El último hombre de Tula, un pueblo fantasma en la Montaña de Guerrero al que nadie puede volver

Marcos Hilario Rosario es el último hombre de su estirpe en la Montaña de Guerrero. Fue el último guardián de Tula, un pueblo fantasma al que no han podido volver sus habitantes. Y, entre el 6 y el 12 de mayo, soportó durante cinco días los ataques con disparos de armas largas, granadas y explosivos lanzados con drones, al sexto huyó. Era el comisario de la Policía Comunitaria del pueblo y el último habitante. Se quedó sin balas.

“Ellos traían unos pinches cuernos de chivo y R-15. Sonaban bien fuerte, son metralletas las que traen. A mí vinieron a apoyarme de otros pueblos para salir, pero venían con .22 y escopetitas. Alcanzamos a salir apenas, porque ellos eran como 600”, dice Rosario mientras su nieta corretea junto a él, frente a la comisaría de Alcozacán, un pueblo a tres kilómetros de Tula, a donde llegaron casi todos los desplazados.

Han pasado casi tres meses de los ataques a los pueblos de Xicotlán, Acahuehuetlán, Tula y Alcozacán, este último convertido en fuerte y refugio de los otros tres. Ahí hay autoridades de los tres niveles de Gobierno: policía municipal, policía del Estado, Guardia Nacional y Ejército, además de los policías comunitarios. Pero las condiciones no están para que los desplazados vuelvan a sus hogares. Por eso, permanecen en este pueblo, viviendo en casas ajenas de personas solidarias. Y sus casas siguen quemadas, allá abajo.

“Cuando llegué para acá, mi mujer y mis nueras me preguntaron qué estaba pasando allá que se veía humo. Son nuestras casas, que se están quemando, tuve que decirles”, recuerda el hombre.

De los pueblos atacados, Tula era el más pequeño y el más aislado. Apenas 30 habitantes en total. Además era un blanco fácil para los disparos que realizaron desde el monte. Ese monte donde se esconde el grupo criminal Los Ardillos, asegura Rosario y casi cualquiera al que se le pregunte quién los atacó.

“En 2015, nos buscaron, querían que trabajáramos con ellos, como no quisimos, empezaron los ataques. Desde entonces vivimos así”, dice. En 2019, le asesinaron a dos hijos y en 2022 a otro, Guillermo Hilario Morales. Todos eran policías comunitarios e integrantes del Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (CIPOG-EZ).

Justo un mes antes de los ataques, el 6 de abril de este año, a las 7:10 de la mañana, de una camioneta blanca dispararon contra cuatro hombres que trabajaban en la construcción de una casa de Xilotlán. Los cuatro murieron. Isaías Morales Lucas, Bernardino Hilario Ocotlán, Ernesto Hilario Ocotlán e Isacar Villalba Rosario. También eran policías comunitarios. Todos sobrinos y nietos de Marcos Hilario Rosario, el último hombre de una estirpe cuyos hombres, si no han sido asesinados, huyeron de Guerrero.

“Le queremos decir al mal gobierno que ha fallado una y otra vez. Hasta el día de hoy, familias enteras siguen sin poder volver a sus hogares o ¿ya se les olvidó que hace unos meses, entre el 6 y 12 de mayo de 2026, Los Ardillos desplazaron a más de 2.200 personas de las comunidades de Xicotlán, Acahuahuetlán, Tula y Alcozacán? Esa violencia es la misma que hemos vivido durante 10 años y ustedes gobiernos municipales, estatales y federal, lo han permitido. Y cada uno de nuestros 84 asesinados es responsabilidad de ustedes”, mencionó el consejo indígena a través de un comunicado el 18 de julio.

Los Ardillos

El grupo criminal de Los Ardillos ha crecido de Quechultenango a Chilapa y de Chilapa a Chilpancingo, gracias a la formalización de sus recursos económicos y a sus relaciones e influencia en el poder político, bajo una aquiescencia del poder federal, denuncia Abel Barrera, director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan.

