El juez del ‘caso avales’ procesa a 18 ex altos cargos de la Junta andaluza por una ayuda de un millón al grupo TPM

El juez José Ignacio Vilaplana ha procesado a 18 ex altos cargos de la Junta andaluza por una ayuda pública de 1,1 millones concedida a la empresa Grupo TPM con “arbitrario voluntarismo” en 2009. En la causa, los excargos están acusados de malversación y prevaricación, entre ellos el exconsejero andaluz Francisco Vallejo, el exviceconsejero de Empleo Agustín Barberá, el exviceconsejero de Innovación Jesús María Rodríguez y el exjefe de los servicios jurídicos de la Junta Francisco del Río durante la etapa de los antiguos gobiernos socialistas en Andalucía.

El magistrado, titular del Tribunal de Instancia 6 de Sevilla, aclara que los procesados concedieron el aval a la compañía pese a las “evidencias de la imposibilidad de recuperar” los fondos, ya que la firma estaba en pleno concurso y en la antesala de su liquidación. El juez subraya cómo la concesión de este dinero desde la Junta produjo un menoscabo y fue fruto de “una irregular administración de fondos públicos”, según refleja el auto avanzado por ABC este lunes.

A pesar de que las defensas de los empresarios que recibieron los avales reglados de la Junta andaluza lograron hace dos años un gran triunfo al archivar las numerosas causas abiertas en el antiguo Juzgado de Instrucción 6 sevillano, hubo un ramillete de avales propios o excepcionales que siguieron vivos. Esta causa del grupo TPM es una de ellas, ya que su aval no estaba acogido a una Orden de la Junta, sino que se concedió en base a la propia ley de la Agencia Idea.

El magistrado Vilaplana decide en su resolución continuar la investigación mediante un procedimiento abreviado porque considera que atesora “serios indicios racionales de criminalidad” de malversación y prevaricación para abrir la fase intermedia en las pesquisas, previa al juicio oral. La agencia pública Idea ―dependiente de la Consejería de Innovación― concedió un aval al Grupo TPM “sin concurrencia” y basándose en un programa de ayudas con dificultades coyunturales en 2009. En paralelo, la firma, dedicada a la fabricación de plástico para la agricultura, también recibió una ayuda del fondo de los ERE de la Consejería de Empleo por 1,5 millones en 2008 para el pago de nóminas.

El juez considera que los 18 responsables y personas vinculadas a la agencia Idea utilizaron “de manera ilícita” la figura de los avales, “propios y excepcionales” sin tener en amparo en una orden de 2008 que debía legalizar la concesión a través de las bases reguladoras de un programa de ayudas a empresas con dificultades. El magistrado estima que la concesión del aval fue “absolutamente injustificada y arbitraria”: “El régimen de ayudas previsto en la Orden de 5 de noviembre de 2008 se empleó en algunos casos como un medio para allegar fondos de manera absolutamente arbitraria a ciertas empresas por la mera voluntad de quien resolvía otorgar la correspondiente ayuda”, censura el magistrado en su auto.

El juez censura que para conceder la ayuda de un millón al Grupo TPM mediaron “razones no de legalidad, sino de arbitrario voluntarismo, careciendo de razones técnicas que permitieran justificar la concesión desde una perspectiva jurídica y financiera”. Para Vilaplana, la Junta decidió a través de sus consejerías de Empleo e Innovación insuflar a esta empresa en crisis una “inyección continuada” de fondos públicos pese a una supuesta certeza de que era imposible recuperar tales fondos debido a la gravedad de su crisis económica.

La agencia Idea concedió a TPM un aval propio por 1,1 millones hace 17 años en garantía del préstamo formalizado por la empresa con el BBVA, pese a que antes había sido declarada en concurso voluntario de acreedores en 2005. Finalmente, la agencia Idea tuvo que afrontar la deuda pendiente con el BBVA por un millón en 2012. En su resolución, el instructor destaca que la empresa presentó un plan de viabilidad sin firma, sin sello o registro de entrada, y sin valoración sobre la insolvencia o falta de viabilidad. “No se habría llevado a cabo evaluación alguna sobre la solvencia de la empresa y su capacidad para proceder a la devolución del importe del aval, en el caso de que el mismo resultara ejecutado”, censura.

La agencia Idea propuso conceder, a través de su consejo rector, la ayuda a la compañía “sin valoración del riesgo derivado de la concesión del aval”, según el juez, pese que estaba en concurso de acreedores. Las tres empresas del grupo TPM fueron liquidadas en 2012 y terminaron su concurso voluntario en 2018 en el Juzgado de lo Mercantil 1 de Valencia.

La agencia Idea prescindió “total y absolutamente el procedimiento de concesión de ayudas y subvenciones públicas” así como de “los principios fundamentales de la gestión pública”, “completamente de espaldas a la normativa vigente”, según el magistrado. El juez abunda en su auto en que no existiera un análisis económico previo para evaluar si la empresa tenía capacidad económica para afrontar la amortización del préstamo en forma de aval.

Las defensas han intentado tumbar la instrucción por la prescripción de 15 años que tienen los delitos, pero el magistrado considera que la malversación de fondos públicos se produjo cuando en 2012 la agencia Idea pagó un millón al BBVA para hacerse cargo de la deuda, y no en 2009 cuando concedió el aval.