El juez Pedraz blinda los posibles mensajes del ‘caso Leire’ en el móvil del expresidente de Correos con un nuevo volcado
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil proceden este martes en la Audiencia Nacional en presencia del juez Santiago Pedraz, instructor del llamado caso Leire, a realizar un segundo clonado ―lo que se conoce coloquialmente como volcado― del contenido del teléfono iPhone de Juan Manuel Serrano, expresidente de Correos y antiguo jefe de Gabinete de Pedro Sánchez cuando estaba en la oposición, imputado en la causa. Serrano, al que la investigación implica en las presuntas “tramas” urdidas para el amaño de contratos públicos y para “desestabilizar” procedimientos judiciales “que afectaban” a su partido y al Gobierno, había cuestionado el primer volcado, al no estar presentes ni él ni su abogado durante el mismo, y presentado un recurso en el que solicitaba que se invalidase la propia incautación del terminal al considerar que se hizo sin autorización del juez ya que el 27 de mayo, cuando le fue intervenido, aún no tenía la condición de investigado.
Con el volcado de este martes, Pedraz intenta despejar cualquier duda sobre la validez legal tanto de la intervención del móvil como del material que se localice en su interior, por ello en el escrito en el que citaba al exdirectivo de la empresa pública destacaba que se hará en su presencia “a efectos de su incorporación” al sumario del caso Leire Díez con el fin de “asegurar la autenticidad e integridad de los datos y las garantías de su preservación”.
En concreto, los agentes está procediendo este martes, ya en presencia tanto del magistrado como del propio Serrano y su abogado, a realizar una nueva copia exacta y fidedigna del contenido del equipo para que los investigadores puedan trabajar con él en busca de indicios del delito que se investiga. Aunque el juez puede delimitar lo que se busca a archivos o carpetas muy concretas ―lo que se conoce como “copia selectiva”—, lo habitual es realizar lo que en jerga policial se conoce como “clonado bit a bit”, es decir, de toda la memoria del dispositivo, incluida aquella parte que puede estar vacía. Esta parte aparentemente sin información se vuelca en busca del rastro de documentos que hubieran sido borrados.
Para ello, los agentes han utilizado los denominadores clonadores, dispositivos que cuentan con una sofisticada herramienta informática forense ―el más utilizado es uno desarrollado por la empresa israelí Cellebrite– que permite trasladar copias exactas de los equipos informáticos a discos duros externos acompañados de un código alfanumérico único conocido como hash que garantice que su contenido no puede ser manipulado. Este software también permite hacer lo que se conoce como “rooteo” ―Pedraz cita esta figura expresamente en el auto por el que autorizó los registros de mayo― para poder acceder a toda la información del dispositivo, también la que se almacena en aplicaciones como, por ejemplo, Google Maps de geolocalización o las de mensajería instantánea como WhatsApp. Se trata, según describen fuentes policiales, de entrar “por la puerta de atrás” de la carpeta del sistema del teléfono móvil para hacer visible mucha más información de la que tiene un usuario convencional.
Aquel día, la UCO acudió a la sede federal de los socialistas en la calle Ferraz y registraron los domicilios, entre otros, del que fuera secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y del exconsejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías. Entonces, Pedraz se mostró cauto y no imputó a Serrano a pesar de que en una resolución judicial ya apuntaba a la existencia de “indicios” de que “colaboró con los investigados en la ejecución de concretos y aislados actos en auxilio de su ilícito plan”; pero sí autorizó la intervención de su teléfono. Este no pudo ser clonado en el acto y se precintó para su traslado a dependencias judiciales, donde más adelante se realizó este procedimiento técnico del que se obtiene una copia fidedigna de todo su contenido que no se puede manipular y a partir del cual los agentes realizan el análisis.
Finalmente, el pasado julio, Pedraz imputó a Serrano tras recibir un informe de la UCO en el que se apuntaba que tuvo “una participación preeminente” en la presunta trama, en concreto, en el desembarco de Díez a finales de 2021 en Correos, la empresa pública que presidía, lo que “habría permitido a los miembros” de la red “posicionarse en puestos de relevancia en la Administración pública”, “siendo aprovechado en su propio beneficio o el de terceros”. Las pesquisas también le implican en maniobras para boicotear causas judiciales que salpican al PSOE y al Ejecutivo. Los agentes lo sitúan en varias reuniones bajo sospecha y afirman que, por ejemplo, Díez le mantuvo al tanto de sus encuentros con el comisario jubilado José Manuel Villarejo, al que se referían como “el de la boina”. “El de la boina ha dado algunos papeles muy buenos para el jefe”, le dijo la entonces aún militante.


