El relator de la ONU sobre la tortura pide que la investigación de las denuncias de Ceuta sea “pronta, efectiva e independiente”

Pau Pérez-Sales, relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura, no oculta su “preocupación por la gravedad de las alegaciones recogidas” en el informe de Amnistía Internacional sobre la actuación de miembros de las Fuerzas Armadas españolas en Ceuta. Unos hechos que, “de confirmarse, podrían constituir formas de tratos crueles, inhumanos o degradantes, en algunos casos, tortura”, subraya. Recuerda que España está obligada a investigar de oficio estas denuncias por la Convención contra la Tortura y pide que la investigación sea “pronta, efectiva e independiente”.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU eligió en julio pasado, entre medio centenar de candidatos, a este investigador catalán de 60 años como relator especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Por vez primera, este puesto no está ocupado por un jurista sino por un médico psiquiatra, especializado en el estudio de la tortura psicológica y los entornos torturantes. Entre sus funciones están la de recibir y examinar denuncias, realizar visitas de inspección, formular recomendaciones y presentar informes al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General de la ONU.

“Creo que hay que saludar como un paso positivo la decisión del Ministerio de Defensa de trasladar las denuncias a la Fiscalía y al Juzgado de Guardia de Ceuta y de abrir una investigación interna”, afirma Pérez-Sales en conversación con EL PAÍS. “Yo creo que estos son pasos positivos y esperaríamos que pudiera darlos también el Ministerio del Interior si procediera”, añade.

Recuerda que los artículos 12 y 13 de la Convención contra la Tortura obligan a los Estados a investigar cuando existan motivos razonables para creer que se ha cometido tortura, aunque no haya denuncia por parte de la víctima, pero subraya que esta investigación debe cumplir una serie de requisitos. “Debe ser una investigación pronta. Las lesiones desaparecen, las grabaciones de cámara tienen un plazo legal de conservación, o el testimonio se puede ver afectado por otras circunstancias”, advierte.

Esa celeridad incluye que las personas afectadas puedan tener con rapidez una evaluación médica y psicológica, conforme al Protocolo de Estambul, que es el fija cómo evaluar a las víctimas de tortura, por parte de profesionales cualificados, y este examen, destaca, “debe hacerse en un entorno seguro y respetuoso en el que no puedan ser eventualmente intimidadas y puedan tener garantías frente a represalias”. Por eso, insiste que “cuando hay sospechas o indicios suficientes, la investigación debe ser de oficio. No hay por qué esperar a que haya una denuncia de la presunta víctima, sino que las autoridades deben empezar el proceso de investigación motu proprio”

Además, la investigación debe ser independiente. “Los procesos de investigación interna son importantes para depurar responsabilidades, pero debe haber un equipo de investigación autónomo sin adscripción jerárquica con la institución de la que formen parte las personas que eventualmente pudieran haber participado en estos hechos, y la colaboración de las instituciones forenses o sanitarias pertinentes con medios de investigación propios y acceso efectivo a toda la documentación relevante”.

Este equipo, explica, debe contar con intérprete o mediador cultural. También, agrega, y aquí se refleja su formación profesional, se trata de hechos que “pueden provocar unas secuelas psicológicas de carácter traumático. Hay que tener en cuenta que muchas de estas personas están todavía [viviendo] en calle o en situación administrativa irregular… lo cual aumenta más el impacto traumático de los hechos que hayan podido vivir. Investigar los eventuales malos tratos no es independiente del hecho de atender las necesidades psicosociales que tengan”. El relator de la ONU advierte de que “no deberían ser expulsadas o trasladadas mientras ello impida efectivamente su acceso a la justicia, las coloque en riesgo o frustre la investigación”.

Más allá de las responsabilidades que finalmente pudieran depurarse, de confirmarse los hechos, el relator destaca la importancia de entender el contexto en que se producen. “Se enmarcan en una serie de discursos de carácter racista y xenófobo, de carácter deshumanizador, dirigidos a las personas migrantes o a los solicitantes de asilo; es decir, a personas que podrían haber sufrido torturas en el país de origen y que ahora, si se confirman las denuncias, estarían eventualmente sufriendo también situaciones de malos tratos en el país que debería darles protección”, explica.

En conclusión, “los primeros pasos que se han dado son positivos. Ahora hay que ver cómo se sustancian y que realmente las investigaciones son prontas, efectivas e independientes”.

Según los expertos, la posibilidad de que los hechos denunciados por Amnistía Internacional se califiquen como tortura, uno de los crímenes más graves contra los derechos humanos, dependerá de que se den cuatro características: que haya un sufrimiento físico o psicológico severo provocado; que sea intencionado; que haya un propósito de intimidar, castigar o humillar; y que sea realizado por un funcionario publico en el ejercicio de sus funciones o con la complicidad del mismo. La investigación deberá aclarar si eran militares los autores de las agresiones y si estaban de servicio. En este caso el castigo podría ser más severo, al aplicarse el Código Penal Militar, pero la justicia civil podría perder la competencia para investigar y enjuiciar los hechos.