“Antes eran grupos del PRI ligados al cacicazgo mayor de los Figueroa. Luego hay una reconfiguración política con el PRD cuando gana Zeferino Torreblanca y así van unos tras otros pero la estructura ahí sigue. Cambian nada más los colores y los personajes pero la estructura está intacta, y las ligas con los grupos criminales también”, señala. El propio líder de Los Ardillos ha presumido en entrevistas de que su grupo ha financiado campañas políticas de diversos candidatos en distintos niveles.

Celso Ortega Jiménez, mando principal de la organización, y su familia tienen de hecho una historia ligada a la política local, estatal y nacional. Su hermano Bernardo Ortega Jiménez fue presidente municipal de Quechultenango entre 2002 y 2005, el lugar que vio nacer al grupo criminal bajo el mando del padre de ambos: Celso Ortega Rosas, un expolicía rural que inició con la siembra de amapola y que en 2011 fue asesinado.

El sacerdote desplazado

El 10 de octubre de 2023 dos sujetos en una motocicleta se acercaron al auto que conducía el sacerdote Filiberto Velázquez cuando salía de una reunión en la Normal Rural de Ayotzinapa, los sujetos le dispararon en varias ocasiones pero el sacerdote logró detener el vehículo y agacharse a tiempo para salvar la vida y salir ileso. Desde ese momento, llevó escoltas federales pero en enero de 2026 la escalada de amenazas en su contra llevaron a la Diócesis a decidir que lo mejor era que saliera del Estado.

Desde el exilio cuenta lo difícil que ha sido abandonar su proyecto de vida en Guerrero: “No puedo, desde mi experiencia, ser muy objetivo porque yo mismo soy un desplazado, pero sí puedo contar el daño que le ha hecho el crimen organizado al Estado”, cuenta por llamada telefónica.

“Lo que sucede aquí es que hay un componente de autodefensa y se entiende que son un estorbo para el crimen organizado, porque no participan ideológicamente con ellos y ellos no tienen control sobre esos pueblos. Entonces, los ataques van encaminados a desarticular la organización comunitaria. Si no, pues no habría necesidad de atacarlos porque pues para qué van a atacar nada más civiles, ¿no? Esa es una realidad”, dice el sacerdote impedido ahora de ejercer el ministerio por razones de seguridad.

El centro de Alcozacán

Junto a las canchas de baloncesto los habitantes de Alcozacán improvisaron una cocina comunitaria donde siempre hay cuatro mujeres, de ocho, que trabajan en turnos para alimentar a todos los desplazados que siguen en el pueblo. Son alrededor de 30, casi todos adultos mayores, mujeres o niños.

“La cocina está para las personas desplazadas pero también para los de seguridad, también les damos. Es difícil, no te imaginas, pues lo que son los estatales no tienen. A los militares solo les damos tortillas, ellos se preparan”, dice Lorenzo Coxihuite, el comisario de Alcozacán, mientras come en el cuartito de lámina improvisado donde se mantiene prendido el fuego a leña para alimentar a decenas de personas.

Hace una semana los habitantes de Alcozacán salieron a protestar ante la detención del líder comunitario e integrante del CIPOG y de otras organizaciones indígenas Jesús Plácido Galindo, un episodio que consideran un ataque contra su organización por parte del Gobierno y una paradoja cruel, cuando exigen que se detenga a los responsables de los desplazamientos.

A pesar de las reuniones con funcionarios de Gobierno no se ha determinado un plan para que los desplazados vuelvan a sus casas, que siguen quemadas, ni se les ha apoyado para la alimentación, denuncian.

Marcos Hilario Rosario tiene 63 años, nació en 1963 en Tula. Sus padres se establecieron en ese pueblo a principios de la década de los 50. “Nosotros pues vamos a regresar. Yo sí siento que vamos a regresar”, dice el último hombre de su estirpe en la Montaña de Guerrero.