El Supremo prevé levantar la orden de detención de Puigdemont cuando reciba el aval del Constitucional, que resolverá el 6 de octubre
El aval del Tribunal Constitucional a amnistiar el delito de malversación de los líderes del procés no es un simple paso más hacia la vuelta a España de Carles Puigdemont sin riesgo a ser detenido. El acuerdo adoptado este martes por el tribunal de garantías es una zancada casi definitiva que, salvo que haya un giro de guion de última hora, sitúa el regreso del expresidente de la Generalitat a la vuelta de la esquina. Si el Constitucional, como es previsible, aprueba el próximo 6 de octubre las sentencias favorables a amnistiar a los ex consejeros Jordi Turull y Dolors Bassa, que se votarán ese día, y los argumentos de esas resoluciones son extrapolables al resto de líderes independentistas, la intención de Llarena es levantar de forma inmediata la orden de detención que pesa contra Puigdemont sin esperar a que el Constitucional resuelva el recurso de amparo presentado por el expresident, cuya deliberación todavía no tiene fecha.
El Constitucional tiene sobre la mesa siete recursos registrados por ex miembros del Govern que fueron condenados por malversación (Bassa, Turull, Oriol Junqueras y Raül Romeva) o procesados en rebeldía por ese delito (Puigdemont, Lluís Puig y Toni Comín, huidos a Bélgica). Todos han acudido al tribunal de garantías porque consideran que el Supremo ha vulnerado sus derechos al negarse a aplicarles la medida de gracia con el argumento de que el tipo de malversación que cometieron no es amnistiable. El alto tribunal justifica esa decisión en que la ley pactada por el Gobierno y los partidos independentistas impide perdonar la malversación cuando exista un enriquecimiento personal, y eso es lo que, según la Sala Penal, hicieron los líderes del procés al usar fondos públicos para sufragar los gatos del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017 en vez de pagarlo de su bolsillo.
Esta interpretación del Supremo no ha variado, pero fuentes de la Sala Penal admiten desde hace semanas que una posible sentencia del Constitucional favorable a los dirigentes independentistas conduciría inexorablemente a aplicar la amnistía a Puigdemont y todos sus consejeros condenados por malversacion. La posibilidad de alargar el proceso mediante la presentación de una cuestión prejudicial ante el Tribunlal de Justicia de la UE (TJUE), que durante un tiempo valoraron algunos miembros de la sala, está ya descartada, según estas fuentes, que consideran que ha llegado el momento de “pasar página” y cerrar para siempre la causa del procés, abierta hace casi nueve años en pleno desafío independentista.
El calendario del Supremo va a depender de cuándo se notifique la primera sentencia del Constitucional sobre los recursos de los líderes secesionistas. Aunque se espera que el tribunal de garantías acuerde dar la razón a Turull y Bassa en su próximo pleno, fijado para el 6 de octubre, también es previsible que todos o algunos de los magistrados adscritos al sector conservador presenten un voto particular contra esa decisión, lo que retrasaría la notificación de la sentencia porque esta no puede difundirse sin los votos particulares. Los magistrados discrepantes no tienen un plazo marcado para presentar sus escritos, que pueden demorarse días o incluso semanas, pero, una vez que los presenten, el Constitucional enviará de forma inmediata esas resoluciones al Supremo, según fuentes del tribunal de garantías.
Las fuentes consultadas en el alto tribunal señalan que la recepción de esas sentencias (o su publicación en el Boletín Oficial del Estado, lo que ocurra antes) será el trámite definitivo que llevará a Llarena a levantar la orden de detención que mantiene activada sobre Puigdemont y los dos exconsejeros que huyeron con él a Bélgica, salvo en el caso (improbable) de que los argumentos esgrimidos por el Constitucional no sean aplicables al expresidente de la Generalitat. El propio magistrado avanzó esa posibilidad en el auto por el que, hace unos días, rechazó la petición del expresidente catalán de que la aplicara ya la amnistía y dejara sin efecto la orden de detención a raíz de la sentencia de Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que, en julio pasado, descartó que la medida de gracia vulnere el derecho comunitario.
Aunque en ese escrito Llarena no explicitó que las opciones del expresidente catalán de volver a España sin riesgo a ser detenido dependen del aval del Constitucional a los líderes del procés, el instructor sí que apuntó a ello: la decisión de no levantar la orden de aresto tras la sentencia del TJUE, recalcó el magistrado, “no declara irrevisables” las medidas cautelares que pesan sobre Puigdemont, “ni convierte la falta de amnistía en una justificación suficiente de cualquier restricción cautelar”, una afirmación con la que el instructor sugiere la posibilidad de que el perdón a Puigdemont llegue en dos actos: primero el levantamiento de la orden de detención, lo que permitiría ya la vuelta del expresident; y después, la aplicación de la amnistía para borrar el delito de malversación.
