El ‘fracking’ entra en zona de incertidumbre tras las restricciones de los expertos
El comité de especialistas que debía resolver la pregunta que la presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa sobre si México debe volver al fracking no ha entregado una respuesta definitiva. El informe presentado este jueves en Palacio Nacional ni rechazó la explotación de gas no convencional ni tampoco la avaló. Lo convirtió en una apuesta suspendida entre la incertidumbre geológica, la rentabilidad económica y un calendario que amenaza con alargarse sin posibilidades de que este Gobierno vea los resultados.
La primera perforación que emprenda la Administración de Sheinbaum no buscará gas, buscará agua. Después deberá demostrar que el gas existe en volúmenes comercialmente explotables. Más tarde comprobar que extraerlo es rentable. Luego habrá que convencer al capital privado de invertir miles de millones de dólares. Y, finalmente, deberá enfrentar la consulta pública y la resistencia social en los territorios donde potencialmente se desarrolle.
Basta con que una de esas piezas falle para que el regreso del fracking, que adelantó EL PAÍS desde febrero, quede archivado. El comité convocado para explorar cómo hacer viable la fracturación hidráulica terminó construyendo un compendio de razones que explican por qué quizá eso nunca ocurra. La presidenta anunció que los primeros trabajos consistirán en perforar pozos para determinar si existe agua salobre suficiente en el subsuelo. Sin esa condición, el propio Gobierno acepta que la posibilidad del fracking queda descartada.
Esa exploración tomará tiempo. Mucho más de lo que sugieren los tiempos políticos. “Un pozo no se hace en dos días”, refiere Luca Ferrari, investigador del Centro de Geociencias de la UNAM e integrante del comité presidencial. Su cálculo es que esa primera fase llevará, por lo menos, el resto del año y posiblemente se prolongue hasta 2027. Solo entonces se sabrá si existe el primer requisito indispensable para seguir hablando de fractura hidráulica.
Ese calendario retrasa las proyecciones del Gobierno, aunque no las cancela, refieren fuentes cercanas al proyecto. Hasta hace unas semanas, el debate giraba alrededor de una decisión política. Hoy depende de un puñado de recomendaciones que deberán resolverse, al menos a eso se ha comprometido la presidenta, antes de virar al fracking. Incluso si aparece agua salobre en las cuencas de Burgos y Sabina-Burros-Picachos, ubicadas entre Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, todavía quedará pendiente la segunda incógnita: cuánto gas puede extraerse y cuál será el costo.
Ferrari sostiene que esa diferencia resulta determinante. “Los recursos prospectivos son cantidades que podrían existir”, explica. La perforación permitirá saber cuánto gas puede recuperarse realmente y cuánto costaría hacerlo. Solo con esa información podrán construirse escenarios económicos certeros. Es ahí donde el investigador ubica el principal desafío del proyecto.
Durante meses el debate público se concentró en el impacto ambiental del fracking. El geólogo sostiene que el cuello de botella puede terminar siendo otro: la rentabilidad. “Yo vaticino que no es rentable”, lanza, aunque aclara que esa conclusión deberá contrastarse con la información que arrojen las futuras exploraciones. En su opinión, el desarrollo del gas no convencional exigiría inversiones de miles de millones de dólares y un programa de perforación mucho más amplio para producir un volumen que realmente modifique la dependencia del país respecto al gas importado.
La pregunta ya no sería únicamente cuánto gas existe. También cuánto cuesta producirlo. ¿Y quién estaría dispuesto a financiar esa apuesta? El Gobierno ha reconocido que la participación privada será un componente indispensable si el proyecto prospera.
EL PAÍS adelantó recientemente que el Gobierno comenzó a explorar mecanismos para atraer inversión mediante un fideicomiso, mientras Pemex enfrenta limitaciones financieras que dificultan asumir por sí solo un desarrollo de esa magnitud. Ferrari considera que esa discusión tampoco puede separarse del análisis técnico. Si la explotación requiere subsidios permanentes o incentivos extraordinarios para atraer capital, dice, la rentabilidad deberá evaluarse junto con el costo que asumiría el Estado.
