joyas fueron un regalo de 2007. Mollinedo advierte que, en cualquier caso, habría que acreditar el valor de las piezas en el momento de la recepción y no del hallazgo. El técnico recuerda que fue el Gobierno de Zapatero el que en 2008, con la crisis, “estableció una bonificación del 100% del impuesto del patrimonio, motivo por el que se lo conocía como el impuesto zombi, aunque luego lo recuperó”. Además, la Comunidad de Madrid [donde reside Zapatero] que también bonifica ese impuesto, solo exige declaración de patrimonio a partir de dos millones de euros.