El Gobierno confía en despejar las playas de Ceuta tras desbloquear la Audiencia Nacional el traslado al puerto

Durante unas horas del miércoles, el Gobierno entró en combustión. La decisión de la Audiencia Nacional paralizaba el traslado de 1.700 inmigrantes al puerto de Ceuta en el momento crítico. No se había anunciado públicamente, para evitar altercados, pero la idea era moverlos desde las playas de El Trampolín y Benítez hasta el puerto a primera hora de este jueves.

El Gobierno se indignó con la Audiencia Nacional pero sobre todo con el Sindicato Unificado de Policía (SUP), que había reclamado esta medida cautelar justo el día anterior del traslado que la policía conocía, porque se había preparado con ellos para que todo saliera bien. “Es imposible que sea casual, lo sabían e intentaron boicotearnos”, señala un miembro del Gobierno. En La Moncloa hubo una especie de gabinete de crisis, como casi siempre, pero no formal, sino como ronda de llamadas para ver opciones y tomar decisiones.

Con el propio presidente encima de todos los movimientos y tres ministros muy directamente implicados, Ángel Víctor Torres, Óscar Puente y Elma Saiz, se decidió salir a la ofensiva. El Gobierno transmitía oficialmente un mensaje de “perplejidad” y exigía una solución rápida con una idea: “Ceuta no puede esperar”.

Aun así, a esas horas de la noche, las 21.30, y después del shock inicial, el Ejecutivo ya empezaba a manejar la idea de que la Audiencia Nacional decidiera este mismo jueves y lo hiciera a su favor. Pero no tenía garantías, así que decidió presionar con toda la fuerza. Ahora en La Moncloa no son capaces de saber si los jueces reaccionaron a su presión o habrían tomado esta decisión de todos modos, pero creen que valió la pena asegurarse.

En la mañana del jueves, tanto Puente como Óscar López comparecieron en varios medios para mantener esa presión, pero con un tono comedido para el que suele ser habitual en ambos, conscientes de la que la decisión podía ser positiva y no era conveniente subir la temperatura más de lo necesario.

El ministerio de Puente había enviado en la noche del miércoles dos decenas de documentos extensos a la Audiencia Nacional para demostrar que todo estaba en regla y con las prevenciones de seguridad tomadas y todos los informes reglamentarios a favor de llevar a los inmigrantes al puerto. “Nos hablan de seguridad, pero ¿qué es más seguro, que estén en el puerto en una zona acondicionada con baños y duchas y rodeados de seguridad privada y policías o que estén en unas chabolas improvisadas en la playa y haciendo sus necesidades donde pueden?”, insistían esa mañana desde el Gobierno.

En ese momento el Ejecutivo trabajaba con la confianza en una resolución positiva, porque no tenían un plan b. Sin el puerto, toda su estrategia para devolver a Ceuta a una cierta normalidad, sacando a 1.700 inmigrantes de las playas y desmantelando sus campamentos, se iba al traste. “Nos piden que hagamos magia, no sé si la gente es consciente de de las dimensiones de Ceuta, hay muy pocas opciones”, sentenciaba Puente en TVE.

Hubo cierto nerviosismo cuando por la mañana los jueces aún no habían descargado la documentación enviada por Transportes y se movía en sectores judiciales la idea de que faltaban papeles. No era así. En cuanto se pusieron a estudiarlos, los jueces levantaron rápidamente el bloqueo y los trabajos, que ya estaban ultimándose el miércoles cuando se paralizaron, se reanudaron enseguida.

Con esta apertura de la ubicación del puerto, que el Gobierno ha buscado desde el principio porque era sencilla, rápida, grande y alejada de las casas de los ceutíes, los técnicos que llevan semanas trabajando sobre el terreno confían en dar un salto muy importante para intentar despejar las playas y cambiar la imagen de hacinamiento que han trasladado las televisiones en los últimos 45 días.

En realidad el Gobierno ya logró una vez despejar la playa de El Trampolín con otro traslado, pero se volvió a llenar enseguida con inmigrantes que bajaron del monte. Esta vez podría volver a pasar, porque aún quedan más de 1.700 personas en las calles y en el monte, pero cada vez son menos y ya se está trabajando en otra ubicación para los que queden, que ahora serán más fáciles de contar.

Además, según diversas fuentes del Gobierno, sigue el lento goteo de inmigrantes que se rinden y se vuelven voluntariamente a Marruecos, ya más de 5.500 desde el 10 de agosto, y en los últimos días con algún pico de 100 diarios. El Gobierno insiste en lanzar el mensaje de que prácticamente ningún marroquí podrá acceder al asilo y por tanto su destino es ser devueltos, con la esperanza de que entiendan que es mejor volver voluntariamente. Pero la gran mayoría siguen quedándose a la espera de acontecimientos.

La crisis no está resuelta, ni mucho menos, pero el hito del puerto es fundamental para completar el plan del Gobierno de tener más de 6.000 personas albergadas y así acelerar el proceso de devolución de la enorme mayoría. Con la otra ubicación que se está trabajando entre varias opciones podría ya rematarse la operación, aunque el Ejecutivo sigue sin saber realmente cuántos son.

Las últimas cifras que ha dado, entre albergados, retornados voluntariamente y personas aún por las calles, supera las 12.000 personas que se quedaron después del salto de julio, el número que inicialmente calculó la ciudad de Ceuta y que el Gobierno negaba.

El número de comidas que se reparten en las calles ya no vale para hacer una estimación porque sigue siendo casi siempre el mismo a pesar de que hay 4.300 personas acogidas que comen en sus instalaciones, lo que hace pensar que algunos inmigrantes que ya estaban en Ceuta antes del 30 de julio están acudiendo a comer y eso altera todo el cálculo.

La crisis ha hecho aflorar a muchas personas que malvivían en la ciudad y ahora han entrado en el bloque de los acogidos. Y no es fácil contar a las personas que duermen escondidas en el monte. El Gobierno tiene previsto llegar si fuera necesario hasta a 10.000 plazas de acogida, pero todo con la idea de devolver a la enorme mayoría.

Mientras, el Gobierno también presiona a Ceuta para que acepte el envío de menores a la Península, sobre todo las 500 niñas más vulnerables, algunas de solo 10 años, pero ahí está abierta una guerra clara con la dirección del PP, radicalmente en contra de sacar un solo menor al resto de España.

El Ejecutivo aún está sentado sobre el enorme barril de pólvora en el que se ha convertido la crisis de Ceuta, pero después de la primera buena noticia judicial en mucho tiempo, la euforia era muy clara en La Moncloa y una nota oficial celebró “la rapidez” de la Audiencia Nacional.

El Gobierno sostiene que ahora viene el trabajo más difícil y más discreto: lograr la velocidad de crucero en la tramitación de expedientes de menores y de adultos para empezar a devolver a inmigrantes a una velocidad constante y poder ver algo de luz en una crisis que ha destruido la imagen de un Gobierno que se había acostumbrado a todo tipo de situaciones extremas y lograba salir airoso de todas ellas, pero esta vez no midió bien la dimensión del problema y tardó mucho más de lo razonable en empezar a enfocarlo. Ahora cree que empieza a tenerlo controlado, pero puede haber aún muchas sorpresas.