El Gobierno vasco vuelve a conceder la semilibertad a ‘Anboto’ tras rechazarla un juez hace cinco meses

El Gobierno vasco ha concedido de nuevo la semilibertad a la exjefa de ETA María Soledad Iparragirre, Anboto, que se encuentra en la prisión de Zubieta (San Sebastián), una decisión que ya tomó el pasado marzo, pero que un mes más tarde revocó el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional. El Departamento de Justicia y Derechos Humanos ha acordado aplicarle el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que permite a presos clasificados en segundo grado salir de prisión de lunes a viernes y volver a pernoctar a la prisión, teniendo en cuenta la propuesta “unánime” de la junta de tratamiento de la prisión donostiarra.

Fuentes de la consejería de Justicia que dirige la socialista María Jesús San José han informado a este diario que la concesión de la semilibertad a Anboto está fundamentada en “un plan de tratamiento para realizar voluntariado” que la exdirigente etarra se ha comprometido a llevar a cabo fuera de la cárcel, como exigía el juez de Vigilancia Penitenciaria en el auto del pasado mes de abril.

La semilibertad Anboto se hará efectiva “en los próximos días”. El Gobierno vasco ya le había aplicado el artículo 100.2 en una orden firmada en marzo de este año al considerar que la exjefa de ETA había mostrado en prisión una “evolución favorable tras periodos previos de inadaptación” y que las salidas diarias de prisión suponían una “planificación realista del proceso de reinserción social”, según recogía la resolución del Ejecutivo de Vitoria que adelantó EL PAÍS.

Anboto comenzó a salir de la cárcel de Martutene el 23 de marzo, pero un mes después el titular de la Plaza 1 de la Sección de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, rechazó la autorización y ordenó que la reclusa permaneciera en segundo grado ―el ordinario, en el que está el 75% de los reclusos en España―. En su auto, el juez citó la extrema gravedad de los delitos por los que fue condenada Anboto: 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia de armas y delitos contra la Corona que se han acumulado en una pena de 30 años de prisión.

El magistrado recordó que la reclusa había mostrado una positiva evaluación de su actitud al asumir sus delitos, abonar de forma fraccionada las responsabilidades civiles, además de haber repudiado la violencia y pedido perdón a las víctimas. Sin embargo, concluyó que no concurrían los requisitos necesarios para aprobar una flexibilización del régimen penitenciario de esa naturaleza.

Este mismo juez también revocó en abril la aplicación del 100.2 que el Gobierno vasco otorgó al exintegrante del comando Donosti Juan Ramón Carasatorre, a quien el Ejecutivo de Vitoria volvió a concederle ese régimen en julio pasado.

Soledad Iparragirre, vinculada con la banda armada ETA desde 1981 y dirigente de la misma organización terrorista, perteneció al comando Araba entre 1984 y 1987 y al comando Madrid entre 1992 y 1993, antes de huir a Francia. Fue la encargada, junto con Josu Urrutikoetxea, Josu Ternera, de leer en 2018 el comunicado del fin de ETA.

Tras conocerse esta nueva concesión a Anboto, la presidente de Covite (Colectivo de Víctimas del Terrorismo), Consuelo Ordóñez, ha escrito en la red social X que la reiteración de estos permisos a exetarras demuestra que no son decisiones excepcionales basadas en verdaderas necesidades de excepción, sino que responden a “una política sistemática de excarcelación progresiva de los presos de ETA siguiendo los dictados de lo que les ordena la izquierda abertzale”.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), por su parte, ha denunciado la resolución del Gobierno vasco y ha lamentado que “el contador baja a 32 presos en régimen ordinario sin salir de prisión” y que “ya son 123 terceros grados, 28 flexibilizaciones y 62 libertades condicionales” concedidas a exmilitantes de ETA. “Estas son las cifras de la impunidad”, ha criticado.