El Gobierno aparta e investiga a un funcionario de la fiscalía en Guanajuato por la sospecha de inflar el mayor decomiso de huachicol

La Fiscalía General de la República (FGR) ha destituido a su delegado en Guanajuato, Juan Francisco Vera Ayala, en la mira por un polémico decomiso de combustible, supuestamente ilegal, que se anunció como “el mayor golpe” al contrabando de hidrocarburos de la historia de México bajo una larga sombra de cuestionamientos. El secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ha confirmado este viernes en rueda de prensa que Vera Ayala, además, está siendo investigado por las anomalías encontradas durante el operativo. “Fue dos semanas antes y se informa dos semanas después sin haber verificado todo”, ha detallado.

La presidenta, Claudia Sheinbaum, ha asegurado que el delegado de la FGR fue quien llevó a cabo de forma independiente el procedimiento de investigación y el operativo anunciado la semana pasada, justo un día antes de que ella misma visitara Guanajuato. La iniciativa estuvo apoyada en información de la policía estatal y fue la delegación de la FGR quien ejecutó la maniobra para el aseguramiento. Las autoridades locales celebraron el decomiso de 59 millones de litros de combustible —un hito sin precedentes—, en unas instalaciones en la comunidad de La Fragua, en el municipio de San José Iturbide, en una enorme planta de distribución operada por Grupo Simsa, donde se aseguraron sus diez tanques de almacenamiento. Cuando llegó la presidenta acompañada de Harfuch a la ciudad, el Gobierno prometió que habría detenciones mientras la FGR explicaba que lo que delató el centro de almacenaje fue un camión cisterna que no pudo acreditar la procedencia de 33.000 litros en otro municipio de la entidad. “Nosotros escuchamos lo que ocurre en el gabinete y por eso suponemos que todo está dentro de la ley, que todo es regular”, ha puntualizado Sheinbaum esta mañana.

Vega Ayala apenas llevaba en el cargo desde el pasado enero. La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García, le dio la bienvenido a su llegada. “Segura estoy de que seguiremos construyendo en equipo por nuestro Estado, porque la seguridad y la procuración de justicia no admiten esfuerzos aislados. ¡A seguir dando resultados!“, escribió en sus redes sociales. Licenciado en Derecho, el ahora delegado destituido había trabajado antes en la extinta Procuraduría General de la República. También fue titular de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto en Puebla y como director general de la Fiscalía para el Combate al Secuestro y Extorsión en Tabasco.

Fue durante ese periodo en el sur que Vega Ayala fue señalado como uno de los funcionarios involucrados en el mediático caso de un supuesto falso secuestro. La historia la recogió el documental de Netflix Duda razonable, que cuenta cómo en 2015 Héctor Muñoz fue detenido junto a otras dos personas y acusado de haber intentado secuestrar a un hombre con el que tuvo un altercado de tráfico. Fueron presentados como una banda de secuestradores, encarelados y torturados, pero la Suprema Corte de Justicia dictaminó en 2022 que los policías del caso no pidieron las grabaciones del lugar de los hechos, no entrevistaron a ningún testigo, se contradecían entre sus versiones, no identificaron ningún indicio, no encontraron ninguna comunicación entre los tres hombres, no aseguraron armas ni respetaron la cadena de custodia de los objetos y vehículos involucrados. La única testigo de los hechos defendía la inocencia de los acusados. El autor del documental, Roberto Hernández, celebró la liberación de los tres hombres, pero siempre señaló que quedaban funcionarios en su cargo que habían participado en la encarcelación injusta de inocentes. Entre ellos estaba Vera Ayala, entonces vicefiscal en el caso.

Un día después del gran anuncio con bombos del decomiso histórico de las autoridades de Guanajuato, el Grupo Simsa emitió un comunicado señalando que la planta, operada por Gas Natural del Noroeste, cuenta con todos los permisos y licencias, los cuales son de consulta pública. “La operación de la terminal de almacenamiento es completamente lícita y verificable, y está regulada y supervisada por las autoridades federales, estatales y municipales”, sentenciaron. La propia empresa indicó entonces que había puesto a plena disposición de los investigadores toda la documentación para acreditar la procedencia legal del combustible. “Gas Natural del Noroeste refrenda su confianza en las instituciones del país y espera que la revisión de esa documentación corrobore que la operación de la terminal de almacenamiento y el producto de sus clientes se encuentran completamente en regla”, remataron en el documento.

Fue después de la publicación de este comunicado que la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, tomó la decisión de atraer el caso para esclarecer lo ocurrido con el operativo de Vega Ayala. Mientras dure la investigación, el delegado ha sido apartado de sus funciones. La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada, encargada de investigar los delitos de hidrocarburos, está actualmente revisando la documentación de Grupo Simsa para determinar si efectivamente se trata de un delito de huachicol. Por el momento, según ha detallado Harfuch, se han encontrado “ciertas anomalías”, empezando por la fecha real del operativo, el periodo de tiempo que pasó hasta que se anunció y la veracidad de los informes que declararon todo el combustible encontrado como ilícito.