El Gobierno de Trump busca retirar la ciudadanía estadounidense a 40 inmigrantes naturalizados

El Gobierno de Donald Trump ha puesto en marcha una nueva ofensiva para retirar la ciudadanía estadounidense a 40 personas naturalizadas. El Departamento de Justicia anunció este lunes que las acciones civiles fueron interpuestas entre el 21 de agosto y el 2 de octubre ante distintos tribunales federales del país y afectan a ciudadanos de más de una veintena de nacionalidades.

Los casos forman parte de la campaña de la Administración Trump para ampliar el uso de la desnacionalización contra ciudadanos que, según las autoridades, obtuvieron la ciudadanía de manera fraudulenta. Entre las conductas señaladas por el Gobierno aparecen espionaje, homicidio, delitos sexuales, fraude fiscal y migratorio, matrimonios engañosos y el uso de identidades falsas. Las acusaciones forman parte de procesos civiles que todavía deben resolverse ante los tribunales y no significan que las 40 personas hayan perdido ya la ciudadanía.

“Este anuncio marca el mayor esfuerzo de desnacionalización de la historia moderna. Desde una persona condenada por espionaje hasta otras condenadas por delitos sexuales contra menores, estos demandados ocultaron información crucial al Gobierno de Estados Unidos y son responsables de graves delitos”, aseguró el fiscal general, Todd Blanche, en el comunicado.

La lista de demandados incluye a 11 personas de origen mexicano, dos cubanos, un colombiano, un peruano y una venezolana. Esta última tiene por nombre Johyce Martinez, y según la demanda presentada por el Departamento de Justicia, ingresó en Estados Unidos en 2006 utilizando un registro de nacimiento cubano falso. Las autoridades aseguran que obtuvo la residencia permanente amparándose en la Ley de Ajuste Cubano y mantuvo esa identidad hasta conseguir la ciudadanía en 2013. El Gobierno argumenta que nunca habría reunido legalmente los requisitos para obtener la residencia ni, posteriormente, naturalizarse.

También aparece en el listado Norma Patricia Esparza, una mexicana de 52 años a quien el Gobierno acusa de haber ocultado durante su naturalización su participación en hechos por los que posteriormente fue condenada por homicidio voluntario. Otros mexicanos incluidos en las demandas son señalados por delitos sexuales, matrimonios fraudulentos y el uso de identidades o documentos falsos.

La única colombiana incluida es Yusmary Shirley Durán Mejía, de 47 años y residente de Hialeah (Florida). Según las autoridades, ingresó a Estados Unidos en 2007 y obtuvo la ciudadanía en 2018, pese a que ya estaba involucrada en una trama de lavado de dinero. Un año después de naturalizarse, fue acusada de conspiración para blanquear capitales, durante el proceso penal, admitió que su participación en la actividad ilegal había comenzado antes de convertirse en ciudadana estadounidense. En 2020 fue condenada.

En el grupo también figuran dos personas de origen chino acusadas por el Gobierno de espionaje. El primero es Jinchao Wei, quien ingresó en la Marina estadounidense en 2021 y obtuvo la ciudadanía en mayo de 2022 mediante un procedimiento que facilita la naturalización de miembros de las Fuerzas Armadas. Según el Departamento de Justicia, Wei había comenzado meses antes a conspirar para entregar información militar a China. Fue encontrado culpable en agosto de 2025 y sentenciado a 200 meses de prisión.

El segundo es Ping Li, quien ya se declaró culpable en 2024 de actuar como agente del Gobierno chino sin notificarlo previamente a las autoridades estadounidenses. De acuerdo con Justicia, Li proporcionó durante años información al Ministerio de Seguridad chino sobre disidentes, activistas prodemocracia y organizaciones establecidas en Estados Unidos.

Otro de los casos más llamativos corresponde al británico Iain Lumsden, de 50 años, condenado a nueve años de prisión federal por transportar pornografía infantil. Lumsden admitió ante las autoridades que había comenzado a consumir ese tipo de material entre cinco y diez años antes de ser interrogado en 2020 y que había realizado búsquedas antes de naturalizarse. El Gobierno sostiene que ocultó esa conducta durante el proceso para obtener la ciudadanía, cuando declaró bajo juramento que no había cometido ningún delito por el que no hubiese sido detenido.

Las 40 demandas profundizan una estrategia que el Departamento de Justicia ha acelerado durante los últimos meses. En junio presentó acciones contra 17 ciudadanos naturalizados y en julio anunció otras 10. El 3 de agosto, aseguró que desde el regreso de Trump a la Casa Blanca había presentado 123 casos civiles de desnacionalización, una cifra que calificó como la mayor registrada hasta este momento.