El férreo control de las comunicaciones del Gobierno De la Espriella salpica a la entidad estadística de Colombia

Sea en Barranquilla o en Bogotá, el escenario es parecido desde que Abelardo de la Espriella comenzó una serie de alocuciones semanales en redes sociales, antes incluso de posesionarse como presidente de Colombia: un despacho con una infaltable bandera amarilla, azul y roja. En algunas ocasiones le habla directamente a la cámara desde un escritorio, con una biblioteca en el fondo; en otras lo hace de pie mientras repasa algunos papeles. El presidente de Colombia ha escenificado su prometido regreso de la mano dura en seguridad con la firma de decretos, extradiciones e incluso de las resoluciones con las que promocionó esta semana el fin de los diálogos de “la mal llamada paz total”. Se le nota cómodo y desenvuelto al hacer esos anuncios, sin nadie que lo interpele. También se ha dirigido al país en numerosas ocasiones en medio de sus viajes, desde un atril en alguna de las regiones a las que ha propuesto volcar su Gobierno. Incluso cuando está convocada la prensa, las declaraciones del Ejecutivo, que esta semana superó su primer mes, no suelen permitir las preguntas de los periodistas.

De la Espriella busca mantener un control casi absoluto sobre las comunicaciones de Gobierno, como lo hizo en la campaña que lo llevó al poder. Desde antes de posesionarse, el 7 de agosto, ordenó a sus ministros no dar entrevistas, una instrucción que se ha cumplido con contadas excepciones. Una directiva de la Presidencia plantea que los funcionarios tienen que pedir permiso antes de hablar públicamente, sin ruedas de prensa, a menos que sea para un tema estratégico y previamente autorizado. Internamente, incluso se habló de privilegiar a “medios amigos”. Ese férreo control de los mensajes, que ya impide que los Ministerios respondan las más simples preguntas de los periodistas, alcanzó esta semana al Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el DANE, en un episodio aún más problemático.

El DANE, en cabeza de Ricardo Valencia, canceló el lunes, a último minuto, la usual rueda de prensa mensual sobre los resultados de la inflación. Aunque publicó el dato a tiempo, y lo acompañó de un video explicativo, no hubo ninguna presentación. La cancelación sobre la hora ocurrió por instrucciones directas de la Presidencia, pues iba en contra de la famosa directiva, de acuerdo con La Silla Vacía. Pero el DANE, a diferencia de otras entidades, tiene una “independencia técnica y profesional” frente al Ejecutivo, según la ley de estadística, que establece que es autónomo en su forma de entregar la información.

“Los productores de estadísticas oficiales decidirán, en forma independiente y libre de cualquier tipo de presiones o injerencias políticas o de otras instancias externas, sobre la elaboración, producción y difusión de estadísticas, incluidas la selección de las fuentes de datos, los conceptos, las definiciones, las clasificaciones y los métodos que se utilizarán, así como la calendarización y el contenido de todas las formas de difusión”, establece dicha ley, como han recordado observadores desde diversas orillas.

Varios exdirectores del DANE, en distintos gobiernos de derecha y de izquierda, fueron los primeros en señalarlo. “Durante las dos administraciones pasadas las ruedas de prensa siempre existieron, con la tecnología de la época”, recordó en sus redes sociales Piedad Urdinola, que viene de dirigir la entidad durante el periodo del izquierdista Gustavo Petro y es una de las poquísimas funcionarias que se mantuvo durante todo el cuatrienio. Advirtió que la actual Presidencia está tratando al DANE como si fuera un ministerio más, “y eso es grave en términos de independencia y en abandonar mucha de la cultura estadística”.

“Durante mi dirección, las ruedas de prensa fueron una decisión técnica para explicar las cifras y responder preguntas”, reaccionó por su parte Juan Daniel Oviedo, cabeza de la entidad estadística en el periodo del conservador Iván Duque (2018-2022). La ley no obliga a hacer esos encuentros, añadió, pero sí impide que la Presidencia decida las formas de divulgación. “El DANE tiene un régimen especial en el cual es el director o la directora de turno quienes definen la forma en que se difunden las estadísticas oficiales”, le dijo a Caracol Radio.

También César Caballero, que dirigió la entidad en el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), lamentó el episodio. “Una de las funciones del director del DANE es comunicar y explicar las estadísticas. El vacío que van a crear tendrá repercusiones negativas no sólo en la comunicación estratégica de la entidad sino también en la cultura estadística y la credibilidad de las cifras”, apuntó el ahora gerente de la firma Cifras y Conceptos. “Las estadísticas del DANE no son del presidente, ni del Gobierno, ni del Estado. Son de toda la sociedad colombiana. Tenemos derecho a que se difundan y expliquen con transparencia y rigor”, apuntilló.

Más allá de las particularidades de esa entidad, el revuelo es ilustrativo del exceso de celo en las declaraciones de los funcionarios. Los periodistas se han chocado con la imposibilidad de contrapreguntar, verificar, validar o ampliar la información, como cuestionaba públicamente este jueves Ana María Cuesta, de Cambio. En ese ambiente enrarecido, los recientes despidos de periodistas y caricaturistas críticos alimentan las suspicacias. El Gobierno se proponía inaugurar la figura de un par de voceros presidenciales, a semejanza de lo que ocurre con la Casa Blanca en Estados Unidos. Muy pronto se cayó la controversial designación de Carolina Gómez, por lo que Miller Soto quedó solo en ese cargo.

Ya posesionado, con hasta tres intervenciones diarias, Soto se ha limitado a grabar videos producidos bajo la etiqueta “el Gobierno le habla a la patria”. A diferencia de Estados Unidos, no ha convocado a periodistas ni ha contestado preguntas. Uno de esos videos, el miércoles, estuvo dedicado justamente a defender la directiva presidencial. “El propósito es sencillo; que la información oficial llegue a los colombianos de manera ordenada, clara, verificable y coherente. Porque la gente tiene derecho a saber, sin ambigüedades, cuál es la versión oficial”, asegura Soto en el video. “Los funcionarios podrán seguir concediendo entrevistas, haciendo declaraciones y participando en los medios, pero dentro de una comunicación institucional coordinada con la secretaria para las comunicaciones y prensa”, sostiene.

Las alarmas no han tardado en activarse. La Fundación para la Libertad de Prensa, la Flip, ha instado al Gobierno y al propio presidente De la Espriella a traducir su compromiso público con la libertad de prensa en garantías reales y verificables. “El Gobierno debe abstenerse de cualquier presión directa o indirecta que busque condicionar las decisiones editoriales o excluir del debate público a quienes cuestionan su gestión, prácticas que pueden constituir censura indirecta”, advertía esta semana en un comunicado. También insta al Gobierno a que “elimine el uso de filtros discrecionales en el acceso a la información pública”, y señala que la mencionada directiva presidencial “debe aplicarse con criterios objetivos, transparentes y no discriminatorios. La coordinación y unificación de vocerías no se puede convertir en un criterio de autorización”.