El informe también alteró el calendario del proyecto. Ya no comienza con plataformas de perforación, comienza con estudios hidrogeológicos. Si las investigaciones sobre el agua ocupan el resto del año y después vienen los estudios geológicos, las evaluaciones económicas, el diseño financiero y las consultas públicas, el calendario se extenderá más allá de la fase exploratoria. Ferrari considera que, con los tiempos previstos, un eventual desarrollo importante del proyecto correspondería a otra administración. “Si uno ve la previsión, se ve que empezaría a despegar en el próximo sexenio”, señala.
Sheinbaum ha matizado su defensa del fracking, aunque evita a toda costa mencionar esa palabra y opta por el término gas no convencional. Aunque mantiene el argumento de la soberanía energética —la necesidad de reducir la dependencia del gas importado desde Estados Unidos—, subordinó cualquier decisión al cumplimiento de las recomendaciones científicas. Dijo que si no existe agua salobre suficiente “se cierra la posibilidad” de explotar gas no convencional y anunció que cualquier proyecto deberá someterse a consulta pública en las comunidades.
El informe abre el debate público
La presentación del informe ha motivado la reacción de organizaciones ambientales, de la sociedad civil y de instituciones académicas, lo que anticipa un incipiente debate que irá cuesta arriba en los próximos meses. La Alianza Mexicana contra el Fracking cuestionó que el mandato del grupo partiera de analizar cómo hacer viable la explotación y no de discutir si el país debía descartarla definitivamente. También criticó que comunidades potencialmente afectadas, especialistas en salud pública y expertos en derechos humanos no participaran en los trabajos.
En un pronunciamiento difundido tras la presentación del informe, las organizaciones representadas por la alianza han apostado por que la prohibición del fracking en la cuenca Tampico-Misantla, ubicada entre Veracruz y el sur de Tamaulipas, se replique en los yacimientos Burgos y Sabina-Burros-Picachos. Refieren que las tecnologías mencionadas para reducir el consumo de agua y minimizar los impactos ambientales continúan siendo experimentales. Han recordado que el noreste del país, donde se encuentran las cuencas , enfrenta condiciones de estrés hídrico que deberían formar parte de cualquier evaluación. Además de que un eventual desarrollo masivo implicaría elevados costos económicos, ambientales y sociales.
La Universidad Iberoamericana no se ha quedado atrás. A partir de investigaciones sobre extractivismo, refiere en una publicación que la discusión no puede limitarse a la disponibilidad de agua o a la tecnología de perforación, sino incorporar los efectos sociales, ambientales y territoriales que este tipo de proyectos han documentado en distintas regiones del país.
En el mismo sentido, organizaciones como Sociedad Civil México colocaron un puñado de preguntas en el debate, como quién garantizará la protección de los acuíferos, cómo se evaluará el consumo de agua, cuál será el papel de las comunidades en la consulta y si la búsqueda de soberanía energética justifica modificar una posición que durante años fue presentada como una bandera del partido gobernante, Morena.
Sheinbaum negó que una de sus promesas de campaña, cuando buscó la presidencia, haya sido prohibir el fracking. La declaración contrasta con el compromiso que formuló el 1 de marzo de 2024, cuando incluyó entre sus 100 propuestas de Gobierno la frase: “No se va a permitir la exploración de hidrocarburos a través del fracking”, dijo. La diferencia alimenta ahora las críticas de la oposición y de organizaciones ambientalistas, que consideran que la mandataria ha traicionado a sus votantes.
Ninguna de las preguntas que han planteado las organizaciones quedó resuelta este jueves. El comité entregó un diagnóstico y una metodología, no una autorización, refieren los expertos. El avance del proyecto, al menos en el discurso, quedó sujeto a una cadena de recomendaciones científicas, evaluaciones económicas, definiciones financieras y procesos de consulta que irán delimitando, paso a paso, el margen de maniobra del Gobierno.
