Estambul será por primera vez sede de la Supercopa de España
La Comisión Delegada de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha aprobado este jueves llevar a Estambul la próxima edición de la Supercopa de España, en la que el Barcelona defenderá el título logrado este año en Yeda. Será la primera vez que la ciudad turca acoja el torneo, en el que participarán el actual campeón, el Real Madrid, el Atlético y la Real Sociedad y que se celebrará del 2 al 7 de febrero de 2027. La decisión de llevar los tres partidos —las dos semifinales y la final— al estadio Olímpico Atatürk se ha tomado después de que Arabia Saudí, sede del campeonato desde 2020, quedara descartado al ser el país anfitrión de la Copa de Asia, que se disputará del próximo 7 de enero al 5 de febrero.
La Federación, presidida por el dirigente gallego Rafael Louzán, ha emitido un cominicado en el que afirma que se evaluaron siete lugares distintos en todos los puntos del planeta y que tras un “periodo de trabajo y negociaciones” la sede elegida fue Estambul. “Con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas de nuestro fútbol”, añade el texto.
El organismo que rige el fútbol español tiene firmado un contrato con la empresa pública saudí SELA para que el país del golfo Pérsico albergue el torneo hasta 2030. La RFEF obtiene unos 40 millones de euros cada año que le sirven para regar la pirámide del fútbol por abajo por el polémico exilio de la Supercopa en un país gobernado por un régimen autocrático que vulnera los derechos de las mujeres, criminaliza a la comunidad LGTBIQ+, aplica la pena de muerte y encarcela cualquier atisbo de oposición que demande más libertades.
“La Real Federación Española de Fútbol ha contado durante el proceso de selección de la ciudad sede de la Supercopa de España con la empresa SELA, que trabaja con la RFEF en el desarrollo del torneo desde que se celebra en Arabia Saudí”, ha apuntado el organismo dirigido por Louzán en el comunicado. SELA es una de las muchas empresas públicas en las que el régimen saudí —junto con el fondo soberano PIF, la petrolera Aramco o General Entertainment Authority— se gasta millones y millones de euros con los que intenta blanquear su imagen de dictadura reaccionaria a través del deporte, lo que en inglés se conoce con el elocuente término de sportswashing, según han denunciado de manera reiterada asociaciones en defensa de los derechos humanos. Una investigación de la organización danesa Play the Game publicada conjuntamente con EL PAÍS en diciembre de 2024 reveló que Riad tenía entonces 910 contratos en todo el mundo para mejorar la percepción exterior de la monarquía absoluta de los Saud.
En la Supercopa de 2025, celebrada en Yeda, varias aficionadas y familiares de los jugadores del Mallorca fueron acosados a la salida del estadio King Abdullah por hinchas saudíes tras su partido ante el Real Madrid. Fue la primera crisis de envergadura con la que tuvo que lidiar Louzán tras ser elegido presidente de la Federación. El organismo abrió una investigación sobre lo sucedido y las autoridades del país asiático pidieron disculpas por los hechos. El Gobierno de Baleares incluso remitió una queja formal a la RFEF por los “graves incidentes” y la instó a “reconsiderar” la idoneidad de Arabia Saudí como anfitrión para albergar el torneo.
La de Estambul será la séptima Supercopa de España que se dispute fuera del territorio nacional. La primera vez que el torneo se llevó al extranjero fue en 2020 después de que Luis Rubiales, entonces al frente de la Federación, firmara un contrato con las autoridades saudíes para su traslado en el que participó también el exfutbolista Gerard Piqué, que entonces aún estaba en activo, a través de su empresa Kosmos.
La justicia española mantiene abierta una pieza en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) sobre las supuestas irregularidades que se cometieron en el acuerdo. El caso forma parte de la llamada Operación Brodie, que trata de desenmarañar una supuesta trama ilegal en el seno de la Federación liderada por Rubiales, al que se le atribuyen los delitos de corrupción, administración desleal y blanqueo de capitales. Piqué, cuya compañía cobró una prima de cuatro millones de euros anuales —24 en total por los primeros seis años—, también está imputado y tuvo que declarar en marzo de 2025 ante el juzgado.
