El Gobierno de Trump exige a los Estados reportar a los indocumentados con la amenaza de frenar fondos federales
La Administración de Donald Trump ha encontrado una nueva vía para presionar a los indocumentados: utilizar a todas las agencias estatales como una herramienta de control migratorio. Un nuevo dictamen del Departamento de Justicia (DOJ) sostiene que las dependencias de cada Estado, no solo las que brindan ayuda financiera a las familias pobres, están obligadas a reportar al Gobierno federal el estatus migratorio de quienes participan en sus programas. Las entidades que no cumplan con esta exigencia, advierte, podrían perder fondos federales destinados a iniciativas esenciales para sus operaciones.
La Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ sostiene, en su interpretación legal, que cuando los Estados aceptan fondos federales para ayudar a familias de bajos ingresos a través de programas como la Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), están obligados a informar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobre cualquier persona que no se encuentre legalmente en el país. La dependencia ahora agrega que esta exigencia también alcanza a otras agencias estatales que administran programas financiados con recursos federales.
Las arcas estatales reciben importantes fondos federales para apoyar a las familias de menores ingresos, personas con discapacidades y adultos mayores. La presión financiera que ahora ejerce la Administración de Trump es considerable: las subvenciones que distribuye entre los 50 Estados para el programa TANF superan los 16.400 millones de dólares anuales.
Hasta ahora, las agencias estatales interpretaban un dictamen emitido en 1998, durante la era del presidente Bill Clinton, el cual señala que solo las dependencias que supervisan los programas TANF o SSI debían colaborar con las autoridades migratorias. El DOJ señala que la nueva directriz entró en vigor el 1 de septiembre y que las sanciones derivadas de su aplicación no tendrán efectos retroactivos.
“El requisito de notificación (al DHS) facilita la capacidad del Gobierno federal para identificar a individuos que podrían no ser elegibles para beneficios financiados por el Gobierno federal y evita gastos indebidos”, se lee en un documento de 19 páginas de la Oficina de Asesoría Jurídica del DOJ. “Los fondos de los contribuyentes destinados a ayudar a los estadounidenses vulnerables no deben fomentar de manera perversa la entrada ilegal a Estados Unidos, sino más bien reforzar nuestras leyes y nuestras fronteras”, agrega.
Una amenaza conocida
Las amenazas de utilizar los fondos federales como mecanismo de presión contra los llamados Estados santuario no son nuevas para la Administración Trump. Hasta ahora, esa estrategia no ha producido todos los resultados que el presidente busca. El republicano tiene particularmente en la mira a California, uno de los lugares con mayor población indocumentada del país y gobernado por Gavin Newsom, una de las figuras demócratas que se ha perfilado para lanzarse a la Presidencia en 2028 a raíz de su confrontamiento abierto y constante con Trump y sus políticas.
Entre las batallas emprendidas en ese Estado figura una iniciativa que busca obligar a los agentes federales de inmigración a quitarse las máscaras durante las redadas. Y en la Legislatura estatal avanza una propuesta que pretende impedir que los agentes del ICE utilicen dispositivos de descarga eléctrica para someter a personas que se resistan durante un arresto.
Pero California no es el único frente de batalla. En los últimos meses, distintos gobiernos y legislaturas estatales han demandado a la Administración federal y aprobado leyes para intentar frenar varios de sus embates. En enero, los fiscales generales de cinco Estados gobernados por demócratas —California, Colorado, Minnesota, Illinois y Nueva York— interpusieron una demanda después de que se anunciara la congelación de fondos para varios programas de asistencia pública, bajo el argumento de que existían preocupaciones sobre posibles fraudes.
Otro encontronazo legal ocurrió en noviembre de 2025, cuando dos jueces federales bloquearon por separado los intentos del Gobierno federal de imponer nuevas condiciones a cientos de millones de dólares en fondos del DHS destinados a ciudades como San Francisco, Los Ángeles y Nueva York.
El juez William Orrick suspendió temporalmente las condiciones impuestas a más de 350 millones de dólares en subvenciones para más de dos docenas de ciudades y condados de California, Washington y Arizona, mientras que el juez Manish Shah hizo lo mismo con más de 100 millones destinados a Nueva York, Boston y otras ciudades. Ambos determinaron que el Gobierno de Trump habría violado la ley al intentar condicionar los fondos a que los gobiernos locales eliminaran programas de diversidad, equidad e inclusión y cumplieran otras órdenes ejecutivas. El juez Orrick también bloqueó condiciones que obligaban a los gobiernos locales a cooperar con las autoridades migratorias federales y a dejar de proporcionar beneficios a inmigrantes indocumentados.
Bajo el DHS opera el temido Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la agencia que encabeza la campaña de detenciones y deportaciones masivas emprendida por Trump. Solo en agosto, el ICE detuvo a alrededor de 50.000 personas, manteniendo el acelerado ritmo de arrestos de los últimos meses. Desde que Trump regresó a la Casa Blanca, en enero de 2025, más de 500.000 migrantes han sido puestos bajo custodia del ICE.
